El PSOE en particular, la izquierda española casi en general y el ‘Régimen Sanchista’ como bloque han reaccionado de forma abiertamente histérica ante el caso Salazar.
La prioridad absoluta ha sido censurar y controlar el mensaje por todos los medios posibles, con un éxito prácticamente nulo.
La estrategia ha incluido desde llamadas directas de la Ejecutiva Federal a las denunciantes para que no hablen con la prensa hasta la misteriosa “desaparición” temporal de expedientes en el canal ético interno, pasando por mensajes internos de “paciencia y discreción” y retrasos deliberados en la investigación.
El resultado: la información ha terminado publicándose hasta medios amarrados al pesebre moscovita y afiliados a la Brunete Pedrete periodística, como como elDiario.es, EL PAÍS, La Sexta y El Mundo, demostrando que en 2025 el intento de domesticar la narrativa desde la sede puticlub de la calle Ferraz es tan inútil como contraproducente.
La prioridad estratégica del sanchismo no ha sido reparar el daño causado a las víctimas ni esclarecer los hechos con rapidez y transparencia, sino censurar, contener y domesticar la narrativa a cualquier precio, aunque el precio sea precisamente la propia credibilidad del partido que durante años se ha presentado como el gran referente del feminismo institucional en España.
Esa operación de contención ha sido tan intensa como torpe.
“Salazar era el asesor de Sánchez en Moncloa donde presuntamente acosaba a subordinadas. Mientras, MJ Montero callaba y la Ministra Alegría se iba de comida y vinos con él. Es la hipocresía de la izquierda y sus lecciones de feminismo a los demás” Hoy en @EspejoPublico pic.twitter.com/f6xGPD9TCf
— Isabel Rábago🇪🇸 (@RABAGOISABEL) December 5, 2025
Miembros de la Ejecutiva Federal han contactado directamente con las denunciantes —no para ofrecerles apoyo psicológico o agilizar la investigación, sino para pedirles explícitamente que no hablen con la prensa, que no den su versión pública, que no se expongan.
Se les ha transmitido, según fuentes de las propias afectadas, un mensaje que oscila entre la súplica y la advertencia: “esto puede hacer mucho daño al partido”, “es mejor esperar a que se resuelva internamente”, “no es el momento”.
Paralelamente, en los canales internos de WhatsApp y en las reuniones de urgencia se ha repetido como un mantra la consigna de “paciencia y discreción absoluta”.
El resultado más grotesco de esa obsesión por el silencio fue la desaparición temporal de dos denuncias presentadas en el canal ético del partido —un “error informático”, según la versión oficial de Ferraz, que tardó días en reconocerlo y que obligó a reabrir los expedientes solo cuando la presión mediática resultó insoportable—.
Cinco meses después de las primeras denuncias, las víctimas seguían sin recibir ni una sola respuesta formal, sin apoyo psicológico efectivo y sin la más mínima garantía de que su caso se estaba tratando con la diligencia que el propio protocolo del PSOE promete en su página web.
Mientras tanto, el protocolo antiacoso —ese documento que el partido exhibe con orgullo en cada 8-M y en cada campaña electoral— se ha revelado como un mecanismo de papel mojado cuando el acusado pertenece al núcleo duro del poder sanchista.
Paco Salazar no era un militante de base ni un cargo menor: era el director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, una de las personas de mayor confianza de Pedro Sánchez, alguien con despacho a pocos metros del presidente.
Y cuando las primeras sombras de las acusaciones empezaron a perfilarse, la respuesta no fue apartarlo de inmediato, sino intentar recolocarlo como agregado comercial en una embajada. El intento de blindaje quedó frustrado, pero la mera existencia de esa propuesta revela hasta qué punto la lealtad personal y la estabilidad del relato pesan más, en ciertos despachos, que la protección de las trabajadoras.
Las acusaciones, por otro lado, no son vagas ni difusas. Las denunciantes describen episodios concretos y reiterados: Salazar saliendo del baño con la cremallera bajada delante de subordinadas, escenificando felaciones en pleno despacho, enviando mensajes a altas horas de la madrugada sobre depilación íntima o invitando a “cenar y dormir” en su casa, realizando comentarios cosificadores sobre culos y escotes en reuniones de trabajo.
Conductas que, de producirse en cualquier empresa privada, habrían supuesto despido inmediato y denuncia penal.
En el PSOE, sin embargo, han sido gestionadas con una lentitud deliberada que solo puede interpretarse como una forma de desgaste: cuanto más pase el tiempo, más probabilidades de que las víctimas se cansen, de que el escándalo se diluya o de que la opinión pública pase página.
Ese cálculo ha fracasado estrepitosamente. Hartas de la opacidad y del silencio, varias denunciantes han roto la disciplina interna y han acudido directamente a la Fiscalía, saltándose los mecanismos del partido en los que ya no confían.
La vía judicial, sin embargo, sigue bloqueada mientras no exista denuncia pública explícita de las víctimas —un requisito que el propio sistema español impone y que, en este caso, juega a favor del acusado—.
En paralelo, la UCO investiga si Salazar cobró durante meses 2.000 euros del Ayuntamiento de Dos Hermanas sin prestar servicio efectivo, lo que añade una segunda capa de escándalo administrativo al ya insoportable capítulo de los abusos sexuales.
Desde Moncloa y desde Ferraz se tiene claridad absoluta sobre la gravedad del daño: fuentes internas reconocen que este caso es “más letal que cualquier escándalo de corrupción”, porque golpea directamente en la credibilidad del PSOE como partido feminista y en el voto femenino, ese segmento demográfico que ha sido clave en las últimas victorias electorales socialistas.
El problema ya no es solo que el partido no haya estado a la altura de sus propios principios; es que ha actuado de forma activa para proteger al agresor y silenciar a las víctimas mientras mantenía en público el discurso de la “tolerancia cero”.
El intento de censura ha resultado, además, radicalmente ineficaz.
En un ecosistema informativo donde las filtraciones son inevitables y las redes sociales amplifican cualquier grieta, la estrategia de contención ha conseguido exactamente lo contrario de lo que pretendía: ha convertido un caso grave en una crisis estructural que cuestiona la legitimidad moral del proyecto sanchista en su conjunto.
Cada día que pasa sin una respuesta contundente, sin una depuración real de responsabilidades políticas y sin una reforma creíble del protocolo antiacoso, el daño se hace más profundo e irreversible.
El caso Salazar no es solo un escándalo más en la larga lista de crisis del PSOE. Es el momento en que la marca “feminismo institucional” que el sanchismo ha vendido como seña de identidad se resquebraja de forma definitiva ante la opinión pública.
Y lo hace, paradójicamente, por la misma razón que el partido siempre denunció en los demás: por anteponer el relato y el poder a la dignidad de las mujeres que dicen haber sido acosadas en sus propias filas.
En 2025, intentar censurar el mensaje no solo es inmoral; es, sobre todo, imposible.
Y ese es, quizá, el único consuelo en medio de tanto bochorno.
