La Fiscalía de Ourense recibió 17 denuncias por corrupción durante el año 2013, lo que supone un «aumento» que atribuye al «efecto llamada» provocado por la investigación abierta al expresidente de la Diputación José Luis Baltar, iniciado en 2012 y que supuso «un revulsivo en la vida político-social de la provincia».
Son datos de la Memoria de la Fiscalía de Ourense del pasado año, que consta de casi 200 folios en los que se desgranan los datos y claves del funcionamiento de todos los aspectos relacionados con la actividad de los fiscales en la provincia.
«Se observa un incremento de denuncias relativas a la corrupción política y en las administraciones y prueba de ello son las 16 denuncias por prevaricación administrativa y la querella por malversación», se recoge en el texto, en el que se interpreta que el caso Baltar ha provocado «una creciente confianza de la sociedad civil» en la Fiscalía.
En cuanto a las denuncias presentadas, en la memoria se detalla que siete de ellas fueron archivados y se destaca que uno de los denunciados fue el delegado provincial del Ministerio de Fomento, por «la presunta existencia de una trama de corrupción para contratar los servicios de conservación de las carreteras estatales».
En cuanto a la que alerta de un posible caso de malversación de caudales públicos, atañe a la «eventual utilización ilícita de fondos públicos por parte del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Ourense».
Entre los temas de mayor presencia social, se encuentran las denuncias por la comercialización indebida de participaciones preferentes, de las que, en 2013, Fiscalía recibió dos «que fueron archivadas». En 2012, apunta, hubo más, que fueron remitidas a la Fiscalía Superior porque allí se centralizaron las actuaciones en esa materia.
CARENCIAS REITERADAS
En el apartado de conclusiones, la Fiscalía pone de manifiesto el problema de la «falta absoluta» de personal y personal en el equipo psicosocial que elabora los informes derivados del derecho de familia, pues para toda la provincia de Ourense sólo cuenta con un psicólogo y un trabajador social.
Otra carencia, «injustificada» para el ministerio fiscal, es la ausencia de una oficina de atención a las víctimas, que son atendidas «por el fiscal al que acuden, pero lógicamente su debida atención no puede recaer sobre una sola persona».
Además, considera «especialmente sangrante» la situación de los juzgados que no están en la ciudad de Ourense por la falta de médicos forenses. «Son tan limitados en número que muchas veces hay que convertir en diligencias previas lo que podría ser un juicio rápido, si pudiesen intervenir de forma inmediata», subraya.
Y lo mismo ocurre con los peritos tasadores de daños, «muchas veces suplidos por la imaginación policial acudiendo a todo tipo de personas que puedan hacer una valoración», imprescindible para tipificar delitos y concretar responsabilidades civiles.
