LA GESTIÓN FALLIDA DE LA TRAGEDIA

Adamuz: ¿Cuántas muertes se habrían evitado en el Alvia si ADIF no hubiera tardado una hora en alertar a la Guardia Civil?

El retraso de Adif en alertar a la Guardia Civil sobre el Alvia siniestrado dejó a las víctimas sin evacuación durante más de sesenta minutos, reavivando el debate sobre responsabilidades en infraestructuras críticas.

La Guardia Civil busca con un perro entre los restos del tren
La Guardia Civil busca con un perro entre los restos del tren. PD

Nunca lo sabremos, pero la pregunta pende sobre el Gobierno Sánchez y su cuadrilla de enchufados como una espada de Damocles.

Mientras los rescatadores luchaban contrarreloj en las vías de Adamuz el pasado domingo, una pregunta perturbadora flotaba en el ambiente: ¿cuántas vidas se habrían salvado si Adif hubiera actuado con mayor rapidez?

Esta la relevante pregunta es el eje del editorial de OkDiario de este viernes, 23 de enero.

Hasta las 20:15 horas, la Guardia Civil no logró localizar el tren Alvia accidentado, lo que significa que las víctimas estuvieron atrapadas durante más de una hora sin que los servicios de emergencia conocieran su ubicación exacta. En un incidente donde cada minuto cuenta, esa espera se traduce en la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas.

El choque entre el Iryo, que venía de Málaga, y el Alvia, con destino a Huelva, dejó un panorama devastador: 45 fallecidos confirmados y más de 120 heridos.

Sin embargo, lo que ha generado mayor indignación no es únicamente la magnitud de la tragedia, sino la forma en que se gestionó la respuesta inicial.

El maquinista del tren de Iryo alertó de inmediato sobre la incidencia a las 19:45 horas, pero la información referente al Alvia tardó treinta minutos en llegar a los servicios de emergencia.

El maquinista del Iryo comprendió rápidamente lo grave del incidente e intentó avisar al centro operativo sobre la invasión inminente a su vía. Su mensaje fue claro: «Urgentemente, paren el tráfico». La respuesta desde el centro fue tranquilizadora pero completamente errónea; le aseguraron que no había tráfico contrario. El Alvia ya había descarrilado y volcado. Esa desconexión entre lo ocurrido en las vías y lo conocido por el centro operativo resume perfectamente el problema sistémico presente en la gestión crisis dentro del ámbito ferroviario español.

«La cuestión que sorprende es cómo si ADIF ya conocía el descarrilamiento y el lugar del mismo, los agentes de la Benemérita no estaban al tanto».

Esa brecha temporal, aparentemente insignificante, se convierte en un abismo cuando hablamos del rescate y la evacuación de heridos. Especialmente porque en el Alvia se concentraban las víctimas de mayor gravedad y tardaron una hora y cuarto en ser evacuadas precisamente porque nadie sabía dónde se encontraban.

Las incidencias previas que nadie quiso ver

Lo que complica aún más este escenario son los antecedentes problemáticos en el tramo de Adamuz. Adif registró al menos ocho incidencias entre julio de 2024 y diciembre de 2025 en ese sector: fallos en sistemas de señalización, problemas con catenarias e incidencias relacionadas con la infraestructura. El último aviso tuvo lugar el 23 de diciembre, apenas tres semanas antes del desastre. Aunque Adif sostiene que estos incidentes son parte del «funcionamiento habitual» dentro de una red compleja y no implican fallos graves en seguridad, la acumulación de problemas específicos genera serias dudas.

El tren Iryo involucrado era «prácticamente nuevo» y circulaba por una vía renovada en mayo de 2025. Esto descarta parcialmente el deterioro extremo como única causa del accidente. Sin embargo, persisten preguntas inquietantes: ¿se llevaron a cabo revisiones rigurosas? ¿Se priorizó la velocidad sobre la seguridad? El director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, ha afirmado que las vías superaron las «revisiones habituales» y no encontraron «ningún fallo». Sin embargo, estas afirmaciones parecen vacías cuando se contrastan con el historial reciente.

El precedente griego que incomoda al Gobierno

La gestión de esta crisis ha hecho recordar un episodio que el Ejecutivo español preferiría borrar de su memoria. En Grecia, un accidente ocurrido en Larissa en 2023 dejó un saldo trágico de 57 muertos tras la colisión entre dos trenes. La reacción política fue inmediata: Kostas Karamanlis, entonces ministro de Transportes griego, presentó su dimisión. Consciente de este precedente, el Gobierno español ha intentado distanciarse al afirmar que busca «datos y no relatos» sobre lo sucedido. No obstante, los hechos ocurridos en Adamuz plantean interrogantes similares sobre quién debe asumir responsabilidades.

La comparación no es casualidad. Ambos accidentes presentan elementos preocupantes: infraestructuras con problemas previos, sistemas de comunicación fallidos en momentos críticos y una cadena de responsabilidades que resulta complicada de esclarecer. En Grecia, la presión social fue tal que se consideró inevitable la dimisión del ministro responsable. En España, el ministro Óscar Puente ha calificado lo sucedido como «tremendamente extraño» pero ha mantenido su puesto, argumentando que es necesario culminar la investigación antes de sacar conclusiones sobre culpabilidades.

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