Una semana después de la jornada electioral no se sabe aún si el empresario conservador Nasry Asfura, abanderado del Partido Nacional y favorito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o el presentador de televisión Salvador Nasralla, del Partido Liberal, será el próximo presidente de Honduras.
La elección que debía aclarar el curso político de Honduras terminó convirtiéndose en un espectáculo de dudas y demoras que cuestionan la legitimidad del proceso. A ocho días de la votación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha logrado cerrar el escrutinio ni brindar una lectura clara del resultado. Este retraso no es una rareza técnica; es una problematización de la confianza ciudadana en la institucionalidad.
El CNE se ha convertido, por momentos, en un actor que parece batirse más en una lucha de cifras que en un trabajo de claridad. Las declaraciones de Cossette López, una de los tres integrantes del organismo, describen la situación como una “batalla constante”. Sin embargo, en una democracia, la batalla debería derrotarse con transparencia, no con excusas. Cuando el escrutinio permanece estancado con el 88,2% de las papeletas contadas y diferencias mínimas entre los dos principales candidatos, la gente necesita respuestas, no ataques virales de responsabilidad.
El detalle técnico —fallos en la empresa ASD, ataques cibernéticos y modificaciones no autorizadas en el código fuente— podría leerse como una colección de giros dramáticos para una novela de espionaje. En la vida real, sin embargo, son indicadores de una falla sistémica: proteger la integridad del proceso electoral exige no solo competencia técnica, sino una cadena de control y supervisión que previene cualquier acceso irregular y que garantiza trazabilidad y auditoría confiable. Cada demora alimenta la sospecha de que la verdad podría estar escondida entre líneas de código y actas dudosas.
La ciudadanía también observa con frustración las inconsistencias entre actas y votos. Si de 16.858 actas, 2.407 presentan diferencias, y la cifra que algunos elevan a 5.000, es razonable preguntarse si el proceso está diseñado para garantizar la exactitud o para acomodar incertidumbres. Un recuento de voto por voto podría ser necesario para restablecer la fe pública, pero debe hacerse con reglas claras, transparencia total y supervisión independiente.
Las denuncias del propio entorno político —incluido el pedido del partido Libre de anulación total y la crítica de presuntas injerencias externas— no deben transformarse en herramientas para deslegitimar el escrutinio, pero sí deben catalizar una revisión rigurosa y autónoma de cada etapa del proceso. La idea de que “el árbitro está agotado” o que “el proceso fue grande para un contratista” es una señal de alarma: en una democracia, la capacidad técnica y la autoridad pública deben ir de la mano, no quedar en bandazos entre titulares sensacionalistas y notas oficiales.
La votación en el exterior añade otra capa de complejidad. Con miles de hondureños dispersos y centros de votación en el extranjero, cada voto podría cambiar el equilibrio final. Si estas firmas y estos centros permanecen sin contar con claridad, la percepción de parcialidad o de proceso incompleto crece, y con ello la erosión de la confianza cívica.
En resumen, la pregunta central no es solo “quién ganó” sino “cómo se garantiza que ese ganador ha sido elegido de forma transparente, verificable y legítima”. La respuesta no puede tardar más: debe haber un compromiso real con la rendición de cuentas, auditorías abiertas y un cronograma público para el cierre de este capítulo.
La democracia hondureña no puede regalarle a su pueblo una presunción de incertidumbre que ya parece interminable. Si el objetivo es la reconciliación y la estabilidad, el escrutinio debe terminar, y debe hacerlo con la contundencia de una verdad que no requiera justificativos. Pero, hasta ahora, la pregunta persiste y la confianza, por desgracia, se resiente. ¿Quién ganó? ¿Quién gobernará? Y, sobre todo, ¿cuándo se conocerá, sin ambages, el veredicto final?
