Hubo una recaudación ilegal de recursos públicos para financiar campañas y sobornar a dirigentes
La Corte Suprema de Brasil negó las apelaciones del extesorero del Partido de los Trabajadores (PT) Delubio Soares, primer político condenado en el «juicio del siglo» que queda con sentencia firme, de ocho años y once meses de cárcel.
Soares fue el primer integrante del llamado «núcleo político» de una vasta red de corrupción que operó entre 2002 y 2005 al que los magistrados del Tribunal Supremo le rechazaron los recursos con los que pretendía lograr una reducción de la pena.
ESCÁNDALO DENUNCIADO EN 2005
El caso se refiere a un escándalo denunciado en 2005, durante el primer mandato del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fue juzgado por el Supremo el año pasado y concluyó con 25 políticos y empresarios condenados a penas que, sumadas, llegan casi a 280 años de cárcel.
Según consideró probado la corte, cuando Lula ganó por primera vez las presidenciales, en 2002, el PT estructuró una vasta red de recaudación ilegal de recursos públicos que sirvió para financiar campañas y sobornar a dirigentes de cuatro partidos, que le dieron al Gobierno la mayoría parlamentaria que las urnas le habían negado.
Soares, como tesorero del PT en la época, «practicó actos que son altamente reprobables» y su participación fue plenamente demostrada, aseguró hoy el presidente del Tribunal Supremo, Joaquim Barbosa.
ASUMIÓ SU CULPA
En la época en que se denunció el escándalo, Soares asumió su responsabilidad, pero intentó reducir el caso a una financiación ilegal de campañas, que habría limitado el asunto a ilícitos electorales ya prescritos y ajenos a la órbita penal del Supremo.
Sin embargo, la tesis de Soares no convenció a los magistrados, que consideraron probado que el dinero recaudado por el PT no sólo había sido ocultado de las autoridades electorales y tributarias, sino que además tenía origen público y se había usado para sobornar al menos a diez dirigentes y diputados de cuatro partidos políticos.
En las apelaciones juzgadas y rechazadas por el tribunal, el extesorero alegó que la corte desestimó algunos testigos presentados por su defensa y que se habían omitido «pruebas» sobre su supuesta inocencia, por lo que solicitaba una reducción de la pena.
Por unanimidad, los jueces negaron esos recursos, con lo que la pena de ocho años y once meses de prisión ya se considera firme y deberá ser ejecutada una vez que concluya la fase de apelaciones y se publiquen las sentencias definitivas.
En el caso de Soares, la pena deberá ser cumplida en régimen de reclusión, que las leyes brasileñas reservan para los condenados a más de ocho años de prisión. Las normas establecen que un reo castigado a entre cuatro y ocho años debe cumplir la pena en un régimen semi-abierto y quien recibe menos de cuatro años puede optar por servicios comunitarios.
