El Congreso de los Diputados ha vuelto a rechazar la pretensión del Gobierno de mantener por séptimo año la legalización de la usurpación de vivienda a sus legítimos propietarios con la prórroga de su decreto que permitiría a okupas e inquiokupas permanecer en las casas si posibilidad legal de echarles si eran declarados vulnerables y no tenían otra vivienda en la que residir.
La oposición, compuesta por PP, Vox, Junts y UPN, sumó 177 votos en contra, frente a los 172 a favor, lo que deja sin efecto una norma que protegía a los que okupaban o no pagan el alquiler alegando vulnerabilidad.
Esta resolución pone fin a seis años de moratoria, instaurada con la excusa de la pandemia con el Real Decreto-Ley 11/2020, que había bloqueado desahucios incluso cuando existían sentencias judiciales firmes a favor de los propietarios. Muchos dueños, a pesar de haber ganado en juicio, no lograron recuperar sus viviendas debido a impagos por parte de «inquilinos okupas» que se declaraban vulnerables.
Ahora, con la caída oficial en el BOE, se restablecen los plazos habituales: dos meses para personas físicas y cuatro meses para grandes tenedores, según establece la Ley 12/2023 del Derecho a la Vivienda.
Impacto directo en propietarios
Los afectados respiran aliviados. La normativa anterior había causado estragos: miles de hogares atrapados en un limbo judicial, con propietarios asumiendo gastos sin ingresos. Se estima que hay alrededor de 60.000 procedimientos pendientes que colapsarán los juzgados, generando un «efecto embudo».
- Recuperación rápida: Con sentencia firme, tanto okupas como inquiokupas deberán abandonar las viviendas. Los servicios sociales están obligados a ofrecer alternativas dentro del plazo legal, o el lanzamiento procederá.
- Compensaciones posibles: Los propietarios podrán reclamar las rentas no pagadas, basándose en el valor medio del alquiler zonal (usando índices oficiales o portales inmobiliarios). Esto incluye también los gastos asumidos. La solicitud se puede realizar a través de la web autonómica, con auto judicial que suspenda cualquier otra acción.
- Pequeños propietarios protegidos: La norma derogada ya excluía a aquellos dueños de una o dos viviendas (residencia habitual más una en alquiler), gracias a un pacto con el PNV. Los grandes fondos sí esperaban más protección.
Desde Junts, se propone que el Estado pague directamente los alquileres a los propietarios para evitar perjuicios, utilizando los 300 millones previstos, sin necesidad de un nuevo decreto. El Gobierno defiende su postura respecto a esta norma; sin embargo, la oposición considera que es un incentivo para la okupación.
Contexto del mercado inmobiliario
La inflación desde 2021, junto con unos alquileres elevados y un euríbor alto han multiplicado los impagos. Muchos propietarios modestos, con hipotecas variables, han vivido como «indigentes» debido a secuestros judiciales. Este desbloqueo podría dinamizar el mercado: más pisos disponibles para alquilar al disminuir los riesgos.
Los magistrados advierten sobre una posible saturación en los juzgados de primera instancia. A pesar de esto, los propietarios celebran la situación: menos «inquiokupación», donde morosos se atrincheran simulando vulnerabilidad.
