MADRID, 30 (OTR/PRESS)
Llamar «proetarra» a alguien no atenta contra el honor del ofendido; es un acto de libertad de expresión. Al menos, para un Juzgado de Barcelona, que desestimó la demanda presentada por la «activista» (así la llaman en los periódicos) Ada Colau contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que así, de proetarra, calificó a la mujer que tanto se ha distinguido en su lucha contra el maltrato hipotecario y en otras iniciativas, y que ahora encabeza la plataforma electoral «Ganemos».
Yo creo que «proetarra» es lo peor que te pueden llamar, trátese de Ada Colau, de Pablo Iglesias (también he escuchado que así le calificaban en un programa muy sesgado de una televisión) o de quienquiera. A mí mismo, en una ocasión en la que defendía que Arnaldo Otegi no debería seguir en prisión, al menos no en atención a los cargos que se le imputan, un oyente del programa radiofónico en el que así me expresé también me increpó de la misma manera. Y no es que sienta un amor apasionado por Colau, ni por Iglesias. Y no digamos ya por Otegi, y perdón por meterlos a todos en el mismo saco, que no es, desde luego, mi intención. Porque Otegi sí es, o mejor ha sido, proetarra.
Ni siento tampoco, Dios me libre, afecto alguno por De Juana Chaos, ese siniestro personaje a quien, sin embargo, se intentó cargar de cadenas fiscales con cargos que no correspondían, en un afán de equilibrar los desvaríos de un ya afortunadamente superado Código Penal. También por decir algo parecido a esto me encasillaron como simpatizante de la banda del horror y del terror, esa banda que tanto ha hecho sufrir a amigos míos y, por cierto, a mí mismo.
No, no estoy con ellos, pero tampoco con quien, por muy simpático que me caiga (y Cristina Cifuentes me cae simpática, lo reconozco), se permite descontrolar los adjetivos, o incluso los sustantivos, con los que etiqueta a los rivales, o enemigos, políticos. Simplemente, pienso que estamos necesitados de mesura, sea para dirigir nuestros dardos contra quien no piense como nosotros, sea para arrasar a otras ideologías políticas o sociales. Estamos instalándonos en la barbaridad verbal (de momento, solamente verbal: las palabras luego las carga el diablo). Y lo mismo he escuchado a una muy piadosa comunicadora decir que «este Gobierno mata a la gente», solo porque no ha hecho aprobar la «reforma Gallardón» al aborto, que a otro importante personaje asegurar que el «nacionalismo es miserable» y «cleptócrata», como si todos los nacionalistas se apellidasen Pujol o Ferrusola.
Estamos entrando ya, de hecho, en una larga etapa preelectoral, que es época propicia para la exageración, la sal gorda en los insultos y hasta el desvarío. O la injuria. O la calumnia. No quiero yo, por supuesto, que nadie, y menos la buena de Cristina Cifuentes, salga judicialmente malparado. Pero sí quisiera manifestar mi máximo respeto por el honor de cuantos merecen que se les respete. Y, desde luego, puede que vote -o, más probablemente, no- a Ada Colau o a Pablo Iglesias: lo que no me parece aceptable es que se les llame «proetarras» u otras cosas que no son: si equivocamos el diagnóstico, mal podremos dar con la solución. La libertad de expresión en la lucha política no debería amparar lo que, simplemente, es falso; es, al menos, mi concepto de libertad de expresión, que ya veo que no coincide con el de algún togado. Pero que sepa Su Señoría que, por mucho menos, a algunos periodistas nos ha caído una buena encima, según dictamen de algún otro juez, catalán, por supuesto.
