Las turbulencias políticas vuelven a sacudir al PSOE y al Ministerio de Transportes. El juez Ismael Moreno ha citado a declarar como investigados a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, y a Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, por su presunta implicación en la manipulación de adjudicaciones públicas dentro del conocido caso Koldo.
Esta nueva derivada judicial pone el foco sobre las supuestas irregularidades cometidas durante la gestión del socialista José Luis Ábalos y su estrecho colaborador, Koldo García, en el seno de las infraestructuras estatales.
El próximo 21 de julio, ambos deberán comparecer ante la Audiencia Nacional. La decisión del magistrado llega tras detectar “indicios consistentes” que apuntan a que Pardo de Vera y Herrero pudieron facilitar información estratégica y favorecer licitaciones siguiendo directrices transmitidas por Koldo García, en beneficio de determinadas constructoras.
De Lugo a la Audiencia Nacional: el ascenso y caída de Isabel Pardo de Vera
Pocos perfiles han brillado tanto en los despachos públicos como Isabel Pardo de Vera. Ingeniera gallega con reputación técnica, fue nombrada presidenta de ADIF tras la moción de censura que catapultó al PSOE al poder en 2018. Su gestión, hasta ahora valorada por la modernización ferroviaria, queda hoy eclipsada por las sospechas judiciales: según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), habría autorizado personalmente contratos bajo sospecha, algunos valorados en más de 340 millones y financiados con fondos europeos.
Las pesquisas detallan conversaciones grabadas entre Koldo García y Pardo de Vera. En ellas, el entonces asesor ministerial presionaba para adjudicar obras a empresas concretas, como Acciona o Sacyr. Incluso ante las reticencias iniciales —“otra vez va a cantar, déjamelo mirarlo”, advertía ella— la presidenta habría acabado cediendo y “sopesando opciones” para favorecer a las constructoras afines.
No es la primera vez que Pardo de Vera se ve envuelta en esta maraña. Ya fue imputada por una supuesta contratación irregular relacionada con Jésica Rodríguez, expareja del propio Ábalos, en empresas públicas como Ineco y Tragsatec.
El papel del PSOE: entre la gestión pública y el escándalo
La investigación afecta directamente al corazón del PSOE. No sólo porque los nombres implicados han sido piezas clave en el engranaje socialista —Ábalos como ministro, Cerdán como secretario de Organización— sino porque los hechos investigados se produjeron bajo gobiernos socialistas y durante una etapa especialmente sensible: la pandemia. El estado de alarma permitió tramitar contratos “por vía de emergencia”, eliminando controles habituales y abriendo puertas a prácticas opacas.
La acusación se apoya en documentos incautados durante registros ordenados por la Audiencia Nacional tanto en los domicilios particulares como en las sedes institucionales del Ministerio y ADIF. El relato policial es claro: “Koldo García se valía, presuntamente, de la entonces presidenta de ADIF y del director general de Carreteras para manipular procesos de contratación”.
Un escándalo transversal: constructoras, mordidas y fondos europeos
El caso no se limita a mascarillas ni a un episodio puntual. Lo que investiga el juez Moreno es una posible trama sistemática para beneficiar a grandes empresas mediante mordidas millonarias —se barajan cifras superiores a los 600.000 euros solo en comisiones ilegales detectadas— vinculadas a adjudicaciones ferroviarias clave como el soterramiento ferroviario en Murcia o tramos del Corredor Mediterráneo.
Por si fuera poco, los contratos bajo sospecha están financiados con fondos europeos Next Generation. Bruselas observa con lupa cualquier desviación o irregularidad —y España podría enfrentarse a duras sanciones si se confirma el uso fraudulento del dinero comunitario.
Curiosidades judiciales y datos llamativos
- Pese al escándalo mediático, ni Pardo de Vera ni Herrero han hecho declaraciones públicas extensas; ambos mantienen un perfil bajo mientras preparan su defensa.
- La UCO llegó incluso a registrar sus viviendas particulares buscando pruebas documentales que demuestren cómo se tejían las adjudicaciones desde los despachos oficiales.
- El caso Koldo nació investigando comisiones por mascarillas durante lo peor del COVID-19… pero ha terminado destapando una supuesta red mucho más ambiciosa que abarca desde los trenes hasta las autovías.
- Algunos implicados han intentado justificar ciertas gestiones alegando “presión política” para agilizar proyectos estratégicos… aunque los pinchazos telefónicos parecen demostrar que había algo más que simple celo administrativo.
- Si prosperan las imputaciones actuales, podría abrirse una nueva pieza separada dedicada exclusivamente al papel jugado por altos cargos socialistas en el entramado ADIF-Carreteras.
En resumen: lo que empezó siendo una historia sobre mascarillas defectuosas ha terminado convirtiéndose en un auténtico folletín político-empresarial con ramificaciones nacionales e internacionales… donde cada estación judicial promete nuevas sorpresas.
