Miles de mujeres maltratadas sufrieron el abandono del Ministerio de Igualdad después del fallo de las pulseras de protección que podían adquirirse en Aliexpress.
La cartera responsable de ello, bajo la dirección de Irene Montero, puso en peligro la vida de mujeres víctimas de violencia de género y, lejos de asumir responsabilidades, Ángela Rodríguez Pam, que entonces era secretaria de Estado de Igualdad, decidió festejar su boda el pasado sábado.
La firma de Rodríguez Pam figuraba en el polémico contrato de las pulseras antimaltrato. El escándalo continúa creciendo tras conocerse que casi 5.000 mujeres recibieron la recomendación oficial de “extremar la precaución” porque las pulseras asignadas fallaban.
Las víctimas, lejos de sentirse protegidas, han estado expuestas a sus agresores por un sistema que Montero defendió pese a las advertencias internas y los informes técnicos que desaconsejaban su implantación.
Mientras tanto, a la ex secretaria de Estado de Igualdad, le ha parecido que era un buen momento para celebrar el amor. La boda de Pam con Allende Marina Palomo Jiménez, ex jefa de gabinete de Unidas Podemos, se produjo en el momento menos oportuno.
Con una tarta de tortilla de patatas y la presencia de ex diputados y ex dirigentes de Podemos, como Alejandra Jacinto, pero sin la presencia de Irene Montero e Ione Belarra.
Ni una sola mención a estas víctimas, eso sí, hubo tiempo para Palestina, en concreto se sirvieron los refrescos Palestine Cola.
En pleno escándalo de las pulseras antimaltrato, @Pam_Angela_ ex Secretaria de Estado de Igualdad y varios miembros del equipo de @IreneMontero, han estado de boda con total indiferencia.
Cabe recordar que las falsas pulseras fueron compradas por ellas y que la adjudicación del… pic.twitter.com/pEHfwzSJwy
— Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) September 22, 2025
Un fallo gravísimo
Las pulseras antimaltrato, utilizadas para vigilar a agresores con órdenes de alejamiento, han estado en el centro de la polémica por fallos en el sistema de gestión Cometa. Durante el traspaso del servicio de Telefónica a Vodafone-Securitas, entre finales de 2023 y marzo de 2024, se perdieron temporalmente datos de ubicación anteriores al 20 de marzo, lo que provocó sobreseimientos y absoluciones por falta de pruebas en algunos procesos judiciales. Además, se han denunciado errores de localización, manipulación de dispositivos, retrasos en la instalación y casos en los que se rebajaron alertas de manera irregular, lo que generó alarma por la posible desprotección de las víctimas.
El Gobierno asegura que el fallo afectó a un número reducido de casos y que el problema ya está resuelto, mientras que la Fiscalía reconoce el impacto en los procedimientos. La controversia ha escalado a nivel político, con la oposición exigiendo dimisiones y responsabilidades, y con peticiones de investigación para determinar el alcance real de los fallos. Aunque el Ministerio de Igualdad insiste en que las víctimas estuvieron protegidas en todo momento, la crisis ha abierto un debate sobre la fiabilidad del sistema y la necesidad de reforzar sus protocolos de seguridad y supervisión.
