MADRID, (OTR/PRESS)
Artur Mas pretende que su sobrevenido independentismo y los costes que para el erario público supuso su referéndum de pacotilla del 9N le salgan gratis total. Y es una ambición que comparte con la presidenta del Parlament (en funciones), Carme Forcadell, el expresident Puigdemont y otros dirigentes de la simbólica República catalana.
No contento con la aportación de dos millones doscientos mil euros, que generosamente ha donado para su causa la Asamblea Nacional de Cataluña, pretende ahora que todos los que votaron en su referéndum pongan «generosamente» dinero de sus bolsillos para que no le embarguen los bienes. Solo le falta salir a la calle con una hucha y hacer una colecta por las Ramblas.
De nada ha servido el aplazamiento que solicitó al Tribunal de Cuentas. Las organizaciones independentistas, que tan generosas aportaciones recibieron del Gobierno de Junts pel Si, no dan abasto para pagar fianzas con las que sacar de la cárcel los dirigentes que prepararon la desconexión de España y consideran que Artur Mas ya ha recibido todo lo que le correspondía. La Justicia investiga, además, si el dinero donado no proviene de una subvención pública, porque, de ser así, la multa la pagaríamos todos de nuestros bolsillos y eso ya sería de traca.
Los ex dirigentes de la antigua Convergencia, tan acostumbrados en sus largos años de poder en Cataluña a financiarse por la vía del famoso tres por ciento o el Palau de la Música, no dan crédito a la posibilidad de tener que deshacerse de ese patrimonio familiar labrado de generación en generación por la burguesía catalana de la que forman parte.
En ese gratis total se incluye la saga-fuga de Puigdemont a Bruselas y el secreto sobre quien está pagando las facturas del viaje y estancia de ese presunto «Govern en el exilio» y del carísimo abogado que le asiste. ¿Su amigo Matallanas se hace cargo? Todo para no hacer frente a la responsabilidad penal de una independencia «simbólica» que va a costar a los catalanes la pérdida de más de dos mil empresas, varios puntos del PIB, el aumento del paro, el freno del turismo, el retroceso del consumo de las familias, e incluso que la Agencia Europea del Medicamento decida no instalarse en Barcelona como ya estaba resuelto.
¿Alguien será responsable de esta quiebra económica o no? Porque parece evidente que deberían devolver a los catalanes lo que han perdido en esta aventura irresponsable que solo ha dejado frustración a la gente de buena fe que creyó la sarta de mentiras y promesas de riqueza y bienestar que traería la independencia.
La crisis de Govern del pasado verano, en la que Puigdemont se vio obligado a cambiar varias consellerias, fue provocada precisamente por el temor a las sanciones económicas que manifestaron los miembros menos entusiastas con el «proces». Porque las fianzas de esta última semana son solo un anticipo de esas sanciones económicas que acompañarán al procesamiento penal. Aunque el final la acusación se quedase en sedición y no en rebelión.
Pagar va a tener que pagar. A menos que pretendan que la sociedad catalana sufrague los platos rotos de esa republica que fuese y no ha sido.
