En La Retaguardia de este miércoles 17 de Diciembre, Eurico Campano analiza con Ángeles Ribes y Eduardo García Serrano una nueva jornada negra para el PSOE. Y es que Santos Cerdán comparece nuevamente en el Senado tras su salida de prisión preventiva y todo lo que se ha sabido de sus múltiples actividades presuntamente ilegales. En paralelo, las voces socialistas que piden actuar con contundencia frente a los cada vez más casos de acoso sexual en el PSOE no paran de incrementarse.
La situación resulta familiar: Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, regresa este miércoles al Senado, acompañado de un despliegue de cámaras, abogados y un aire de suspicacia. Su primera aparición en la comisión de investigación del caso Koldo fue como poderoso secretario de Organización; esta segunda ocasión llega con cinco meses de prisión preventiva y la atención del Tribunal Supremo, que le investiga por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
Más de un año después de rechazar cualquier responsabilidad en la supuesta trama de sobornos relacionada con contratos de obra pública y la adquisición de mascarillas durante la crisis sanitaria, Cerdán vuelve a la sala Clara Campoamor con una pregunta crucial en el aire: ¿decidirá hablar o se acogerá a su derecho a guardar silencio? PP, Vox y UPN han dejado claro que no escatimarán en sus intervenciones, incluso si el compareciente opta por no responder, conscientes de que el juicio político se define tanto por sus preguntas como por las posibles evasivas del exdirigente socialista.
El recorrido judicial que ha seguido Cerdán explica por qué su presencia en el Senado se ha convertido hoy en un arma política poderosa:
- En abril de 2024 ya compareció ante la comisión del Senado y desmintió cualquier implicación en la trama, tratando de desvincularse de las maniobras de Koldo García y del entonces ministro José Luis Ábalos.
- En junio de 2025, el juez del Supremo Leopoldo Puente destacó indicios que apuntan a un papel «preeminente» y «directivo» en la presunta organización criminal, lo que llevó a decretar su prisión preventiva durante 6 meses por riesgo de destrucción de pruebas.
- El magistrado lo situó como uno de los artífices centrales mediante la empresa Servinabar, fundamental para canalizar adjudicaciones públicas –especialmente en Carreteras y Adif– hacia constructoras cercanas a cambio de comisiones.
- Según esos indicios, su función habría sido reclamar a las constructoras las cantidades acordadas para hacerlas llegar a Ábalos y Koldo García.
Cerdán pasó casi cinco meses en la cárcel de Soto del Real hasta que, en noviembre, fue puesto en libertad bajo medidas cautelares. Desde entonces, debe firmar cada quince días en un juzgado y tiene prohibido salir del país. A las puertas del centro penitenciario, denunció “muchas mentiras” y “manipulaciones” respecto a su rol en la trama y afirmó que al final prevalecerá la verdad.
Mientras tanto, el PP le exige que “devuelva lo robado” y que explique quién le dio instrucciones para crear un supuesto sistema basado en intercambios entre obras públicas y mordidas. Además, cuestionan cuál sería el papel de Pedro Sánchez dentro de ese entramado. La estrategia popular es clara: convertir cada respuesta o silencio por parte de Cerdán en un boomerang contra la dirección socialista, acusada de proteger al que fue su arquitecto orgánico.
La sombra de Leire Díez y la autoprotección del partido
La situación se complica aún más con la figura de Leire Díez, exmilitante socialista con un profundo conocimiento sobre las “cloacas” del poder. Recientemente detenida por otra investigación relacionada con contratos públicos presuntamente ilegales vinculados a la SEPI, su nombre ya había estado presente en los movimientos internos del PSOE.
De acuerdo con informaciones difundidas por medios nacionales, Díez propuso llevar a cabo una investigación interna para rastrear casos de acoso sexual dentro del PP, pero la dirección socialista frenó esa iniciativa por temor a que pudiera destapar sus propios escándalos. La idea abortada de una “operación bumerán” alimenta las sospechas sobre una cultura protectora dentro de Ferraz: se lucha contra la corrupción y los abusos… pero solo hasta donde no salpique demasiado cerca.
Durante su etapa orgánica anterior, Cerdán participó en reuniones con Díez relacionadas con audios sensibles vinculados a las cloacas mediático-policiales; un episodio ahora examinado desde una nueva perspectiva. Con la exfontanera del PSOE detenida y el expresidente de la SEPI bajo investigación por otra causa, se refuerza la narrativa sobre un ecosistema opaco alrededor del caso Koldo.
En Galicia, el PSOE podría implosionar
Mientras toda la atención nacional recae sobre Cerdán, en Galicia se desarrolla otra lucha que afecta seriamente la credibilidad del PSOE ante un tema especialmente sensible: cómo gestionan los presuntos casos de acoso sexual dentro del partido.
El epicentro está situado en la Diputación de Lugo, donde el barón sanchista José Tomé enfrenta denuncias por acoso junto con presión interna proveniente de compañeras. Tomé ha presentado una dimisión “a medias”: deja su cargo como presidente pero mantiene su puesto como alcalde de Monforte. Además, descalifica las acusaciones como “bulos” mientras cuestiona a las denunciantes.
A este panorama se suma el papel desempeñado por José Ramón Gómez Besteiro, líder del PSdeG y delegado gubernamental en Galicia. Este ha sido señalado por familiares de víctimas debido a su reacción ante los testimonios ofrecidos por mujeres que relatan abusos cometidos por responsables socialistas. La madre de una afectada llegó incluso a manifestar que tras relatar su experiencia “todo siguió igual”, sin una depuración efectiva ni protección real para quienes denunciaron. Lejos de ser un mero incidente aislado, esta tensión interna ha evolucionado hacia un desafío político serio. Nada menos que 170 mujeres socialistas gallegas han firmado un manifiesto denunciando el “acoso” sufrido por parte de la exdiputada provincial Silvia Fraga, quien dejó su cargo después alegando presiones e indicando falta respaldo ante situaciones hostigadoras. A pesar de las críticas recibidas, Besteiro sostiene que no tiene intención alguna de dimitir, afirmando incluso que “quien debe dimitir es quien acosa”, tratando así desmarcarse tanto él como su gestión frente al contexto general d las denuncias.
La radiografía reciente muestra al PSOE enfrentándose al menos a cinco casos relacionados con presunto acoso o abuso sexual:
- Francisco «Paco» Salazar: Ostentó el cargo de Miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE y director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Renunció a sus cargos y solicitó la baja como militante del partido tras las denuncias de acoso sexual por parte de varias trabajadoras de Ferraz. El PSOE archivó inicialmente la investigación, pero posteriormente anunció su reapertura tras la presión mediática y las denuncias formales presentadas por las víctimas.
- José Tomé: Ostenta actualmente el cargo de Presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos. Ha sido denunciado por acoso sexual y el caso se encuentra bajo investigación.
- Toni González: Ostentaba los cargos de alcalde de Almussafes (Valencia) y vicesecretario del PSPV. Dimitió de sus cargos orgánicos en el partido y abandonó la militancia, pero retiene su acta de concejal y la alcaldía a fecha de 13 de diciembre de 2025.
- Javier Izquierdo: Ostentó el cargo de Miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. Dimitió de su cargo aduciendo razones personales en un contexto de crisis por casos de acoso en el partido, aunque desde Ferraz indicaron que no había una denuncia formal vinculada directamente a él y se abrió una investigación interna.
- Juan Luis Cepa: Ostentó el cargo de procurador del PSOE en las Cortes de Castilla y León por Salamanca y portavoz de Agricultura y Ganadería del Grupo Socialista. Se vio obligado a dimitir por verse implicado en un caso de agresión sexual a un menor de edad, hecho por el cual está siendo investigado.
- Xosé Carlos Valcárcel Doval: El alcalde de Barbadás (Orense) dejó el PSOE el 16 de diciembre de 2025, tras una denuncia de una militante por acoso laboral y encubrimiento de acoso sexual, aunque ha descartado dimitir de su cargo como regidor.
- Antonio Hernández: Colaborador de Paco Salazar, fue cesado de su cargo en el Gobierno en el marco del caso Salazar y las «actitudes reprochables» condenadas por el Gobierno.
