Han transcurrido 20 años desde que un juez de Almería detuvo las obras del hotel El Algarrobico, que estaba a punto de inaugurarse en la playa de Carboneras.
Este coloso, que cuenta con 20 plantas y 411 habitaciones, se erigió sobre suelo protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y a escasos 14 metros del mar, todo ello con una licencia municipal otorgada en 2003.
Hoy, a fecha 21 de febrero de 2026, permanece como un esqueleto oxidado, un símbolo del desmadre inmobiliario que caracterizó el auge del ladrillo en España.
En febrero de 2025, María Jesús Montero, quien ocupa el cargo de vicepresidenta y nueva secretaria general del PSOE andaluz, recorrió el lugar.
Durante su visita, prometió «medidas inmediatas», lo que incluía la expropiación de terrenos y la demolición en un plazo de cinco meses, siempre y cuando no surgieran «incidencias».
El Gobierno central se comprometió a declarar como utilidad pública las áreas en dominio público marítimo-terrestre y financiar el derribo para poner fin a este «atentado medioambiental».
Sin embargo, ese plazo ha pasado sin ningún avance significativo. Actualmente, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, reitera la necesidad de expropiar la mitad del edificio –aproximadamente 16.432 m²– e invita a la Junta de Andalucía a colaborar para abordar la otra mitad, situada en suelo no urbanizable protegido.
Litigios que no acaban
El juez Rivera, perteneciente al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Almería, ordenó la paralización el 21 de febrero de 2006 tras recibir un informe pericial. En ese momento, el hotel ya estaba al 94% construido y violaba tanto la Ley de Costas como las normativas ambientales. En 2008 se anuló su licencia, pero el Ayuntamiento de Carboneras aún debe revisarla. Recientemente, el TSJA advirtió al alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos, con apoyo del PSOE) que publique los cambios necesarios en el Plan General de Ordenación Urbana o enfrente posibles delitos. El pasado 12 de diciembre de 2025, la Guardia Civil hizo entrega oficial de esta resolución.
La promotora Azata del Sol ha intentado recurrir sin éxito. En agosto de 2025 solicitó medidas cautelares al TSJA contra la ocupación del suelo; sin embargo, el tribunal desestimó su petición en febrero de 2026. Según sus representantes, no hay un riesgo inminente de demolición y el deslinde marítimo está firme. El Tribunal Supremo confirmó su ilegalidad en 2016 y nuevamente en 2020: no habrá indemnización para Azata, que era consciente del riesgo existente. A pesar de esto, aún falta fijar el justiprecio necesario para avanzar.
- Coste estimado: Al menos siete millones de euros, más los gastos derivados del escombro y anclaje en la ladera.
- Estado actual: Vallas oxidadas, grúas inmóviles y saqueos materiales. En 2014, Greenpeace pintó «Hotel Ilegal» sobre sus muros; las letras ahora se desvanecen.
Divisiones políticas y locales
Tanto el PSOE local como la Junta dieron luz verde al proyecto en 2006. En estos momentos, mientras el Gobierno central impulsa la expropiación; la Junta prefiere anular la licencia a través del canal municipal. Las opiniones sobre este asunto dividen a los habitantes de Carboneras: algunos lamentan los empleos perdidos en pesca y energía; otros ven un precedente crucial para el medio ambiente. «Los forasteros quieren un Mediterráneo virgen, pero eso ya no existe», comenta un comerciante al diario Financial Times.
El juez Rivera es contundente: sin una revisión adecuada a la licencia original otorgada en 2003, no habrá posibilidad legal para llevar a cabo una demolición. Las promesas parecen ser «brindis al sol» carentes del respaldo jurídico necesario. Un protocolo firmado entre Estado y Junta en 2011 acordó restaurar la playa; sin embargo, veinte años después, El Algarrobico sigue erguido como un elefante blanco frente a las costas almerienses.
Mientras los tribunales presionan y las administraciones buscan acuerdos, esta imponente estructura continúa desafiando el horizonte del parque natural de Cabo de Gata.
