Una investigación donde se vuelve a poner el foco en estructuras opacas alrededor del poder.
Según esta información, el presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero habría constituido una empresa fantasma en un sótano, sin actividad real ni medios aparentes.
La clave es el domicilio. La sociedad se registró en el mismo inmueble donde operaba una fundación utilizada por Begoña Gómez. Diez metros de separación. Misma dirección. Mismo entorno. La empresa carecía de estructura empresarial visible. Sin empleados. Sin actividad conocida. Sin presencia real más allá del papel.
Pese a ello, la investigación apunta a que la sociedad habría sido utilizada como instrumento interpuesto, una práctica habitual cuando se pretende ocultar actividades o canalizar fondos a través de sociedades pantalla. Conviene ser claros: la coincidencia de domicilios no prueba delito por sí misma.
Pero cuando afecta a entornos de antiguos cargos de máximo nivel, exige explicaciones públicas claras. El caso vuelve a abrir un debate incómodo. El uso de fundaciones y sociedades pantalla para difuminar responsabilidades. Las lagunas de control que permiten crear empresas sin actividad real durante años. Y la falta de supervisión efectiva cuando aparecen estructuras opacas cerca del poder.
La pregunta de fondo no es judicial.
Es política e institucional.
¿Cómo se garantiza la transparencia cuando surgen entramados opacos ligados a figuras relevantes?
