Los audios, en los que se escucha con perfecta claridad al marido de la instructora del caso de la DANA —totalmente ajeno a la causa— tomar declaración a varios testigos, han provocado, como era de esperar, incredulidad y asombro en el ámbito judicial.
Las normas procesales prohíben expresamente la presencia e intervención de personas ajenas al procedimiento: las diligencias de instrucción solo pueden acceder las partes personadas y los funcionarios del juzgado.
Diversos vocales del CGPJ se plantean ya llevar el asunto al pleno, dado que los hechos revisten extrema gravedad y podrían comprometer por completo la investigación. Según expertos consultados, esta irregularidad podría constituir una causa de nulidad del procedimiento.
Este martes, un abogado ha presentado una querella contra la juez Nuria Ruiz Tobarra, quien lleva el caso DANA en Valencia.
Se le acusa de permitir que su marido, el magistrado Jorge Martínez Ribera, interfiriera irregularmente en los interrogatorios a las víctimas.
Audios filtrados demuestran que él hizo preguntas a testigos, dio instrucciones a funcionarias e incluso realizó diligencias por su cuenta, a pesar de no tener competencias en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia.
La querella, presentada por Rubén Gisbert en representación de ocho familias afectadas, imputa a ambos por coacciones, revelación de secretos, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos.
Ruiz Tobarra ha rechazado estas acusaciones y ha calificado la situación como una campaña machista, aunque los audios parecen contradecirla y podrían llevar a la nulidad total del proceso.
Perfil de la juez y su marido al frente del caso
Nuria Ruiz Tobarra, responsable del Juzgado de Instrucción 4 de Catarroja, dirige la investigación sobre la DANA ocurrida el 29 de octubre de 2024, que dejó un saldo trágico con centenares de fallecidos. Justo el día en que estalla este escándalo, envía su exposición razonada al TSJCV, solicitando que se impute a Carlos Mazón por negligencia: su ausencia durante momentos críticos, mensajes en contra del confinamiento y fallos en alertas y coordinación.
Su esposo, Jorge Martínez Ribera, también juez, aparece en los audios diciendo frases como “Anota”, “¿Lo tiene descargado?” o “Con los vídeos es importante que se sepa la hora”. Testigos han confirmado que él daba indicaciones sobre qué apuntar y llegó incluso a sustituir a la jueza en algunas diligencias. La pareja representa un matrimonio judicial situado en el centro político valenciano: mientras él investiga casos delicados como el relacionado con el hermano de Ximo Puig, ella apunta sus dardos hacia Mazón.
Esta intromisión genera un instructor paralelo y compromete gravemente la imparcialidad del proceso. La jueza ha investigado durante meses al entorno cercano a Mazón –su jefe de gabinete, escoltas y chófer– sin tener competencias sobre aforados, lo que ya ha suscitado quejas ante el CGPJ.
Doble escenario sancionador sin precedentes
La querella exige medidas contundentes:
- Suspensión cautelar tanto para Nuria Ruiz Tobarra como para Jorge Martínez Ribera.
- Evaluación psiquiátrica para determinar si la jueza actuó con dolo o incapacidad.
- Traslado del caso a la Audiencia Nacional junto con la nulidad de todas las actuaciones realizadas.
Ruiz ahora enfrenta una posible sanción disciplinaria del CGPJ y una condena del TSJCV, el mismo tribunal donde busca imputar a Mazón por homicidio imprudente. El CGPJ ya está investigando las grabaciones.
Las víctimas y sus familias reclaman anular las pruebas obtenidas gracias a la intervención del marido. Las defensas cuestionan la sana crítica aplicada durante las diligencias y sugieren un sesgo político evidente.
| Delito imputado | Descripción clave |
|---|---|
| Revelación de secretos | El esposo accede a información confidencial sobre las víctimas |
| Usurpación de funciones | Participación activa en interrogatorios sin estar habilitado para ello |
| Prevaricación | Permitir intromisiones y desmentir hechos documentados en autos |
| Coacciones y encubrimiento | Presión ejercida durante declaraciones y omisión de delitos cometidos |
Argumentos contra Mazón y el revés procesal
Ruiz sostiene que hay indicios suficientes contra Mazón por falta de atención: mientras se desataba la riada, él se encontraba en un restaurante firmando documentos. Además, envió mensajes ordenando no confinar y retrasó decisiones clave sobre el Cecopi. Critica también las alertas ineficaces y la falta de coordinación entre diferentes consejerías.
Sin embargo, el momento elegido para presentar estas acusaciones genera dudas: lo hace justo después de que se filtren los audios, mientras aún quedan diligencias pendientes como declaraciones cruciales del círculo cercano a Mazón. Muchos ven esto como un intento por blindar el caso ante una posible nulidad futura.
Incluso Manolo Mata, antiguo portavoz socialista, ha reconocido que Ruiz está cruzando límites al tratar a Mazón como imputado sin ofrecerle garantías adecuadas. La querella insinúa que varios actores podrían haber influido en los autos elaborados por Ruiz, incluyendo su propio esposo.
La situación actual conmueve al ámbito judicial español: un juez activo dictando instrucciones a otro juez también activo sin tener autorización para ello es algo sin precedentes. Ahora corresponde al TSJCV decidir si investiga a Mazón o si valida un proceso marcado por estas controversias.
Este doble filo legal pone en jaque tanto la investigación sobre la tragedia DANA como el futuro profesional de todos los implicados.
