Quedan pocos días para terminar el año 2025. Echo la vista atrás y siento una profunda tristeza por las mujeres asesinadas en España por sus esposos, novios o compañeros sentimentales. Durante 2025, según los registros oficiales más recientes, han muerto 41 mujeres, de las cuales 21 eran de nacionalidad española, víctimas de disputas conyugales o de pareja.
Al mismo tiempo, hay que sentir una inmensa pena por los cerca de 30 hombres asesinados por sus mujeres o compañeras sentimentales, incluyendo casos de parejas homosexuales masculinas, que año tras año siguen siendo invisibilizados en la narrativa oficial y en las estadísticas selectivas.
1. Contexto histórico y registros oficiales
España comenzó a registrar la violencia doméstica desde 1997, documentando tanto hombres como mujeres víctimas de homicidios y agresiones en el ámbito familiar. En esos primeros años, el número de adultos muertos por disputas conyugales rondaba cien anuales, con entre el 55 y el 65% mujeres y el resto hombres.
La promulgación de la Ley Orgánica 1/2004 y la creación del Observatorio contra la Violencia de Género introdujeron un sesgo metodológico: solo se contabilizan mujeres víctimas de hombres en relaciones sentimentales, excluyendo:
- Mujeres víctimas de otras mujeres.
- Ancianos y niños de ambos sexos cuando la violencia la ejerce una mujer.
- Hombres víctimas de otros hombres en relaciones homosexuales.
- Hombres víctimas de sus esposas, novias o compañeras sentimentales.
Esta manipulación ha permitido la creación de un problema percibido, aumentando presupuestos, subvenciones y creación de empleo público, mientras se descuida la protección de otras víctimas y la persecución de la verdadera delincuencia.
2. Comparativa con otras causas de mortalidad
Para dimensionar la magnitud real del fenómeno:
- Consumo de tabaco: más de 60.000 muertes anuales.
- Consumo de alcohol (no relacionado con accidentes de tráfico): más de 13.000 muertes anuales.
- Aproximadamente 300.000 jóvenes entre 19 y 28 años sufren problemas graves de alcoholismo.
- Accidentes de tráfico: unos 90.000 al año, con aproximadamente 4.000 víctimas mortales y 135.000 heridas, 15 veces los fallecidos en los atentados del 11-M.
- Accidentes domésticos en menores de 15 años: más de 700.000 afectados, alrededor de 1.000 con resultado de muerte.
- Accidentes laborales: cerca de 1.000.000, de los cuales 1.000 resultan mortales.
- Negligencias médicas: entre 500 y 600 muertes anuales.
Comparativamente, los asesinatos de mujeres por sus parejas representan cifras mínimas, situando a España como uno de los países con menor mortalidad femenina por violencia doméstica en la Unión Europea.
3. Invisibilización de otras víctimas en 2025
El enfoque exclusivo en mujeres víctimas de hombres crea una narrativa distorsionada:
- Más de la mitad de los varones que ejercen violencia mortal sobre sus parejas son extranjeros, pero esto rara vez se menciona.
- La mayoría de los menores asesinados (más de dos terceras partes) son víctimas de sus madres.
- Entre los suicidios, aproximadamente 700 mujeres se quitan la vida, pero también lo hacen casi 3.000 hombres, de los cuales 1.000 sufrieron denuncias falsas, desahucios o separación de hijos.
- En el ámbito familiar, la mayoría de los ancianos asesinados lo son por sus nueras o hijas.
- La mortalidad por envenenamiento accidental afecta principalmente a hombres (80%) y a mujeres en menor medida (20%).
- La situación de las personas sin hogar sigue siendo crítica: alrededor de 25.000, de los cuales el 82,7% son hombres, mientras hay más de 4 millones de viviendas vacías.
- La prostitución forzada afecta tanto a mujeres como a hombres, pero la atención mediática y estatal se centra casi exclusivamente en mujeres.
- Miles de niños y niñas se ven expulsados de la vida de sus padres tras divorcios y custodias exclusivas concedidas a las madres.
- La cifra de abortos en 2025 ronda los 100.000, agravando la situación demográfica de España, una de las poblaciones más envejecidas del mundo.
4. Matemáticas feministas emocionales
Este conjunto de datos refleja cómo operan las matemáticas feministas emocionales:
- Selección de cifras y víctimas para generar alarma y justificar políticas.
- Exageración de la percepción social, con un enfoque únicamente en mujeres víctimas de hombres.
- Uso de polilogismo y medias verdades, amplificando emociones y justificando presupuestos millonarios, creación de empleo público y subvenciones masivas.
El resultado es que la opinión pública percibe un problema de magnitud inconmensurable cuando, objetivamente, los números muestran que la violencia letal en parejas y familias en España es relativamente baja.
5. Censura de facto del estudio europeo
La Encuesta Europea sobre Violencia Basada en Género (EU‑GBV Survey, 2024) sitúa a España como uno de los países donde menos violencia sufren las mujeres y donde son mejor tratadas, tanto en relaciones de pareja como frente a cualquier agresor.
Sin embargo, en España, el gobierno y el lobby feminista de género español intentaron evitar por todos los medios que estos resultados se conocieran. Esta es una censura de facto, y aunque los datos existen, siguen sin ser divulgados en medios principales ni debatidos públicamente.
6. Perspectiva positiva y reflexión final
España posee legislación avanzada para la protección de mujeres, pero:
- Se invisibilizan víctimas de otros grupos (hombres, ancianos, niños, mujeres víctimas de mujeres, relaciones homosexuales).
- Se prioriza la explotación mediática y política de estadísticas sesgadas.
- Se genera la percepción de un problema mayor de lo que objetivamente es, creando un mercado de subvenciones, empleo público y gasto político basado en un problema parcial.
A pesar de ello, España es uno de los países de la UE donde la violencia doméstica real es menor, y donde los hombres respetan más a sus esposas, novias y compañeras. Los países nórdicos, Alemania o Gran Bretaña, considerados “civilizados”, encabezan el ranking de violencia doméstica y conyugal.
Conclusión: debemos reconocer todas las víctimas, cuestionar las matemáticas emocionales feministas y promover políticas inclusivas que protejan a todos los miembros de la sociedad, sin distinción de sexo, edad u orientación sexual.
