Un nuevo golpe de efecto. La familia ha presentado un escrito en el Tribunal Supremo para que le aclare la sentencia sobre la exhumación de los restos de Francisco Franco. Lo que quieren saber es si se puede hacer ya el traslado aunque no se haya producido el consentimiento del prior de la comunidad benedictina de la Basílica del Valle de los Caídos.
Con esta acción la familia Franco consigue que quede en suspenso la sentencia y por lo tanto no se pueda ejecutar. Se deberá esperar a la respuesta de la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo.
Por otra parte, la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal tiene que levantar unas medidas cautelares que fueron fijadas en respuesta a los recursos de la Fundación Francisco Franco, la comunidad Benedictina en Cuelgamuros y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos contra el Real Decreto del Gobierno por el que se autorizaba la exhumación.
La Sala se reunirá la próxima semana para revisar estas medidas cautelares. Fuentes jurídicas indican que la decisión irá encaminada en la misma línea que la sentencia pero es un trámite que debe resolverse.
A todo esto se une el bloqueo mantenido por el juez de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, José Yusti, que también tiene impuestas unas medidas cautelarísimas contra las obras para la exhumación.
La sentencia del Tribunal Supremo ya explicó que al no ser necesaria obra mayor en la Basílica del Valle de los Caídos para sacar los restos de Franco no había impedimento para proceder a ello. El juez asumió los argumentos de la familia en referencia a los problemas de seguridad que podía causar para los operarios el levantamiento de una losa de 2.000 kilos.
Sin embargo, este instructor tiene que fijar una vista de medidas cautelares para decidir si mantiene las ya impuestas o las reitera.
Con la sentencia del Tribunal Supremo en la mano, no hay ninguna razón para mantener paralizadas las obras y así se lo ha hecho llegar la Abogacía del Estado a Yusti, a quien ha pedido que active el procedimiento y convoque cuanto antes la vista para levantar las medidas.
Asimismo, la Abogacía del Estado ha solicitado al alto tribunal que emita una certificación de la sentencia para entregarla en el pleito de Madrid.
Hasta que no se resuelvan todos estos flecos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no puede ordenar la activación de la exhumación, en contra de sus planes más inmediatos.
En su sentencia, el alto tribunal señalaba que la exhumación de Franco «no infringe la legalidad urbanística» con la obra que se debe realizar en el Valle de los Caídos para sacar el cuerpo «porque no es una obra mayor la que supone la exhumación según el proyecto presentado por Patrimonio Nacional». Tampoco contradice las normas subsidiarias del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, «que ha informado favorablemente de la exhumación desde el punto de vista urbanístico».
