España está en un momento crítico. La nación que fue motor de civilización, cultura y progreso hoy se enfrenta a la decadencia demográfica, económica e institucional más grave desde la muerte del General Franco. El declive no es azaroso ni inevitable; es resultado directo de políticas erradas, corrupción institucional y la descomposición moral y legal de sus élites. Este manifiesto no pretende someterse a consensos complacientes. No apela a sentimientos vacíos ni a discursos manidos. Propone, con rigor, sin ambages, un plan para devolver a España su fortaleza, su unidad y su prosperidad, desde la libertad y el mérito, no desde la resignación o el conformismo. No hay tiempo para medias tintas ni para concesiones al lenguaje burocrático o políticamente correcto.
Los empresarios, autónomos y profesionales liberales son sin duda alguna una parte de los españoles singularmente relevante. Se les reconoce como los verdaderos creadores de riqueza y empleo, pero a la vez sufren una imagen pública muy negativa: se les acusa de egoísmo, de buscar únicamente el lucro personal y de defraudar sistemáticamente al Estado, lo que les convierte en sospechosos habituales y objeto de envidia social. Esta percepción ha contribuido a que, en general, los empresarios, autónomos y profesionales liberales hayan optado por una actitud de discreción, conformismo o incluso de mirar hacia otro lado ante los grandes desafíos nacionales.
I. España necesita un proyecto nacional claro y firme
No hay recuperación posible sin un proyecto nacional sólido que priorice el interés general por encima de sectarismos y clientelismos. La defensa de la unidad territorial es condición indispensable para cualquier política eficaz. La soberanía nacional no puede ser moneda de cambio en debates ideológicos o autonómicos sin sentido. La prioridad es reconstruir un Estado fuerte, funcional y respetado, capaz de garantizar seguridad, justicia, estabilidad y desarrollo. Sin ello, todo esfuerzo será vano.
II. Economía y libertad: la base para la prosperidad
España requiere una economía dinámica basada en la libertad, la iniciativa privada, la responsabilidad y el mercado abierto. El exceso de regulación, la presión fiscal asfixiante y el control ideológico del Estado sobre sectores clave han destruido la capacidad productiva del país. Urge una reducción radical de impuestos para incentivar la inversión y el empleo, junto a la eliminación de trabas burocráticas. El proteccionismo, la subvención indiscriminada y las políticas de gasto público descontrolado han agotado recursos y minado la competitividad. Solo una economía libre y responsable puede crear riqueza duradera y puestos de trabajo estables.
III. Reforma institucional: Justicia independiente, poder limitado y… respeto a los pactos entre particulares.
Una democracia no se mide por el número de elecciones ni por su propaganda oficial, sino por la independencia real de sus instituciones. En España, esta independencia ha sido demolida por la colonización política del poder judicial y la conversión del Estado en una maquinaria al servicio de partidos. Es urgente una separación real de poderes, comenzando por la despolitización del Consejo General del Poder Judicial, que debe ser elegido por jueces, no por políticos. La justicia debe ser predecible, imparcial, rápida y ejecutiva: sus tiempos actuales son un atentado al derecho, y su dependencia del poder político una traición a la idea misma de justicia. Debe garantizar el respeto a los contratos entre particulares, a la propiedad privada, al derecho a la vida y a la libertad individual. La supresión de los aforamientos, que blindan a la casta política de la igualdad ante la ley, es otra exigencia inaplazable.
IV. Rendición de cuentas, responsabilidad y lucha contra la corrupción
La rendición de cuentas debe ser un pilar fundamental en la gobernanza. No puede existir democracia auténtica sin mecanismos efectivos que obliguen a gobernantes, cargos electos y funcionarios a responder ante la ley y la sociedad por sus actos. España necesita una Ley de Responsabilidad Política y Administrativa clara, rigurosa y efectiva, que contemple sanciones severas para quienes traicionen la confianza pública, malversen fondos o abusen de su cargo.
Para ello, es imprescindible restablecer instrumentos históricos de control, como los Juicios de Residencia, institución genuinamente española que durante siglos funcionó como un poderoso mecanismo para evaluar y sancionar la gestión pública tras la finalización de un mandato o cargo. Los “progresistas” del siglo XIX, autoproclamados “liberales”, eliminaron esta institución clave, debilitando la supervisión efectiva y facilitando la impunidad.
Es necesario crear una arquitectura institucional que disuada la corrupción: órganos independientes de fiscalización con capacidad real de investigación y sanción, protección efectiva a denunciantes, transparencia absoluta en la gestión pública y la implementación de medidas preventivas. Solo con estas garantías se podrá restaurar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y acabar con la impunidad que daña el Estado de Derecho.
V. Trabajo, formación y dignidad: una nueva política de empleo basada en el mérito y la capacitación real
El paro estructural y el bajo nivel de empleabilidad en España no se deben a un “modelo económico” inevitable, sino a décadas de políticas erradas. Es hora de sustituir el clientelismo de los subsidios por una política de capacitación laboral efectiva. La Formación Profesional debe ser prioritaria, orientada a las nuevas tecnologías, al sector industrial y a todas las áreas donde hoy escasean trabajadores cualificados. La educación no puede seguir produciendo legiones de titulados sin posibilidad real de empleo: hace falta cerrar facultades universitarias con empleabilidad nula y reorientar los recursos hacia lo útil. A nadie se le ocurre en un país serio mantener universidades donde hay más profesores, administrativos y bedeles que alumnos.
La Formación Profesional ha de dejar de ser el refugio de los alumnos expulsados del sistema educativo tradicional y convertirse en uno de los pilares fundamentales del renacimiento económico y productivo español. El modelo alemán, su conexión directa con la empresa y su orientación hacia el empleo, debe servir como referencia.
Hoy España sufre una paradoja insultante: cientos de miles de jóvenes sin empleo ni rumbo y al mismo tiempo miles de empresarios incapaces de encontrar técnicos especializados, fontaneros, soldadores, mecánicos, electricistas o informáticos. Es urgente reestructurar la FP para responder a las necesidades reales del mercado laboral, incorporando módulos vinculados a la automatización, inteligencia artificial, mantenimiento industrial, robótica, agricultura de precisión, logística y otras disciplinas estratégicas.
El turismo, uno de los motores estructurales de la economía española, debe contar también con una formación profesional de excelencia en hostelería. Si España es —nos guste o no— un país de camareros, más vale que sean los mejores del mundo. Es necesario prestigiar los oficios, formar técnicos e ingenieros si queremos industria, y profesionales competitivos en todos los sectores.
VI. España entera, no media España: repoblar el territorio, recuperar el campo y garantizar el agua
La España despoblada es consecuencia directa de la falta de estrategia nacional. Más del 80% de la población vive hacinada en el 20% del territorio. El resto de la nación se vacía y se muere. El campo se abandona. Los pueblos se hunden. Y con ellos desaparecen oficios, cultura, costumbres, y parte de la civilización.
El Estado debe invertir selectivamente en infraestructuras de telecomunicaciones y de transporte para facilitar que los ciudadanos puedan establecer su vida productiva y familiar en la llamada España vacía.
Debe facilitarse fiscalmente la actividad agrícola, ganadera y forestal, así como cualquier iniciativa empresarial que se asiente fuera de los núcleos urbanos congestionados.
El acceso a la educación, sanidad, servicios digitales y conectividad no debe depender del código postal.
Pero no se trata de regalar subsidios, sino de suprimir obstáculos: impuestos, trabas, regulaciones, y un aparato burocrático que ha estrangulado históricamente la iniciativa rural.
Urge una política territorial realista, que combine incentivos fiscales, conexión digital, desarrollo de industrias agroalimentarias y servicios públicos mínimos. La recuperación del campo debe ir unida al cuidado del medio físico: limpieza de cauces, barrancos, torrenteras; mantenimiento de bosques y cortafuegos; prevención de incendios mediante el empleo rural en tareas de conservación. La política hidráulica requiere también un Plan Hidrológico Nacional que conecte cuencas, amplíe regadíos y modernice infraestructuras.
España necesita un Plan Hidrológico Nacional que racionalice los recursos hídricos, modernice regadíos, una cuencas y garantice el reparto de agua para todos los españoles.
Los ríos y torrentes deben limpiarse sistemáticamente. Su abandono ha convertido las lluvias en catástrofes. Las imágenes de Valencia anegada son el resultado directo del desprecio a la ingeniería hidráulica. Igual ocurre con los incendios forestales: bosques convertidos en selvas intransitables y combustibles, sin limpieza, sin actividad, sin vigilancia. El fanatismo ecologista inoperante es parte del problema, no de la solución.
Estas tareas de limpieza y mantenimiento pueden generar empleo rural estable y útil, no ficticio, al servicio de un objetivo nacional: preservar y recuperar el territorio.
VII. Soberanía energética y transporte racional: ni apagones ni despilfarros
España ha hipotecado su soberanía energética al dogma de las renovables mal diseñadas. El país debe recuperar su capacidad para generar electricidad a bajo coste, de forma estable y autónoma. Para ello:
- Reactivación y construcción de nuevas centrales nucleares.
- Aumento del número de presas y aprovechamiento hidroeléctrico mediante turbinas.
- Eliminación de trabas ideológicas al uso racional del gas, el carbón y el uranio disponible.
El país no puede vivir sometido al chantaje de terceros ni al delirio de producir energía solo cuando sopla el viento o brilla el sol. La energía debe ser un factor de competitividad nacional, no un lastre regulatorio.
España debe recuperar su soberanía energética. Eso pasa por invertir en tecnologías eficientes y disponibles: centrales nucleares, saltos hidroeléctricos, turbinas en presas y caudales útiles. No podemos seguir confiando el futuro energético nacional a ideologías que nos condenan al apagón, la dependencia y la factura inasumible.
VII. Transportes: más cercanías y menos AVES vacíos.
La política ferroviaria española es un ejemplo de gigantismo improductivo. Se han priorizado trenes de alta velocidad que conectan capitales sin atender a las necesidades reales de los ciudadanos. El AVE no transporta mercancías. Los trenes regionales se caen a pedazos.
- Coordinación entre modos de transporte, evitando duplicidades y absurdos planificados por comisiones partidistas, la red ferroviaria necesita una revisión estratégica: menos duplicidades y menos megalomanía en líneas de alta velocidad sin usuarios, más inversión en cercanías, transporte de mercancías y vertebración del interior peninsular.
- Prioridad inmediata a trenes de cercanías, corto recorrido y mercancías.
- Revisión completa de rutas y conexiones en función de rendimiento, utilidad y coste por pasajero o tonelada transportada.
IX. Fuerzas Armadas: defensa nacional, no aventuras exteriores
Las Fuerzas Armadas españolas deben dejar de ser una organización humanitaria al servicio de la OTAN, la ONU o las ocurrencias de la agenda internacional. Su función constitucional es defender la soberanía nacional, la integridad del territorio y el orden constitucional.
Las Fuerzas Armadas no son una ONG ni un cuerpo de socorro internacional. Su mandato constitucional es la defensa de la integridad territorial, la soberanía y la legalidad nacional. Su participación en operaciones exteriores debe limitarse estrictamente a intereses nacionales claros y definidos. No puede seguir siendo una herramienta de diplomacia encubierta ni un instrumento servil de intereses ajenos al pueblo español. España debe recuperar el control de su política de defensa y poner fin a misiones internacionales financiadas de forma opaca, carentes de mandato legítimo o utilidad real.
- Repliegue selectivo de misiones internacionales que no respondan al interés nacional.
- Aumento del presupuesto en defensa real: equipamiento, adiestramiento y disuasión.
- Claridad doctrinal: el Ejército no está para construir pozos ni para ideologizarse. Está para luchar si es necesario, proteger al ciudadano y defender el país de agresiones procedentes del exterior.
X. Gasto público bajo control: menos Estado, más responsabilidad
España no necesita más ministerios, más observatorios ni más cargos políticos. Necesita una administración eficaz, austera y centrada en sus funciones esenciales. Es imprescindible suprimir organismos redundantes, reducir el número de asesores, eliminar duplicidades entre administraciones y someter todo gasto público a auditoría y control riguroso. No se puede exigir esfuerzo fiscal a los ciudadanos mientras se mantiene un aparato político improductivo y clientelar.
XI. Demografía y natalidad: prioridad nacional
Sin niños no hay futuro. Sin relevo generacional no hay pensiones, ni productividad, ni nación. España debe declarar la emergencia demográfica y aplicar una política activa de fomento de la natalidad. Ayudas directas a las familias, incentivos fiscales por hijo, conciliación laboral real, etc. No se puede sustituir el invierno demográfico con inmigración descontrolada: es injusto para todos y destructivo para la cohesión social.
XII. Reconstrucción nacional: prioridades, deberes, límites y libertad
España necesita un proyecto de reconstrucción nacional basado en principios firmes: libertad individual, unidad territorial, mérito, igualdad legal para todos (independiente de dónde uno nazca o dónde habite) y orden institucional. No hay comunidad política viable sin autoridad legítima, ni autoridad sin límites claros. Hay que devolver al ciudadano su libertad, al Estado su función legítima, y al país su autoestima. Esta es la hora de reconstruir, no de repartir eslóganes.
Epílogo: por una España libre, fuerte, próspera y unida
Este manifiesto no pretende agradar a nadie, ni encajar en los moldes del consenso socialdemócrata. No se escribe para el aplauso fácil, sino para despertar conciencias. España puede volver a ser una gran nación, pero no lo será si no rompe con la mentira, el conformismo y la cobardía institucional. Libertad, justicia, propiedad, mérito, orden y verdad: he ahí la base de la regeneración.
Y, ya para terminar, una última reflexión:
La regeneración de España exige la implicación de personas decentes, con vocación de servicio, experiencia de gestión y una trayectoria profesional intachable. La implicación de líderes que les duela España, personas ejemplares, que posean espíritu de sacrificio y servicio, excelencia profesional, honor, lealtad y sentido del deber… es por ello que este manifiesto pretende ser un llamamiento a la movilización de los empresarios, autónomos y profesionales liberales para que abandonen su “zona de confort” y asuman su responsabilidad histórica. Es imprescindible que dejen de mirar hacia otro lado, y se comprometan activamente en la defensa de España… La regeneración de España sólo será posible si los empresarios, autónomos y profesionales liberales abandonan el conformismo y asumen el liderazgo que la situación exige.
