Con moderado estupor -la actualidad en España me recuerda cada vez más al camarote de los hermanos Marx-, leo este titular en Periodista Digital: «Se lleva una paliza de su mujer y le detiene la policía por ‘violencia psicológica’»
28.01.06 @ 19:49:48
Adrián Ramos (Periodista Digital).- Es una de las sangrantes consecuencias la aplicación literal de la ley de violencia de género, pero «así está el mundo», señalan funcionarios policiales.El jueves, un vecino del madrileño barrio de Vallecas acudió magullado a la comisaría de Policía para denunciar la paliza que acababa de recibir de su mujer y pedir una orden de alejamiento contra ella.
Pero la esposa, enterada de que su marido iba a denunciarla, se personó en la misma comisaría y denunció a su vez al marido por ‘maltrato psicológico’.
Inmediatamente la policia procedió a detener al marido, esposarle y encerrarle en el calabozo y dejar en libertad a la mujer. «Así está la ley», señala uno de los agentes a PERIODISTA DIGITAL.
El juicio se celebró ayer y en el Juzgado de Violencia de Género número 3 de Madrid no salían de su asombro cuando pasaron a disposición al marido esposado como un delincuente peligroso.
El juez ordenó su inmediata puesta en libertad tras declararle absuelto. Respecto de la esposa, el juez ha abierto un proceso contra ella por un delito de maltrato y por otro de denuncia falsa.
En breve será ella quien tenga que sentarse en el banquillo de los acusados, pero a diferencia de su marido no irá al juicio ni detenida ni esposada.
Aberraciones legales tan clamorosas como la descrita me dan pie para escribir este artículo, consciente de que mis opiniones pueden ser consideradas como exponente de lo políticamente incorrecto. Que algunos -y algunas más- las interpretarán como una exaltación del «machismo», como una reprobable defensa de vulgares delincuentes y, quién sabe, si hasta como justificación de sus depravadas conductas. A pesar del evidente riesgo, por motivos éticos, por honradez intelectual y respeto a la Ley, estoy firmemente decidido a que estas reflexiones contribuyan, modestamente, a ensalzar y valorar algo tan frágil como es la dignidad humana. Incluso la de presuntos -o convictos- delincuentes. Aunque sean varones.
Una vez hecha esta declaración de principios, que adelanto con la sana intención de ponerme la venda antes de recibir alguna pedrada -que todo puede pasarle a quién no mantiene la boca cerrada-, paso a contarles lo del brazalete de doña Espe, apócope que, en tono cordial y castizo -como corresponde al pueblo de Madrid- uso para referirme a la Excma. Sra. Doña Esperanza Aguirre Gil de Biezma, actual presidenta de la Comunidad de Madrid.
Desde el pasado 1 de enero la Comunidad de Madrid dispone de su propia Ley Integral contra la Violencia de Género, de acuerdo con el catálogo de competencias que le otorga la Constitución Española (artículo 149.3) y que desarrolla su Estatuto de Autonomía. Esta ley -adaptación autonómica de la Ley Orgánica I/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género– extiende la consideración de víctimas a las mujeres que padezcan malos tratos tanto en el ámbito familiar y afectivo como en el laboral y social, así como a los hijos que hayan sido testigos de las agresiones. Asimismo, prevé que el Observatorio Regional de la Violencia de Género sea el órgano integrador de las políticas contra la Violencia de Género que se lleven a cabo en el ámbito de la Administración Regional, coordinando todos los recursos contra los malos tratos -a las mujeres se entiende-, y la atención a las víctimas, de género femenino, exclusivamente.
Porque, lamentablemente, la ley promulgada en la Comunidad de Madrid -y patrocinada por el PP-, no corrige ninguno de los vicios legales de la Ley Orgánica de la que procede. Fundamentalmente tres. Primero, no tiene garantías de constitucionalidad, al no atender las consideraciones que, con ese fin, formularon los Órganos Consultivos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social. Segundo, es discriminatoria. Las amenazas y coacciones son delito cuando las comete un hombre y sólo una falta cuando las comete una mujer. Es una barbaridad legal y jurídica que se contemplen delitos sólo para hombres. Tercero, la Ley no protege a las personas mayores, ni a las que padecen algún tipo de discapacidad. Estas personas son especialmente vulnerables al no poder, en muchos casos, ni siquiera interponer una denuncia por sí mismas.
Las graves lagunas que lastran la ley –aceptando la buena intención del legislador de tratar de erradicar la terrible lacra social de la violencia en el ámbito doméstico y familiar- se resumen en el empleo, un tanto artificioso -aunque políticamente correcto- del calificativo «de género», por cuanto la denominación de Ley Integral contra la Violencia Masculina reflejaría con mayor rotundidad el espíritu con el que nace, y los objetivos que pretende alcanzar la ley que acaba de entrar en vigor, responsable de decisiones judiciales tan irritantemente absurdas como la noticia que da pie a este artículo.
El uso masivo del calificativo «de género» en los textos legales -no digamos ya en el lenguaje ordinario-, es otro ejemplo de lo que se ha dado en llamar corrupción del lenguaje, que aparta del uso cotidiano conceptos tan clarificadores como los de violencia familiar o doméstica, para instalar en su lugar el de violencia «de género», no sé si para evitar que la trasparencia preste cierta objetividad al drama, y que algún despistado pueda llegar a pensar que también hay muchos varones que son víctimas mortales de malos tratos -familiares o domésticos- que, como se sabe, no son términos sinónimos. Así, hablando en su lugar de violencia «de género», se cubren las apariencias, pero todos entendemos que desde el Observatorio de la Violencia de Género lo que se va a escudriñar es la violencia que sufre solamente uno de los «géneros». El femenino.
Tan es así que, como propuesta innovadora, el Gobierno de la Sra. Aguirre ha promovido la implantación a los maltratadores (nada se dice de las maltratadoras), de unos brazaletes -«sistemas tecnológicos de detección de proximidad», como los denomina el artículo 24 de la Ley- dotados de sofisticados elementos electrónicos que permitirán su identificación en todo momento y controlarán sus movimientos, de manera que cuando incumplan la orden de alejamiento, que en su caso se les haya impuesto, o cuando intenten quitárselo -o, simplemente, cuando las presuntas víctimas aprieten un botón-, automáticamente se activarán, conectando con las unidades policiales de vigilancia creadas al efecto. Y serán detenidos.
Sin prejuzgar las intenciones de los autores del invento -joya de la más alta tecnología, fabricada en Israel por la empresa Elmo Tech LTD-, la medida en cuestión -cuya aplicación final estará en manos de los jueces- plantea serias dudas éticas, morales, jurídicas y constitucionales. Porque, a bote pronto, es lo más parecido al chip y al código de barras que, «para su bien», implantamos en nuestras mascotas y animales salvajes. Pero resulta que hasta los varones son también -somos también- seres humanos. Y algunos hasta víctimas, como el hombre de Vallecas. E implantar tal artilugio -de momento con carácter removible-, en un ser humano vulneraría su dignidad como persona. Así como principios y garantías fundamentales que reconoce y ampara nuestra Constitución, como los de igualdad, de no discriminación por razón de sexo, el de presunción de inocencia, el de privacidad y hasta el principio de reinserción social. Entre otros.
Por otro lado, en el caso improbable -eso espero- de que la implantación de los brazaletes sea aprobada por nuestros jueces, albergo serias dudas de que éstos extendieran su uso a los delincuentes de guante blanco, a los criminales y violadores. A los terroristas -presuntos o convictos-, a todos los delincuentes en libertad provisional; a los asesinos de toda ralea, ya estén presos o en libertad; a las jóvenes que destripan a sus amigas; al que asesina mientras duermen a sus padres y hermana con un katana y ya está en la calle; al tristemente célebre asesino de la baraja; a las mujeres que apuñalan a sus hijos recién nacidos y los tiran a la basura, o aquellas otras que ahorcan a sus hijos pequeños con un cable de teléfono. Y también a quienes abandonan a sus mayores en una gasolinera, o les dejan morir de soledad en un sórdido piso de cualquier barrio, de cualquier ciudad…
Lo siento, pero a mí los brazaletes de doña Espe, inevitablemente, me recuerdan a la estrella de David. Esa que los nazis obligaban a llevar a los judíos en sus vestimentas, para identificarles y tenerles controlados, bajo penas severísimas si no lo hacían.
Claro que hay que combatir el crimen y la delincuencia. Pero con la ley en la mano. Con objetividad, con la máxima firmeza y energía, pero sin atajos ilegales que pongan en duda la propia existencia de un Estado de Derecho. Con todas las garantías jurídicas. Sin baratas concesiones a la demagogia -bajo el manipulable sofisma del clamor social-, o el aplauso fácil en busca de un puñado de votos. Y que todo el peso de la Ley recaiga sobre sus infractores, sin excepciones, sin distinción de sexo, estado o condición social.
(*) Por su triste actualidad publico una reedición de este artículo, recogido en su día en diferentes medios de prensa, a propósito de la implantación en la Comunidad de Madrid de unos brazaletes para maltratadores -«sistemas tecnológicos de detección de proximidad»- a propuesta de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid.
