Hoy, martes 3 de junio de 2025, México se encuentra procesando los resultados de un evento sin precedentes en su historia democrática: la primera elección popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.
La jornada electoral celebrada el pasado domingo 1 de junio ha generado reacciones encontradas, con la presidenta Claudia Sheinbaum calificándola como un «éxito total» a pesar de que la participación ciudadana apenas alcanzó el 13% del padrón electoral.
La mandataria mexicana defendió enfáticamente el proceso en su conferencia matutina, destacando que «votaron más de 13 millones de personas, más del doble que en la consulta para el juicio a expresidentes realizada en agosto de 2021».
Sheinbaum también comparó esta cifra con los votos obtenidos por los partidos de oposición en las elecciones de 2024: «El PAN obtuvo 9.6 millones, el PRI 5.7 millones y Movimiento Ciudadano 6.2 millones», subrayando que «apostaban a que no iba a salir nadie a votar, bueno votaron más de los que votan por ellos».
Un proceso histórico con baja participación
La jornada electoral del domingo representó un hito histórico para México, donde cerca de 100 millones de ciudadanos estaban convocados para elegir a 881 funcionarios judiciales, incluyendo 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia, 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistrados de Salas Regionales, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistrados de Circuito y 386 jueces de Distrito.
Sin embargo, la participación ciudadana quedó muy por debajo de las expectativas, con solo un 13% del electorado acudiendo a las urnas. Esta baja afluencia ha sido interpretada por la oposición como un fracaso del proceso, con Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, calificando la elección judicial como «una farsa».
El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó la instalación del 99.98% de las 83.974 casillas previstas, con solo 16 casillas que no pudieron instalarse y 50 que fueron suspendidas por diversos contratiempos. Según el organismo electoral, se registraron 1.770 incidentes durante la jornada, de los cuales el 28% consistió en irrupciones que impidieron el ejercicio del voto.
Conteo de votos y primeros resultados
El proceso de conteo comenzó la noche del domingo y se espera que se prolongue por al menos 10 días. Al corte de las 23:30 horas del domingo, los Cómputos Distritales Judiciales arrojaban el conteo del 4,64% de los votos para elegir a los ministros de la Suprema Corte.
Entre los candidatos que encabezan las preferencias para la Suprema Corte se encuentran Lenia Batres y Hugo Aguilar Ortiz, este último un abogado de origen mixteco. La fecha límite para conocer los resultados definitivos de quienes integrarán la Corte es precisamente hoy, martes 3 de junio.
Claudia Arlett Espino, Secretaria Ejecutiva del INE, destacó que «serán ciudadanas y ciudadanos quienes cuenten cada uno de los votos emitidos en las urnas, dando plena tranquilidad y certeza a este proceso electoral». Por su parte, la consejera Carla Humphrey aseguró que «los cómputos saldrán bien y a tiempo, que no quede duda».
Preocupaciones sobre la independencia judicial y el crimen organizado
Una de las principales críticas a esta reforma judicial es la posible vulnerabilidad del sistema ante la influencia del crimen organizado. La elección popular de jueces y magistrados abre interrogantes sobre la independencia de quienes administrarán justicia, especialmente en un país donde los cárteles del narcotráfico ejercen un poder considerable en diversas regiones.
La presidenta Sheinbaum defendió la reforma argumentando que el nuevo Poder Judicial «garantizará un verdadero Estado de Derecho», en contraste con el sistema actual que, según afirmó, «en ocho meses ha otorgado a 169 personas de la delincuencia organizada cambios de medidas, entre ellas, muchas liberaciones; 70 amparos a un miembro de la delincuencia organizada; decisiones que posponen el pago de impuestos».
Sin embargo, críticos y expertos en seguridad han expresado su preocupación por la posibilidad de que el crimen organizado pueda influir en la elección de jueces, especialmente en zonas donde mantienen control territorial. La baja participación podría amplificar este riesgo, al permitir que grupos bien organizados tengan un impacto desproporcionado en los resultados.
Implicaciones para el sistema judicial mexicano
Esta reforma representa un cambio radical en la configuración del Poder Judicial mexicano. Hasta ahora, los jueces y magistrados eran designados mediante procesos internos basados en méritos profesionales y exámenes de oposición, mientras que los ministros de la Suprema Corte eran propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado.
El nuevo modelo de elección popular, impulsado inicialmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por la administración de Sheinbaum, busca «democratizar» el acceso a la justicia. Sin embargo, críticos señalan que podría politizar la función judicial y comprometer la independencia de los juzgadores.
Otro aspecto controversial es el nepotismo en el sistema judicial actual, problema que la propia presidenta mencionó al señalar que «el 50 por ciento de los miembros del Poder Judicial son primos, hermanos, sobrinos, cuñados». La reforma pretende abordar esta situación, aunque queda por verse si el nuevo sistema logrará erradicarla efectivamente.
Un experimento democrático sin precedentes
México se convierte así en un caso único en el mundo, donde prácticamente todos los cargos judiciales federales son sometidos a votación popular. Este experimento democrático será observado con atención por otros países de la región y del mundo.
La presidenta Sheinbaum ha llegado a afirmar que con esta reforma «México es el país más democrático del mundo, aunque a ellos [la oposición] no les guste». Sin embargo, la baja participación ciudadana plantea dudas sobre la legitimidad y representatividad de los nuevos jueces y magistrados.
El proceso de conteo continúa y en los próximos días se conocerán los resultados definitivos. Mientras tanto, México avanza en un camino incierto hacia un nuevo modelo de justicia, cuyo éxito o fracaso solo podrá evaluarse con el tiempo, cuando los nuevos juzgadores asuman sus funciones en septiembre próximo y comiencen a tomar decisiones que afectarán el rumbo del país.
La reforma judicial mexicana representa un parteaguas en la historia institucional del país. Sus defensores la ven como un paso necesario para acercar la justicia al pueblo y acabar con los privilegios de una élite judicial. Sus detractores temen que debilite la independencia judicial y abra las puertas a influencias indebidas, incluyendo las del crimen organizado. Solo el tiempo dirá quién tiene razón en este debate que apenas comienza.
