En la política española, pocos episodios han concentrado tantos titulares como la reciente maniobra de Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz. Su fulgurante entrada en la Asamblea autonómica ha sido interpretada como una artimaña para adquirir la condición de aforado justo cuando la jueza Beatriz Biedma dictaba el auto de apertura de juicio oral en el llamado caso David Sánchez, que investiga la presunta contratación irregular del hermano del presidente del Gobierno.
La secuencia es digna de una serie política: Gallardo, hasta hace nada firme en su intención de permanecer al frente de la Diputación “hasta el final del procedimiento”, cambia de opinión y, en tiempo récord, se convierte en diputado autonómico. A partir de ese instante, cualquier causa judicial contra él pasa a ser competencia exclusiva del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), escapando así del juzgado ordinario donde se tramitaba el asunto.
Este giro ha generado un terremoto tanto dentro como fuera del PSOE. Para muchos observadores, se trata de una jugada coreografiada al milímetro para protegerse procesalmente y, de paso, arrastrar a otros imputados —incluido David Sánchez— a una nueva jurisdicción. En palabras de algunos juristas consultados, “es un uso abusivo del aforamiento que roza el fraude de ley”.
Los antecedentes: el caso David Sánchez y la Diputación de Badajoz
El origen del escándalo se sitúa en la Diputación Provincial de Badajoz, institución presidida por Gallardo desde 2015. La investigación judicial gira en torno a la creación presuntamente artificial de un puesto que acabaría ocupando David Sánchez Pérez-Castejón, hermano menor de Pedro Sánchez. La jueza instructora procesa a ambos y a otros nueve cargos socialistas por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
El procedimiento venía cociéndose desde hace meses. El pasado 28 de abril se dictó auto formal contra todos los implicados. Sin embargo, es ahora cuando la causa estalla mediáticamente tras el acelerón dado por Gallardo para blindarse con el aforamiento parlamentario. En paralelo, destaca otro hecho insólito: para que Gallardo pudiera acceder al escaño en la Asamblea extremeña tuvieron que renunciar hasta cinco diputados socialistas, lo que añade una dosis extra de polémica al episodio.
Consecuencias políticas e institucionales
El impacto político no ha tardado en llegar. Dentro del PSOE extremeño cunde el malestar por lo que muchos consideran una operación orquestada desde Moncloa para salvar a “el hermanísimo” y minimizar daños colaterales. El propio Gallardo defiende su decisión como un paso necesario para “contraponer sus políticas” frente a la presidenta regional María Guardiola (PP), negando que busque impunidad: “Podría haberlo hecho hace un año y evitar este calvario judicial” declara, aunque reconoce el desgaste sufrido por las filtraciones y especulaciones sobre el caso.
Sin embargo, las voces críticas subrayan el descrédito institucional y jurídico generado por lo que consideran un uso instrumental del aforamiento parlamentario. El cambio exprés no solo enturbia la imagen del PSOE regional sino que abre nuevas incógnitas procesales: ahora será el TSJEx quien decida si juzga únicamente a Gallardo o si asume toda la causa, incluidos los otros imputados como David Sánchez.
Desde una perspectiva más irónica, algunos medios apuntan a que “el PSOE extremeño se suma al caos” y que esta operación ha provocado una crisis interna considerable. No falta quien hable ya abiertamente de “Operación Salvar al hermano”, con guiños nada velados a órdenes llegadas desde las alturas socialistas.
Claves jurídicas y posibles escenarios
La jugada tiene también importantes derivadas jurídicas:
- El aforamiento implica que solo puede ser juzgado por el TSJEx.
- Si el alto tribunal asume toda la causa, también David Sánchez podría beneficiarse indirectamente al evitar sentarse en el banquillo ordinario.
- No está claro aún si todos los recursos pendientes deberán resolverse ahora ante el TSJEx o si parte del procedimiento volverá al juzgado original.
- Algunos juristas advierten sobre posibles impugnaciones por fraude procesal en la recogida exprés del acta parlamentaria.
Por si fuera poco, todo esto ocurre mientras la Fiscalía había pedido archivar el caso al considerar que solo existen “conjeturas e hipótesis”, sin auténticos indicios racionales de criminalidad. Sin embargo, la acusación popular —liderada por Manos Limpias— mantiene viva la causa pidiendo penas efectivas para todos los implicados.
Curiosidades y datos llamativos
- En menos de ocho días, Gallardo pasó de anunciar su intención a recoger su acta parlamentaria y lograr aforamiento.
- La última diputada socialista cuyo escaño permitió este movimiento fue María de la Cruz Rodríguez, quien curiosamente fue jefa de Gabinete de Gallardo durante diez años y ahora suena para ser subdelegada del Gobierno en Badajoz.
- La jugada ha forzado hasta cinco renuncias consecutivas en las listas socialistas para allanar el camino al líder regional.
- El caso ha alcanzado tal notoriedad que incluso se especula con impugnaciones formales al acto parlamentario que consolidó su aforamiento.
- A modo anecdótico, Miguel Ángel Gallardo declaró no conocer ni siquiera al hermano menor del presidente cuando éste fue contratado: “No sabía ni que Pedro Sánchez tenía un hermano”.
- Este episodio se suma a una larga lista de polémicas sobre el uso (y abuso) del aforamiento en España, uno de los países con mayor número absoluto y relativo de cargos públicos protegidos bajo esta figura.
Lo cierto es que Extremadura se ha convertido estos días en epicentro nacional no solo por sus paisajes o su jamón ibérico sino por una trama judicial-política digna —por ritmo y giros— del mejor guion televisivo nacional.
