En la Guardia Civil se da por hecho que la disciplina es inquebrantable.
Lo que nadie esperaba es ver al número dos del cuerpo explicando ante un juez por qué la principal unidad anticorrupción debía dejar de ser «proactiva» cuando los casos rozaban la Moncloa.
El caso Leire ha convertido al teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO), en el símbolo de la fricción entre la cúpula ministerial y los investigadores de la UCO. Mientras, el ministro Fernando Grande-Marlaska y la directora Mercedes González —también imputada— se aferran al mantra de la «plena confianza» en plena tormenta judicial.
Quién es Llamas: el niño de la casa cuartel que quería ser profesor
Para entender al personaje hay que ir a La Viñuela, un pequeño pueblo de Málaga. Allí nació Llamas en 1959, en una casa cuartel. Su padre era guardia civil. Él soñaba con otra cosa: ser profesor. Acabó licenciado en Derecho, doctor en Ciencias Políticas y con un posgrado en Criminología. Pero en 1981 vistió el uniforme verde. Ya no se lo quitó.
Su hoja de servicios es de las que imponen:
- El Grupo de Acción Rápida (GAR), la élite antiterrorista.
- El Servicio de Seguridad de la Casa del Rey, donde trabajó muy cerca de los escoltas del entonces príncipe Felipe.
- El Servicio de Información en Navarra, en plena lucha contra ETA.
- La propia UCO, la unidad que hoy le investiga.
- Las comandancias de Santa Cruz de Tenerife, Granada y Melilla, ciudad de la que es Hijo Adoptivo y donde publicó un libro: Melilla y el islamismo, luces y sombras.
Como oficial general mandó la zona de Castilla-La Mancha, la Jefatura de Policía Judicial y el Gabinete Técnico. En diciembre de 2023, Marlaska lo aupó al puesto de DAO a propuesta del entonces director general, Leonardo Marcos. Máximo mando uniformado del Instituto Armado. La cima de una carrera de más de cuatro décadas.
Esa biografía, lejos de servirle de escudo, agrava hoy el reproche. Quien ha pasado por el GAR, por la Casa del Rey y por la propia UCO sabe mejor que nadie qué significa la ejemplaridad. Por eso duele tanto, dentro del cuerpo, que sea precisamente él quien aparezca en el centro de la orden de frenar a los investigadores.
El sueldo y el sillón: mucho que perder
El cargo de DAO no solo da poder. Da la nómina más alta que puede alcanzar un uniformado de la Benemérita. Llamas está en la cúspide del grupo A1, con el nivel máximo de complemento de destino y los complementos específicos de mayor responsabilidad del cuerpo. Para hacerse una idea de la escala: un teniente recién llegado a la escala de oficiales percibe unos 52.600 euros brutos anuales; un guardia raso, apenas supera los 20.000 con el destino incluido. El DAO multiplica con holgura esas cifras. A ello se suman coche oficial, escolta, despacho en la Dirección General y un lugar de honor en cada desfile.
A sus 67 años, con la carrera hecha y la jubilación a la vista, Llamas apuraba el puesto que corona el escalafón. Sus ambiciones eran las propias de quien ha llegado a la cima: retirarse como el mando más laureado de su promoción, con la Gran Cruz correspondiente y el reconocimiento del cuerpo. El caso Leire amenaza con arrebatarle justo eso: el final honroso.
De ahí la imagen que circula por los cuarteles. El general que se hizo famoso por «fulminar» a mandos imputados se aferra ahora a su sillón «como un guacamayo a la percha», en la mordaz descripción de algunos compañeros. Otros altos mandos van más lejos y lo retratan como «más un comisario político que un general». Fuentes internas aseguran que se siente «hundido» y que teme pitadas de sus subordinados en los actos oficiales.
De Leire Díez a la Audiencia Nacional: el estallido
Todo arranca con Leire Díez, la exmilitante socialista a la que el juez sitúa como coordinadora de una trama para desprestigiar a la UCO justo cuando la unidad manejaba las causas más delicadas para el Gobierno y el PSOE. Según la instrucción, el liderazgo de esa organización recaería en el exdirigente socialista Santos Cerdán.
A partir de ahí, una cadena de hechos conduce al despacho del DAO y de la directora general:
- Informaciones reservadas y expedientes internos abiertos contra mandos de la UCO, siempre en fechas que coincidían con investigaciones que tocaban al núcleo del presidente.
- Expedientes que, según la Fiscalía Anticorrupción, funcionaban más como mecanismo de presión que como herramienta disciplinaria. Varios acabaron archivados. El objetivo, sospechan los investigadores, no era sancionar: era desincentivar.
- Señalamientos directos en la causa que afectaba a David Sánchez, el hermano del presidente.
Anticorrupción lo resume sin anestesia: la intención de Llamas era «generar un efecto de desaliento» en la UCO. Un «medio de intimidación institucional» contra los propios investigadores. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz vio base suficiente y lo imputó el 2 de julio, junto a González, por prevaricación y obstrucción a la Justicia.
«No ser proactivos» y «ponerse de perfil»: el mantra de la crisis
Dos expresiones resumen el escándalo. «No ser proactivos» en investigaciones con «afectación política». Y «ponerse de perfil».
El exjefe de la UCO, el general Rafael Yuste, lo destapó: el entonces director Leonardo Marcos y el DAO Llamas trasladaron la instrucción de no impulsar por iniciativa propia los procedimientos de corrupción política. En reuniones de julio de 2024 —incluida una visita del propio Llamas a las dependencias de la UCO el día 16— se pidió a la unidad dejar la iniciativa en manos del juez. Especialmente en el caso de David Sánchez, cuya petición de correos llegó a calificarse desde la cúpula de «totalmente prospectiva y malintencionada».
En clave policial, el mensaje es demoledor: si la unidad de élite renuncia a buscar, la lucha anticorrupción se reduce a esperar a que el juez pida papeles. En clave política, es peor: la orden afectaba a causas que apuntaban al entorno del presidente del Gobierno.
Este jueves, Llamas declaró más de dos horas ante Pedraz. Negó haber transmitido orden alguna de frenar a la UCO. Y desplegó una defensa reveladora: él solo trasladaba instrucciones de sus superiores. Una línea que desplaza la responsabilidad hacia arriba —hacia Marcos y hacia la propia González, cuya declaración se aplazó al viernes— y que retrata al «peón de Marlaska», como ya le llaman algunos medios. El interrogatorio se alargó tanto que descuadró la agenda del juzgado.
Marlaska y González: confianza política bajo sospecha judicial
Mientras Pedraz aprieta, Interior escenifica normalidad. Marlaska reitera su total confianza en González y Llamas. Ambos siguen en sus puestos.
Esa defensa en bloque choca con la realidad:
- Las asociaciones de mandos consideran incompatible la condición de investigados con seguir dirigiendo el cuerpo, aun respetando la presunción de inocencia.
- La AUGC habla de una crisis de cúpula «sin precedentes».
- Defensa, competente en materia disciplinaria sobre el general, congela cualquier expediente hasta que avance la causa.
- González negó en sede parlamentaria haber participado «jamás» en conspiración alguna contra la UCO. Pero la UCO ha documentado tres reuniones suyas con Leire Díez entre septiembre de 2024 y abril de 2025. Y el propio Llamas reveló ante el juez que la directora le confesó en mayo de 2025 que conocía a la exmilitante.
El resultado es una estampa paradójica: una cúpula político-policial cerrando filas mientras el juez disecciona sus decisiones y la base del cuerpo observa con creciente indignación.
Consecuencias: una brecha abierta en la Benemérita
El caso estalla en un clima de máxima polarización: el Gobierno denuncia lawfare; la oposición, instrumentalización de las instituciones. Las derivadas se acumulan:
- Institucionales: erosión de la confianza entre la UCO y su cadena de mando, y un debate de fondo sobre la autonomía investigativa frente a las directrices de la cúpula.
- Políticas: refuerzo del relato opositor sobre el uso partidista de Interior y presión creciente para que Marlaska releve a la directora y al DAO.
- Judiciales: si se acredita que expedientes e informaciones reservadas sirvieron para desactivar investigaciones, estaríamos ante un caso de manual de obstrucción a la Justicia desde la propia estructura del Estado.
La Audiencia Nacional deberá decidir si lo que se vendió como gestión interna y prudencia fue, en realidad, una quiebra del principio básico del sistema: la Policía Judicial trabaja para los jueces. No para la conveniencia del Gobierno de turno.
Curiosidades que retratan el clima
- Llamas custodió al hoy Felipe VI cuando era príncipe. Cuatro décadas después, quien necesita protección es su propia reputación.
- El hombre que quería ser profesor acabará dando, muy a su pesar, una lección magistral: la de cómo un currículum impecable puede desmoronarse en un solo interrogatorio.
- Sustituyó en el cargo al teniente general Pablo Salas en un relevo apadrinado por Marlaska y Marcos. Hoy, uno de sus padrinos —Marcos— aparece en el corazón de la causa.
- Nunca un DAO había mostrado tanta insistencia en acceder a informes bajo secreto judicial —caso Koldo, Begoña Gómez, Cerdán—, según describen mandos del cuerpo. Ningún predecesor rompió así el protocolo de confidencialidad.
En un cuerpo acostumbrado a resolver sus conflictos puertas adentro, que el número dos tenga que explicar ante un juez por qué pidió «ponerse de perfil» en los casos políticos es, en sí mismo, el diagnóstico. La Guardia Civil atraviesa su etapa más incómoda en décadas. Y su máximo mando uniformado, la más amarga de su vida.
