Ningún gobierno ha puesto en España tanto empeño en controlar la prensa y censurar a los periodistas no adictos al régimen como el de Pedro Sánchez.
A pesar de esa furia legislativa, pocos gobiernos han difundido tantos bulos como los que –dicen– quieren combatir.
Nos referimos a desinformación de Estado: mentiras públicas, falsedades clamorosas que superan con creces los meros «cambios de criterio» acerca de Bildu, el separatismo o la izquierda más radical.
El Gobierno Frankenstein, sostenido por los proetarras de Bildu, los meapilas del PNV y los golpistas de Junts y ERC, ha creado una compleja estructura de desinformación y control mediático ,que opera bajo distintos nombres en el ámbito periodístico: la «Brunete Pedrete», la «máquina del fango» y una red organizada de bulos que tiene como objetivo desacreditar a medios críticos e independientes.
Un informe detallado elaborado por el periodista Jorge Sanz Casillas en El Debate revela que esta arquitectura manipuladora se sustenta en tres canales principales: operativos dentro del PSOE que generan narrativas engañosas, agentes en estructuras paralelas que amplifican mensajes descalificadores, y cuentas automatizadas en redes sociales que extienden la desinformación.
Muy interesante lo que ns cuenta @agripilar …https://t.co/tOTnzcTmUQ
— Carlos Casas (@ccasasmartinez) January 17, 2026
Este entramado no es fruto del azar.
Responde a un plan consciente para minar la credibilidad de los medios que investigan casos de corrupción, tráfico de influencias y malas prácticas gubernamentales.
El mecanismo es sencillo pero devastador: cuando un medio publica información incómoda para el Gobierno socialcomunista, se activa una avalancha de bulos destinados a deslegitimar tanto la noticia como al propio medio.
Es una estrategia ofensiva que busca desplazar el foco desde los hechos denunciados hacia la supuesta parcialidad o mala fe del periodista.
Pablo Iglesias propone meter en la cárcel a dos periodistas, sin tener que pasar por un juicio, simplemente por voluntad del ministro del Interior del régimen. Estas son las lecciones de democracia que quiere darnos.
No podemos olvidar que este aprendiz de dictador bananero fue… pic.twitter.com/YIp0eQmlxZ
— Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) January 17, 2026
La censura legislativa disfrazada de transparencia
A esta serie de operaciones desinformativas se suma un proyecto de ley impulsado por el Gobierno, que, bajo el pretexto de regular los medios y servicios digitales, constituye un ataque directo a la libertad de prensa. El Consejo de Estado, organismo consultivo más importante del Gobierno, ha emitido un dictamen contundente contra esta normativa, advirtiendo que incluye elementos que podrían restringir gravemente el ejercicio periodístico y evocan prácticas propias de regímenes dictatoriales.
La propuesta gubernamental plantea la creación de un registro obligatorio donde todos los medios tendrían que inscribirse y proporcionar información confidencial sobre su estructura de propiedad, fondos públicos recibidos por publicidad estatal e ingresos derivados de publicidad proveniente de autoridades extranjeras.
El Consejo de Estado ha señalado que esta obligación registral funcionaría en la práctica como «un instrumento policial administrativo» más que como una herramienta para fomentar la transparencia. La crítica más contundente radica en que reintroducir una obligación registral para ejercer el periodismo representaría un retroceso significativo respecto a las libertades informativas, especialmente si recordamos que registros similares fueron eliminados en 1984 con el advenimiento pleno de la democracia, cuando se derogaron mecanismos propios del régimen franquista.
El dictamen enfatiza claramente que «en el ordenamiento español no existe actualmente ninguna obligación de registro para ejercer la actividad periodística» y sostiene que imponer una nueva obligación podría interpretarse como una restricción al libre ejercicio del periodismo, contraviniendo así las normativas europeas que subrayan que nada debe ser visto como interferencia en la libertad informativa o editorial.
La publicidad institucional como instrumento de chantaje
Uno de los métodos más sutiles utilizados por el Gobierno Sánchez es convertir la publicidad institucional en un instrumento coercitivo sobre cadenas televisivas y periódicos. Este sistema opera con una lógica simple pero devastadora: los medios con líneas editoriales críticas hacia el Ejecutivo ven reducida drásticamente su inversión publicitaria estatal, mientras aquellos con posturas más favorables reciben importantes inyecciones financieras provenientes del Estado para campañas institucionales.
La publicidad estatal representa una fuente significativa de ingresos para muchas cabeceras, especialmente en un contexto donde el sector mediático atraviesa serias dificultades económicas. Cuando un Gobierno utiliza esta herramienta selectivamente, convierte la publicidad institucional en un mecanismo político coercitivo.
Los medios se encuentran ante un dilema: mantener su independencia editorial y asumir las consecuencias económicas o autocensurarse para acceder a esos fondos públicos. Esta práctica constituye una forma indirecta pero altamente efectiva de censura; no prohíbe explícitamente contenidos críticos, sino que castiga económicamente a quienes se atreven a ejercer un periodismo investigativo.
El asalto a RTVE, la Agencia EFE y medios públicos
La obsesión censora del PSOE se ha manifestado con especial crudeza en su control sobre medios públicos como RTVE, la Agencia EFE y otras instituciones informativas estatales. El Gobierno ha realizado cambios significativos en las direcciones de estos medios, colocando a personas afines que aseguran una cobertura favorable a sus políticas. La independencia editorial debería ser el pilar fundamental de estos medios, destinados al interés público y no a intereses partidistas; sin embargo, esta independencia está seriamente comprometida.
RTVE, como medio estatal, debería ofrecer una línea editorial equilibrada reflejando la pluralidad política del país. Sin embargo, su gestión ha sido objeto reiteradas críticas por parte de organizaciones defensoras de la libertad periodística debido a la influencia gubernamental sobre su funcionamiento.
La Agencia EFE, reconocida agencia informativa en el ámbito hispanohablante, también ha enfrentado presiones para ajustar su cobertura a los intereses del Gobierno. Cuando los medios públicos pierden su autonomía, se ve afectada gravemente la capacidad ciudadana para acceder a información verificada y plural.
Desinformación y verificación: el desafío contemporáneo
En este escenario marcado por operaciones coordinadas llenas de bulos y censura, verificar información se ha convertido en una tarea crucial pero cada vez más complicada. Los ciudadanos navegan por un entorno mediático saturado donde resulta difícil discernir entre hechos contrastados y narrativas fabricadas. El Gobierno aprovecha esta confusión para deslegitimar a aquellos medios cuya labor consiste precisamente en investigar sus prácticas, acusándolos erróneamente de difundir «bulos» cuando lo cierto es que publican información bien documentada.
La ética informativa exige a los periodistas contrastar fuentes, verificar datos y hacer correcciones cuando cometen errores. No obstante, cuando un Gobierno despliega una maquinaria coordinada destinada a desinformar, el trabajo periodístico se convierte en una tarea aún más ardua. Los periodistas deben no solo investigar hechos sino también defenderse frente a ataques orquestados diseñados para desacreditarlos. Organizaciones periodísticas han presentado ante el Parlamento Europeo un manifiesto defendiendo una prensa libre en España, alertando sobre lo que consideran una tendencia creciente hacia limitar las labores informativas críticas.
Credibilidad informativa bajo asedio
La credibilidad mediática es esencial para mantener la confianza pública en lo informado. Cuando un Gobierno lleva adelante operaciones sistemáticas contra medios críticos no solo ataca esas organizaciones específicas; también socava la confianza generalizada en todo el ecosistema informativo. Los ciudadanos pueden terminar desconfiando incluso de aquella información rigurosa y verificada debido al bombardeo constante de bulos y contranarrativas.
Este fenómeno plantea un peligro real para nuestra democracia. La libertad periodística no es simplemente otro derecho dentro del catálogo fundamental; es ese derecho capaz de garantizar todos los demás derechos fundamentales. Sin una prensa libre dispuesta a investigar y denunciar abusos o malas decisiones desde el poder político, nuestra democracia queda debilitada. Los ciudadanos pierden así su capacidad para tomar decisiones bien informadas mientras los gobiernos pueden actuar sin temor al escrutinio público.
El dictamen del Consejo de Estado como punto crítico
El pronunciamiento del Consejo de Estado contra el proyecto legislativo relacionado con los medios marca un momento clave. Aunque sus dictámenes no son vinculantes ni obligatorios para el Gobierno, su autoridad técnica e institucional otorga considerable peso político a sus advertencias. Al calificar al registro obligatorio como un instrumento con «reminiscencias franquistas», el Consejo sitúa este debate en terreno muy sensible para cualquier gobierno democrático.
Los grupos parlamentarios afines al Gobierno deberán tomar decisiones sobre si mantienen intacto el texto actual o si introducen modificaciones significativas para abordar las preocupaciones planteadas. Esta decisión será más política que técnica e influirá notablemente en cómo percibe el público el compromiso gubernamental con las libertades informativas. La línea entre regulación legítima y restricción encubierta es muy fina; cruzarla puede tener consecuencias irreversibles sobre nuestras libertades fundamentales.
El debate sobre esta ley va mucho más allá del mero enfrentamiento político momentáneo; lo realmente crucial es proteger esa función crítica e independiente del periodismo frente a injerencias indebidas y garantizar así acceso ciudadano a información plural y verificada. En estos momentos decisivos, la capacidad del periodismo para investigar sin temor a represalias económicas o legales se ha convertido en uno de los termómetros más precisos acerca del estado democrático dentro de nuestra nación.
