Para el departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal, este tipo de acuerdos persiguen «evitar a muchas personas el ingreso en prisión»
Algunas organizaciones altruistas sufren en los últimos tiempos una gran necesidad de voluntarios, como Cáritas. Un convenio entre Instituciones Penitenciarias y el Arzobispado de Oviedo va a suplir esta carencia. A partir de ahora, los condenados a penas de trabajos en beneficio de la comunidad podrán cumplirlas en instituciones y programas dependientes de la Iglesia, como albergues de transeúntes, centros de acogida, hogares de ancianos o instalaciones parroquiales.Lo cuenta L.A.Vega en La Nueva España.
El convenio entre las dos instituciones ha sido bien recibido por organizaciones como Cáritas, que, no obstante, ya había trabajado con alguno de estos condenados en los últimos años, según indicó su director, Adolfo Rivas.
Los lugares de cumplimiento de estas penas de trabajo no pueden imponerse sin el consentimiento del penado, y serán facilitados por la Administración Penitenciaria, que considera determinados servicios de la Iglesia como «actividades de utilidad pública».
Entre ellos figuran los comedores para personas con dificultades económicas, pero también clases de apoyo a inmigrantes y hasta servicios en dependencias monásticas. La crisis ha motivado que el número de beneficiarios de estos servicios se haya multiplicado.
«El interés parte de Instituciones Penitenciarias, que tiene el problema de hacer cumplir las penas en beneficio de la comunidad. El convenio es una buena noticia. La sociedad debe tener un sistema alternativo a la prisión. De esta forma se obtiene un doble beneficio. Se trabaja con personas que lo necesitan y se cumplen las condenas», opinó Adolfo Rivas.
Las prestaciones se realizarán de acuerdo con los responsables eclesiales y el Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria, que los propondrá a las parroquias. Para el departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal, este tipo de acuerdos persiguen «evitar a muchas personas el ingreso en prisión» y ayudarles a sensibilizarse sobre otras realidades.
En diciembre del pasado año unos 1.300 asturianos cumplían condenas de trabajo en beneficio de la comunidad, aunque había 868 sentencias pendientes. Aunque en los últimos siete meses se han reducido mil de estas sentencias, cada mes se imponen unas 250. Por otro lado, se han incrementado en 300 las plazas ofertadas por ayuntamientos y otros organismos.
