La política española no descansa ni en verano. Mientras media España fantasea con la playa, en los despachos de la Audiencia Nacional se destapan escándalos dignos del mejor thriller político. El último capítulo lo protagoniza Javier Herrero, ex director general de Carreteras, quien ha decidido «cantar» ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Su testimonio ha puesto patas arriba la ya turbulenta investigación sobre el caso Koldo, implicando a figuras tan relevantes como Isabel Pardo de Vera y el ex ministro José Luis Ábalos.
El registro en casa de Herrero y en la de Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, no ha sido un simple trámite. Los agentes buscaban documentación, pero lo que encontraron fue mucho más jugoso: nada menos que 15.000 fotografías digitales almacenadas en dispositivos personales. Esta cifra ha dejado boquiabiertos a los investigadores, no solo por el volumen, sino por el contenido potencialmente relevante para esclarecer las presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas.
El trasfondo: contratos públicos bajo sospecha
Para entender el alcance del asunto hay que retroceder unos años, hasta el mandato de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. La UCO llevaba tiempo rastreando indicios que apuntaban a una red bien engrasada para amañar licitaciones públicas. Las grabaciones obtenidas por los agentes recogen conversaciones entre Koldo García—mano derecha de Ábalos—y otros altos cargos donde se mencionan nombres y empresas beneficiadas por decisiones supuestamente teledirigidas desde lo más alto.
Las adjudicaciones bajo lupa afectan a grandes proyectos como el corredor mediterráneo y el soterramiento ferroviario en Murcia. En esas charlas, Koldo García alude directamente a Pardo de Vera y Herrero como piezas clave para que determinados concursos fueran a parar a empresas concretas. A cambio, supuestamente, se repartían mordidas millonarias y favores políticos.
El papel protagonista de Pardo de Vera
Aunque inicialmente la atención mediática recayó sobre los contratos vinculados al suministro de mascarillas durante la pandemia, las pesquisas han ido mucho más allá. El informe de la UCO —un documento de 490 páginas digno del mejor best-seller judicial— detalla cómo Koldo García habría presionado a Pardo de Vera para manipular procesos y beneficiar a ciertas constructoras. La expresidenta de ADIF también está siendo investigada por la contratación supuestamente irregular de una amiga del propio Ábalos, lo que añade un toque casi novelesco al caso.
El hallazgo de las 15.000 fotos en sus dispositivos electrónicos ha alimentado todo tipo de conjeturas. ¿Son pruebas documentales? ¿Imágenes personales? ¿Material gráfico sobre licitaciones? Por ahora, los investigadores no han detallado su contenido exacto, pero fuentes judiciales aseguran que podrían resultar clave para reconstruir el modus operandi interno del círculo más próximo al ministerio.
Herrero ante la Guardia Civil: ¿del silencio al desahogo?
La declaración del ex director general Herrero marca un antes y un después en la instrucción. Según fuentes próximas al caso, Herrero habría relatado con detalle cómo funcionaba el engranaje interno para favorecer determinadas adjudicaciones públicas, señalando incluso la existencia de instrucciones directas desde instancias superiores. Su testimonio resulta especialmente relevante porque hasta ahora el ex alto cargo había mantenido un perfil discreto.
La UCO no solo registró su vivienda: también irrumpió en dependencias del propio Ministerio en busca de expedientes específicos relacionados con Carreteras. Este despliegue policial evidencia que las sospechas ya no son meras hipótesis sino líneas sólidas de investigación judicial.
Consecuencias políticas e institucionales
El escándalo golpea con fuerza al PSOE y reaviva debates sobre los controles internos en las grandes empresas públicas españolas. La posible implicación directa o indirecta del exministro Ábalos, junto a nombres relevantes como Santos Cerdán (ex secretario de Organización socialista), sitúa al Gobierno bajo un foco incómodo y dificulta cualquier intento oficialista por minimizar el caso.
Entre las posibles consecuencias se barajan:
- Nuevas imputaciones: La Audiencia Nacional podría formalizar cargos contra Pardo de Vera y Herrero tras recibir los «indicios consistentes» remitidos por el Tribunal Supremo.
- Reformas urgentes: Crecen las voces reclamando mayor transparencia y controles internos en procesos licitadores públicos.
- Impacto electoral: En año preelectoral o no, este tipo de escándalos erosiona inevitablemente la imagen del partido gobernante.
No es menor el efecto sobre la reputación institucional: ADIF y la Dirección General de Carreteras son organismos clave para los fondos europeos y la ejecución del Plan de Recuperación español.
Curiosidades y datos llamativos
- El número exacto de imágenes halladas (15.000) ha desatado bromas internas entre agentes —algunos especulan si cabrá alguna foto sin relevancia entre tanto archivo digital.
- El informe clave que ha motivado estos registros suma cerca de 500 páginas, muchas dedicadas a transcribir conversaciones intervenidas donde hasta los apodos tienen su intrahistoria.
- En varias llamadas grabadas se utiliza un peculiar lenguaje cifrado para referirse a empresas adjudicatarias (“aguacates”, “hojitas”, etc.), lo que añade surrealismo al guion.
- Las pesquisas han obligado a reabrir expedientes antiguos donde ya se sospechaba manipulación técnica en las puntuaciones otorgadas a constructoras.
- La operación policial fue bautizada internamente con humor como “el álbum interminable”, en referencia al voluminoso archivo fotográfico requisado.
En definitiva, España asiste a otro episodio donde política e investigación judicial se entremezclan con dosis insospechadas de tecnología digital… y algo más que retratos oficiales.
