La amnistía fiscal, la medida con la que el Gobierno pretendía que «aflorase» el capital oculto dejándolo exonerado de cualquier penalización o sanción, nació con una gran polémica, que se ha acrecentado desde que se conoció el ‘caso Bárcenas’.
Este lunes 4 de febrero de 2013, el extesorero del PP aseguró que regularizó los 22 millones que tenía en Suiza «a mediados del mes de septiembre» y este martes se ha conocido otro detalle que ha aumentado la indignación: el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha preguntado a Hacienda si los imputados en la Gürtel participaron en la amnistía.
«España está en una situación límite», aseguró la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para justificar una medida que pronto tuvo la oposición del PSOE.
«Es un chollo para los defraudadores. Con qué cara los inspectores de Hacienda le harán una declaración paralela a un ciudadano», expresó en su día Rubalcaba, que ha exigido la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, después de que Bárcenas asegurase que se había acogido a la amnistía.
La polémica se ha acrecentado ahora, tras la sospechas de Ruz de que el presunto líder de la trama de corrupción Gürtel, Francisco Correa, y otros 20 imputados en esta causa se han acogido a la amnistía fiscal.
En concreto, el juez ha preguntado por las declaraciones tributarias realizadas por el número 2 de la trama, Pablo Crespo; el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo; los exdiputados del PP en la Asamblea regional Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco; la exesposa de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; y la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, entre otros.
Las sospechas se han generado después de que el imputado Alfonso García Pozuelo (expropietario de Constructora Hispánica) haya reconocido que se acogió a la declaración tributaria especial.
LAS NEGACIONES DE MONTORO
A pesar de que Montoro ha negado en repetidas ocasiones que Bárcenas se haya acogido a la amnistía, Ruz descubrió este mismo martes una nueva nueva cuenta de Bárcenas en el banco Lombard Odier de Ginebra (Suiza) con la que transfirió los fondos que le permitieron acogerse a la amnistía fiscal.
Así consta en un informe remitido por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) al juez instructor que revela que los fondos en Bankia con los que Bárcenas pagó 1.235.000 euros para acogerse a la amnistía fiscal y 320.000 euros para el pago del Impuesto de Sociedades de la sociedad Tesedul provenían de una nueva cuenta no detectada hasta ahora por las autoridades.
Pero Montoro ha vuelto a negar este martes que Bárcenas se acogiese a la amnistía.
«No puede beneficiarse porque no es posible hacerlo a través de terceros o de sociedades».
En respuesta a una pregunta del senador socialista José Miguel Camacho en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, Montoro ha dicho varias veces que Bárcenas «no se ha acogido como persona física a la regularización» y que tampoco «aparece como propietario» de Tesedul, de modo que la Agencia Tributaria ha comunicado que «no puede regularizar así».
«¿Tan difícil es de entender esto?», ha preguntado Montoro a Camacho, en medio de los abucheos de la bancada socialista y de los aplausos del Grupo Popular.
EL PSOE PIDE LA DEROGACIÓN
El PSOE quiere que el Congreso derogue la última reforma del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social que, según denuncia, «da cobertura legal a la amnistía fiscal» porque «ofrece al defraudador la oportunidad de regularizar su situación tributaria con grandes facilidades, vulnerando de manera clara el principio de igualdad».
El PSOE denuncia que dicha ley beneficia a los delincuentes con recursos económicos.
«La ley instrumentaliza el derecho penal para la política fiscal, vulnerando además de manera flagrante, principios esenciales del derecho penal y que afectan a la seguridad jurídica y a derechos constitucionales como el de igualdad».
«La consecuencia directa de la reforma es que bastará poder pagar y regularizar para dejar de ser ‘delincuente’, máximo exponente del llamado derecho penal de los millonarios», subraya la proposición no de ley, en la que también se quejan de que esta reforma también recorte la pena por delito fiscal a los autores de las conductas más graves al rebajar la pena mínima aplicable.
Aunque el Gobierno calculaba que la amnistía aportaría unos 2.500 millones al fisco, finalmente la aportación fue de unos 1.200 millones, menos de la mitad.
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