En La Retaguardia de este viernes 26 de diciembre, César Sinde analiza con el ex diputado Pablo Cambronero y con el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación, Ricardo Bravo, el polémico fin de año del Gobierno de Pedro Sánchez. Y es que además de estar carcomido por la corrupción, el Ejecutivo acaba el año con más de 43.000 millones de euros despilfarrados en subvenciones y aprobando el robo de su vivienda a cientos de miles de españoles al prorrogar por otro año más que se pueda estar en una casa sin pagar el alquiler y sin que su dueño pueda recuperar su casa.
La prohibición de recuperar su vivienda de inquilinos morosos, instaurada durante la pandemia en 2020, suspende los desahucios por impago del alquiler con la excusa de la vulnerabilidad y no tenencia de otra casa en la que vivir. A lo largo de seis años que lleva en vigor este robo de la propiedad, más de 60.000 propietarios de vivienda se han visto obligados a mantener a su costa a morosos. No contento con este atraco, el Gobierno legisla también que los propietarios paguen también la luz, el agua o el gas que consuman los morosos. Y, para mayor recochineo, estas medidas las ha pactado con el comando político de ETA en el Congreso, también conocido como Bildu.
Este acuerdo con los proetarras, confirmado el 22 de diciembre, responde a las presiones ejercidas por la extrema izquierda, incluyendo a Podemos y Sumar, quienes abogan por medidas aún más radicales como la reducción del alquiler por ley o el robo a perpetuidad de las viviendas a sus propietarios legislando el absurdo de que algo que tiene un tiempo concreto, el alquiler, tenga que ser de por vida.
Críticos del sector inmobiliario, como la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO), denuncian que esta situación favorece a «inquilinos-okupas» que se benefician de vacíos legales, dejando a los propietarios sumidos en problemas tras largos y costosos procesos judiciales.
Ricardo Bravo, representante de la PAO, expresa su frustración: «Se protege a quien entra y dice ser vulnerable, pero ¿quién vela por el propietario?». Asociaciones como Asval advierten que esta séptima prórroga obstaculiza la oferta de alquiler, ya debilitada, fomentando así ventas masivas de pisos en lugar del alquiler. Los propietarios pueden solicitar compensaciones hasta enero de 2027 si no hay alternativa habitacional disponible; sin embargo, este proceso depende de informes sociales y comunidades autónomas, lo que provoca desconfianza entre ellos.
Este escenario infernal para todos aquellos que han trabajado por tener un patrimonio, comienza en marzo del 2020 con el Real Decreto 11/2020, prorrogado sistemáticamente aunque ya no haya pandemia: primero fue por Ucrania y ahora por lo que el Ejecutivo denomina «emergencia habitacional». En el colmo del despropósito, el decreto no sólo impide recuperar la vivienda de inquilinos morosos, sino también si hay okupas dentro. Okupas que tampoco se les podrá echar aunque se demuestre que tienen ingresos, ya que el Ejecutivo ha fijado la prohibición de usurpadores que ganen hasta 1.800 euros (o 2.200 euros si tienen hijos). Además, Idealista confirma el acuerdo entre el Gobierno y Bildu para esta prórroga dentro del megadecreto social anunciado.
Otras reformas fiscales endurecen las normativas sobre aquellos que quieran dedicar su casa al alquiler turístico, cercenando así la posibilidad de ingresos de las personas que realicen esta actividad, limitan las ventajas fiscales para las socimis solo al alquiler asequible y gravan hasta un 100% las compras realizadas por no residentes extracomunitarios al igual que ocurre en Dinamarca. También se creará un fondo destinado a inspecciones contra fraudes relacionados con alquileres estacionales.
