Nuestros legisladores han perdido una oportunidad inmejorable para prestar un verdadero servicio del bien común y a la causa de los derechos humanos.
CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Cáritas y la Red Acoge expresan su decepción ante el resultado final del proceso parlamentario de reforma de la Ley de Extranjería, que se ha aprobado hoy en el Congreso. El intenso trabajo de sensibilización y presentación de enmiendas que nuestras entidades han llevado a cabo desde que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de ley, con el apoyo decisivo de más de 500 organizaciones sociales de todo el Estado, ha permitido que se hayan incluido mejoras en la ley aprobada hoy.
Este avance ha sido posible, también, gracias al papel activo de la sociedad civil organizada, que ha expresado ante esta reforma su opción inequívoca por el fortalecimiento de las políticas de integración y la defensa del principio de igualdad de trato y derechos, especialmente en tiempos de crisis. Cáritas, CEAR y Red Acoge reconocemos el esfuerzo de los grupos políticos para incorporar al proyecto aspectos positivos que han sido fruto de esta labor conjunta de incidencia y propuesta.
Lamentamos, sin embargo, que en otros muchos temas prioritarios no se hayan logrado cambios significativos y, lo que resulta más grave, que en el último tramo parlamentario se hayan introducido elementos que se contradicen con una política de inmigración auténticamente orientada a la integración. Creemos que vincular la concesión de derechos al tiempo de residencia en nuestro país supone, de hecho, un cambio en la política migratoria y un retroceso hacia posiciones que vacían de contenido conceptos como la bidireccionalidad de la integración y el principio de igualdad de trato.
Entre los aspectos más negativos de la reforma destacamos los siguientes:
• Se ha introducido el concepto indeterminado del ‘esfuerzo de integración‘, como si éste fuera un proceso unilateral de las personas inmigrantes, en la línea de las propuestas que empezaron hace unos años reclamando la introducción de este tipo de ‘contratos’.
• La tramitación parlamentaria ha introducido también una consideración de los menores no acompañados como inmigrantes irregulares, concediendo un margen de maniobra ambiguo a las Comunidades Autónomas para establecer acuerdos con los países de origen y la gestión de la tutela.
• Se fragiliza el acceso a los derechos, ya que se dificulta el acceso al padrón municipal con la imposición de graves sanciones a quienes faciliten de forma desinteresada la inscripción en el mismo.
• Además, y como hemos venido señalando públicamente durante todo el proceso legislativo, se mantienen los recortes en el derecho a la reagrupación y se somete a una situación de desamparo a las mujeres extranjeras en situación irregular sujetas a procesos por violencia de género, así como el incremento de las sanciones contra la población extranjera de forma desproporcionada, que pueden llevar a su detención , internamiento o expulsión y la ampliación del plazo de internamiento hasta 60 días.
Nuestros legisladores han perdido una oportunidad inmejorable para prestar un verdadero servicio del bien común y a la causa de los derechos humanos. La reforma de la LOEX se cierra sin que haya sido posible definir un marco legal para la inmigración atento al amplio consenso social que ha venido expresándose a través de las organizaciones y movimientos ciudadanos.
Cuando falta apenas un mes para que España asuma la Presidencia semestral de la Unión Europea, CEAR, Cáritas y Red Acoge llaman a la responsabilidad personal en la construcción de una sociedad más plural, más rica, que recupere aquellos valores que todos podemos aportar, para avanzar en el horizonte de la cohesión social y poder caminar hacia un cambio de valores y actitudes. Un modelo en el que las personas migrantes, sean reconocidas como ciudadanas en una apuesta decidida por la integración social y la aplicación universal de los derechos humanos.
Desde nuestras organizaciones queremos apelar a la responsabilidad de los grupos políticos, las organizaciones sociales y toda la ciudadanía en la creación de una sociedad que apuesta por la dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales, y por una visión integradora de la migración. Fieles a este compromiso, nuestras organizaciones seguirán trabajando para evitar que la ley de extranjería aprobada hoy sirva para consolidar un tipo de sociedad que no queremos.
