Los cimientos del Partido Socialista siguen tambaleándose y deja a la clase política en estado de alerta: José Luis Ábalos, exministro de Transportes y figura clave dentro del entorno de Pedro Sánchez, se enfrenta a una solicitud de más de 20 años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción, según adelanta El Mundo.
Los delitos que le atribuyen —organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación— son un compendio de lo que ningún manual sobre buena gobernanza aconseja a sus alumnos.
La investigación, que comenzó con la compra de material sanitario durante la pandemia, ha derivado en un auténtico laberinto judicial. El magistrado Leopoldo Puente ha convertido las diligencias previas en un procedimiento abreviado y ha llevado al banquillo a Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. La Fiscalía cuenta con apenas diez días para presentar el escrito de acusación, pero ya ha dejado claro que su demanda será contundente: más de dos décadas tras las rejas.
La comparecencia ante el Supremo estuvo marcada por una atmósfera tensa. Ábalos, enfrentado a su abogado y consciente del riesgo inminente de ingresar en prisión, decidió adoptar una estrategia del silencio al negarse a declarar ante el juez. Lejos de ceder, el magistrado Puente le exigió acudir con su letrado habitual, acusando al exministro de intentar forzar la suspensión del juicio mediante lo que él consideró un “fraude de ley”.
Un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) revela pagos injustificados que ascienden a 95.437 euros; entre ellos se encuentran 20.799 euros destinados a gastos personales con origen desconocido. Además, las conversaciones interceptadas por la UCO incluyen términos como “chistorras”, “soles” y “lechugas” para referirse a billetes de diferentes denominaciones, creando una jerga propia del mercado negro.
A pesar del riesgo detectado por la Fiscalía que podría llevarle a fugarse, Ábalos permanece en libertad provisional gracias a su condición como diputado; esto añade un matiz político a su situación actual. Las acusaciones populares encabezadas por el PP han solicitado su ingreso inmediato en prisión o, si no fuera posible, imponerle una fianza que asciende a 650.000 euros.
El caso Koldo y la telaraña de irregularidades
Lo que comenzó como una investigación sobre la compra de mascarillas en medio del caos sanitario ha revelado una red de presuntas irregularidades digna de un thriller político. El sumario incluye la contratación de Jésica Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsa, el alquiler de un piso en la plaza de España a una amiga cercana a Ábalos, así como la colocación de otra amiga, Claudia Montes, en la empresa Logirail. También se investiga el arrendamiento de un chalet situado en La Línea de la Concepción (Cádiz).
Pero aquí no termina la historia. En paralelo, Ábalos está imputado por amaños millonarios relacionados con obra pública, y su nombre figura en otras piezas separadas del caso. La Guardia Civil ha destapado un primer botín relacionado con contratos amañados por valor de 6,7 millones de euros.
El impacto del caso va más allá del ámbito judicial y resuena fuertemente en el Congreso. El PSOE, ya debilitado por escándalos anteriores, observa cómo uno de sus ex altos cargos se convierte en protagonista indeseado en un proceso que amenaza con socavar aún más su credibilidad institucional. Por otro lado, la oposición aprovecha cada avance judicial para exigir responsabilidades y recalcar la necesidad urgente de regeneración democrática.
La figura de Ábalos, quien recientemente ocupaba el cargo secretario de Organización del partido y era considerado mano derecha del presidente Sánchez, se ve ahora inmersa en una trama salpicada por asesores, empresarios e incluso familiares. La defensa común junto a Koldo García y las posibles negociaciones con la Fiscalía Anticorrupción muestran una estrategia bien pensada para minimizar daños; sin embargo, conforme avanza el calendario judicial, su margen para maniobrar se reduce considerablemente.
La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil ha ido mucho más allá que los contratos relacionados con mascarillas. Los informes patrimoniales indican ingresos en efectivo cercanos a los 60.000 euros entre 2014 y 2024 sin justificación ni declaración alguna. De esta cantidad, más de 20.000 euros se destinaron a gastos personales; otros 18.000 fueron para uno de sus hijos y casi 7.000 para su expareja.
Por si fuera poco, se menciona también a la fundación Fiadelso, vinculada al exministro y supuestamente benéfica; esta aparece relacionada con subvenciones destinadas a proyectos sociales que curiosamente terminan utilizando inmuebles registrados bajo el nombre del propio Ábalos. En uno de los últimos análisis financieros realizados se han detectado pagos hacia Fiadelso por un total aproximado a los 18.706 euros e ingresos provenientes también desde esa misma entidad.
