A orillas del río Paraguay, en pleno Chaco, el nombre de Puerto Casado resuena estos días más allá de las fronteras nacionales.
El pueblo, que alguna vez fue símbolo de la pujanza industrial maderera paraguaya, lleva más de dos décadas en el foco mediático por una historia tan real como insólita: la compra del territorio por una poderosa organización religiosa coreana y el pulso constante entre los nuevos dueños y sus habitantes históricos.
El caso ha vuelto a los titulares internacionales tras recientes reportajes que han retomado la lucha diaria de los vecinos por hacerse con el control legal y efectivo de las tierras donde han vivido durante generaciones.
La situación actual es el resultado de una trama en la que se mezclan intereses económicos, identidad cultural y la influencia global de una organización religiosa conocida como la secta Moon o Iglesia de la Unificación.
De enclave industrial a escenario de disputa internacional
La historia moderna de Puerto Casado se remonta a su época dorada bajo el dominio de la empresa Carlos Casado S.A., que explotó intensamente los recursos del quebracho colorado hasta finales del siglo XX. Con la caída del negocio maderero y tras varias crisis económicas, las tierras pasaron a manos del Estado paraguayo.
En 2000, un giro inesperado: el Estado vendió casi medio millón de hectáreas del antiguo enclave industrial a una filial local vinculada a la Iglesia de la Unificación —fundada por el reverendo surcoreano Sun Myung Moon—, bajo promesas de desarrollo social y económico. Para los habitantes, muchos descendientes de antiguos obreros, aquello supuso un shock. De pronto, su futuro quedó en manos de una organización extranjera cuyo ideario y métodos les resultaban ajenos.
El movimiento Moon: poder global y controversia local
La secta Moon, oficialmente denominada Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial, es conocida por su capacidad para adquirir grandes extensiones territoriales fuera de Corea del Sur y su estrategia para influir en sociedades locales a través de proyectos empresariales, sociales y religiosos.
En Japón y otros países asiáticos ha sido objeto de investigaciones gubernamentales e incluso prohibiciones debido a sus prácticas financieras controvertidas. En Paraguay, su desembarco en Puerto Casado activó recelos desde el primer momento: promesas incumplidas sobre inversión y empleo, restricciones al acceso libre a los recursos naturales e intentos percibidos como proselitismo religioso han alimentado durante años un clima tenso.
25 años después: demandas no resueltas y consecuencias sociales
Hoy, un cuarto de siglo después del desembarco coreano, Puerto Casado sigue viviendo en una especie de limbo legal y social. Los vecinos reclaman títulos definitivos sobre las tierras que consideran legítimamente suyas; la organización coreana mantiene un férreo control sobre grandes extensiones e insiste en su papel benefactor.
Las consecuencias cotidianas son palpables:
- Muchos habitantes carecen aún hoy de seguridad jurídica sobre sus viviendas o parcelas.
- La falta de inversión prometida ha derivado en desempleo estructural y migración forzada.
- Los intentos locales por organizarse han chocado repetidamente con trabas legales y presión judicial.
- La desconfianza hacia cualquier iniciativa vinculada al grupo Moon es generalizada.
En palabras recogidas recientemente por medios internacionales: “Aquí vivimos con miedo a perderlo todo. No queremos ser desplazados otra vez”, resume uno de los líderes comunitarios entrevistados esta semana.
¿Qué puede pasar ahora? Escenarios abiertos
El conflicto no muestra signos claros de solución inmediata. Las autoridades nacionales han prometido en ocasiones revisar los contratos originales e impulsar procesos legales para proteger los derechos históricos de los pobladores. Sin embargo, hasta hoy pocos avances tangibles se han materializado.
El caso tiene implicaciones que trascienden lo local:
- Pone sobre la mesa la vulnerabilidad jurídica histórica del campesinado paraguayo ante grandes intereses económicos extranjeros.
- Plantea preguntas incómodas sobre el papel del Estado como garante real del bienestar ciudadano frente a actores internacionales poderosos.
- Revela cómo organizaciones religiosas transnacionales pueden influir en dinámicas económicas y sociales más allá del discurso espiritual.
Mientras tanto, en Puerto Casado se mantiene viva una red comunitaria que sigue luchando por reconocimiento legal e identidad propia frente a la presión externa. La historia parece lejos aún del desenlace.
Perspectiva internacional: ¿un caso aislado?
Expertos consultados señalan que lo ocurrido en Puerto Casado no es único ni exclusivo de Paraguay. En América Latina existen precedentes similares donde grupos religiosos o corporativos extranjeros adquieren territorios vastos con impacto directo sobre comunidades locales. Sin embargo, lo particular aquí es la longevidad del conflicto y su capacidad para resistir olvidos institucionales.
Puerto Casado se ha convertido así en símbolo nacional —y ahora internacional— de resistencia ante fuerzas externas difíciles de comprender o controlar desde lo local. El desenlace seguirá marcando agenda política y social mientras no se resuelva definitivamente quién tiene derecho legítimo sobre esas tierras.
Hoy, 28 del mayo del 2025, el pulso continúa bajo un clima social tenso pero resiliente. Los vecinos siguen defendiendo lo que consideran suyo; la secta coreana mantiene su presencia; las autoridades navegan entre presiones contrapuestas. Y Puerto Casado espera aún justicia.
