El Gobierno de España sigue negando o restando importancia a la gravedad de la ocupación ilegal de viviendas. Mientras tanto, medios internacionales relevantes como Bloomberg han decidido poner el foco en una realidad que afecta a miles de familias españolas y está reconfigurando el mercado inmobiliario del país. Este reportaje del prestigioso medio estadounidense llega en un momento crítico: hoy ha caído la llamada «prórroga antidesahucios» del Ejecutivo tras los votos en contra de PP, Vox y Junts, una medida que, según los críticos, ha facilitado indirectamente el aumento de ocupaciones.
Bloomberg ha realizado un análisis exhaustivo sobre cómo la ocupación ilegal ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno sistémico que redefine el panorama residencial en España. Los datos que presenta son reveladores: en el cuarto trimestre de 2025, la plataforma inmobiliaria Idealista, la más utilizada en España, registró cerca de 24.000 anuncios de viviendas ocupadas ilegalmente. Esto representa aproximadamente el 3% del total de viviendas en venta en el país. En Madrid, las propiedades ocupadas crecieron un 10% en comparación con el trimestre anterior, lo que pone de manifiesto la aceleración del problema en la capital.
La distribución geográfica del fenómeno muestra disparidades inquietantes entre regiones. En Barcelona, el 3,1% de las viviendas a la venta están ocupadas, mientras que en Murcia esta cifra asciende al 7,2%, en Sevilla llega al 6,5% y en Madrid se sitúa en un 2,4%. Estas diferencias sugieren que algunas ciudades enfrentan una crisis mucho más severa que otras, lo cual plantea dudas sobre la efectividad de las políticas tanto locales como nacionales para abordar esta problemática.
Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, ha compartido una reflexión que sintetiza la frustración del sector: «Es devastador observar cómo cada vez más propietarios se ven obligados a vender sus viviendas con pérdidas. La simple aparición de una propiedad ocupada en venta es un gran fracaso para nuestra sociedad, ya que su propietario ha decidido rendirse ante sus derechos». Esta afirmación resume una realidad que va más allá de las cifras: propietarios agotados por procesos judiciales tediosos y costosos optan por desprenderse de sus inmuebles a precios muy inferiores al mercado.
El reportaje de Bloomberg humaniza esta crisis al presentar historias concretas. Relata el caso de Gemma López, una mujer de 44 años que alquiló el piso heredado de sus padres en Vallecas en 2022 para poder hacer frente a la hipoteca también heredada. Los inquilinos pronto dejaron de pagar y, tras iniciar los trámites para su desalojo en noviembre de 2024, se encuentra ahora ante crecientes dificultades para abonar las hipotecas de ambas propiedades. Su testimonio al medio estadounidense es desgarrador: «Me están llevando a la quiebra. No somos grandes propietarios ni fondos buitres ni especuladores. Somos gente normal, trabajadora. El gobierno se desentiende y no está abordando el problema. Confié en la justicia, pero esta respalda a los criminales y lo único que he recibido a cambio ha sido estrés, ansiedad y pérdida económica».
Estos testimonios contrastan notablemente con la narrativa oficial del Ejecutivo, que ha calificado la ocupación como «un relato inventado por la derecha y extrema derecha». Sin embargo, el interés mostrado por medios internacionales como Bloomberg, dedicando reportajes extensos al tema, sugiere que se trata de una cuestión que va más allá de las divisiones políticas internas y genera preocupación entre círculos económicos y mediáticos globales.
Además, Bloomberg pone en tela de juicio la efectividad de las medidas propuestas por el Gobierno. La reciente promesa de Pedro Sánchez sobre construir 15.000 viviendas anuales es considerada por el medio como «una pequeña fracción» respecto a lo necesario, reflejando así un escepticismo internacional acerca de la capacidad del Ejecutivo para afrontar una crisis cuya expansión parece superar las políticas públicas implementadas.
La ocupación ilegal no se limita a ser solo un asunto relacionado con seguridad jurídica o derechos patrimoniales. Es también un síntoma visible de una crisis habitacional más profunda que provoca tensiones sociales, económicas y políticas. Mientras el Gobierno continúa minimizando esta problemática, propietarios como Gemma López enfrentan día a día una realidad donde aseguran que «la justicia respalda a los criminales». La atención internacional prestada por Bloomberg indica claramente que España está bajo un creciente escrutinio exterior; gobiernos y mercados ven en este fenómeno no solo un fallo en las políticas públicas sino también una amenaza para la estabilidad del mercado residencial.
