El Juzgado nº4 de Catarroja encarga un informe a la UCO y luego lo rechaza porque no coincide con su opinión: así funciona cierta justicia cuando los datos estorban a la ideología o la conveniencia política.
En la España del siglo XXI –en la del Gobierno sanchista de «coalición progresista»– la independencia judicial ya no se mide únicamente por la ausencia o no de presiones externas, sino por la voluntad —o la falta de ella— de algunos jueces para aceptar hechos incómodos, aunque vengan de cuerpos tan solventes y reconocidos como la «Unidad Central Operativa» (UCO) de la Guardia Civil.
El último y lamentable ejemplo nos lo brinda su señoria Nuria Ruiz Tobarra– la jueza decana del juzgado número 4 de Catarroja– quien decidió encargar un informe a la UCO sobre las posibles negligencias cometidas por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la gestión de los avisos previos a la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que arrasó parte de la Comunidad Valenciana y algunos pueblos de Castilla-La Mancha. Hasta aquí, todo parece correcto: como es buscar responsabilidades ante una posible y grave cadena de omisiones y descoordinaciones que ha costado 227 víctimas mortales así como perdidas materiales millonarias.
Pero lo más surrealista llega después: cuando la UCO –con su meticulosa profesionalidad y rigor científico y sin más agenda que la de esclarecer los hechos acaecidos– le entrega un informe completo, detallado, objetivo… y la jueza lo rechaza. ¿El motivo? No coincide con “sus solidas apreciaciones juridicas”. No con los hechos probados, no con otras pruebas judiciales, no con dictámenes forenses ni con peritajes contradictorios. No. Simplemente, el informe no cuadra con su visión subjetiva del asunto y, por eso no le gusta y lo rechaza.
La justicia –que debería ser el baluarte de la imparcialidad– se ve nuevamente prostituida por el capricho y la prepotencia de quien –revestida con toga– se cree por encima de la razón, de la lógica, de la realidad empírica e, incluso, de la propia justicia. Porque, lo que ha hecho esta jueza, no es solo un desaire a toda la Guardia Civil, sino un insolente acto generalizado de desprecio institucional de primera magnitud. ¿Para qué encarga entonces un informe técnico si luego lo va a desdeñar por no ajustarse a sus prejuicios y preferencias personales…?
Lo que se esconde tras esta paradójica actitud no es una mera discrepancia jurídica. Es una señal alarmante de cómo ciertas instancias judiciales prefieren encajar los hechos dentro de su narrativa personal en lugar de ajustar sus decisiones a las pruebas objetivas. En este caso, la UCO, –que no es sospechosa de frivolidad investigadora alguna ni de parcialidad– ha señalado una posible responsabilidad por omisión de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
No hablo de criminalizar a los meteorólogos, ni de juzgar los designios del cielo, sino de valorar si hubo negligencia en los tiempos de reacción, en los protocolos de aviso o en la coordinación entre organismos oficiales especializados.
¿Y qué hace la jueza…? Pues convertir el proceso en una «tragicomedia judicial» al desechar el trabajo de quienes sí han hecho su labor con rigor, valentía y «secundum legem». Porque conviene recordar que, cuando el río baja sucio, muchos prefieren no mirarlo y mucho menos bañarse en el, sobretodo si lo que salpica no es agua y puede comprometer a las instituciones dependientes del Gobierno de turno.
Este tipo de actuaciones –lejos de ser anecdóticas– reflejan un patrón inquietante: hay jueces en España que no buscan la verdad, sino confirmar su propio relato; no instruyen con el ánimo de esclarecer, sino con el afán de confirmar. Y cuando los hechos les contradicen, optan por ignorarlos o enterrarlos bajo toneladas de farragosa e inútil burocracia judicial.
No podemos callar ante este tipo de decisiones que erosionan la credibilidad de la justicia y convierten los procedimientos en una pantomima burlcratica. Porque si un informe de la UCO –solicitado por la propia titular del Juzgado– puede ser, sin más, descartado por no coincidir con la «visión personal» de la jueza, ¿en qué manos está la garantía de la imparcialidad de la justicia…?
¿Es esta la misma justicia que se lamenta de la desconfianza ciudadana y del deterioro de su imagen pública? ¡Pues que no se extrañe!. ¿Cómo van a confiar los ciudadanos en un sistema en el que se ignora cualquier informe técnico, se prejuzga sin pruebas o se instruye en función de sus filias o fobias ideológicas y/o institucionales?
La Confederación Hidrográfica del Júcar –como cualquier otro organismo público– debe estar sujeta al escrutinio judicial cuando hay indicios de que su actuación —o su inacción— pudo contribuir a un grave desastre humano y material. Pero lo mínimo que se espera de una jueza es que tenga la decencia de reconocer el trabajo de una de las mejores unidades de élite de la Guardia Civil y, a la vez la vergüenza de no manipular el proceso al antojo de su particular y sesgada percepción.
Resulta lamentable que el prestigio de la UCO –cuya labor ha sido clave en la investigación de redes criminales, tramas de corrupción y grandes causas judiciales– se vea ninguneado y menospreciado por la ceguera selectiva de una «magistrada togada» que prefiere — por motivos espurios– no molestar al adllegado círculo del «puto amo», antes que cumplir con su justo y obligado deber.
Mientras tanto, los afectados por la DANA —que no son pocos y que siguen esperando respuestas, no consignas, no gestos, ni formalismos– quieren saber si alguien falló, dónde, cuándo, cómo y por qué… Si alguien omitió alertas y si alguien pudo evitar lo peor y no lo hizo. Y para ello, el informe de la UCO era una herramienta útil, seria y necesaria.
Pero ya se sabe: en España, cuando la verdad incomoda, siempre hay alguien con toga dispuesto a enterrarla, aunque sea desde el estrado.
