Los derechos del hombre en el divorcio: paga y calla

¿Tienen los mismos derechos el hombre y la mujer en un proceso de divorcio? El verdadero problema de los varones que hoy día se enfrentan al divorcio es la inicua ley integral contra la violencia «de género» (LIVG) -buque insignia de las totalitarias doctrinas «de género» y sus derivadas perversas-, enquistada en la casta política. Y en consecuencia en un sistema judicial aberrante, dependiente y sumiso al poder político.

Por tanto, las resoluciones judiciales en los divorcios contenciosos -la inmensa de los divorcios lo son-, están impregnadas, cuando no son consecuencia directa de la aplicación de esos planteamientos de presunta «violencia machista», los mismos que utilizan los medios de comunicación de masas como eficacísimas correas de transmisión de la corrección política (propaganda pura y dura) para su manipulación y adoctrinamiento.

O sea, que a la estigmatización social que provoca la ley de violencia «de género» sobre el varón considerándole, de entrada, sospechoso de «maltrato machista» mediante la perversión jurídica de invertir la carga de la prueba -en aras del concepto antijurídico de la discriminación «positiva», vulnerando clamorosamente el principio universal de presunción de inocencia y aún el de igualdad ante la ley (art. 24 y 14 CE), negándole, asimismo, unas habilidades parentales que tiene que demostrar, cuando a la madre se le suponen y siempre en mayor grado-, se suman, por increible que parezca, las recomendaciones del CGPJ para que los jueces descalifiquen el Síndrome de Alienación Parental (SAP) como algo inexistente, producto maquiavélico de la imaginación desbordada de padres «maltratadores». Varones, naturalmente.

De esta manera, el padre que lucha, no ya por la custodia de sus hijos -meta utópica mientras no se derogue la ominosa LIVG- sino simplemente para que se cumpla un régimen de visitas digno y su derecho natural a la patria potestad, por no hablar de un reparto equilibrado de las cargas económicas tras el divorcio, lo tiene muy crudo. Como intente alegar la existencia de un SAP como causa real del incumplimiento de sus derechos de visita o de patria potestad sobre sus hijos, el sistema judicial (jueces, fiscales, equipos psicosociales…, y por supuesto, su ex mujer y sus abogados) le mirarán con recelo como presunto pedófilo. Eso si previamente la abnegada madre -debidamente aconsejada-, no le ha acusado de abusos sexuales a sus hijos y ya hay materia judicial «opinable», por falsa que sea, para alimentar a la fiera.

Si a eso le sumamos unos abogados de parte poco competentes en general, nada comprometidos y menos motivados, pero bastante pasotas y resignados frente a lo que ya tienen asumido como un mal jurídico inevitable, el resultado será que los varones siempre fracasarán al pretender que se respeten sus derechos como padres, estrellándose una y otra vez contra los muros de los juzgados.

En definitiva, tras su calvario judicial a los padres divorciados sólo les quedan dos «derechos»: pagar y callar.

Autor

Antonio Cabrera

Colaborador y columista en diversos medios de prensa, es autor de numerosos estudios cuantitativos para la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) y la Secretaría de Estado de la Defensa (SEDEF) en el marco del Comercio Exterior de Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso y de las Relaciones Bilaterales con EE.UU., así como con diferentes paises iberoamericanos y europeos elaborando informes de índole estratégica, científico-técnica, económica, demográfica y social.

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Colaborador y columista en diversos medios de prensa, es autor de numerosos estudios cuantitativos para la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) y la Secretaría de Estado de la Defensa (SEDEF) en el marco del Comercio Exterior de Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso y de las Relaciones Bilaterales con EE.UU., así como con diferentes paises iberoamericanos y europeos elaborando informes de índole estratégica, científico-técnica, económica, demográfica y social.

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