El amanecer de este martes en Sevilla trajo algo más que frío. Con el sigilo habitual de las grandes operaciones, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpieron en varios domicilios para detener a los implicados en el ya conocido “pelotazo urbanístico del Higuerón”. Entre los cinco arrestados figura Rafael Pineda, quien fuera jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía hasta el pasado verano, así como su esposa, Olga Pérez, propietaria de la sociedad Higuerón Real Estate.
Las detenciones se producen en el marco de una investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla , que indaga presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios públicos . En el centro de la trama hay una parcela municipal de más de 10.000 metros cuadrados , adjudicada a la esposa de Pineda durante el mandato de Juan Espadas como alcalde, a través de un concurso en el que —casualmente— solo ella presentó oferta.
Las pesquisas de la UCO apuntan a una “operativa comercial sospechosa” con la que la sociedad de Pérez habría obtenido un beneficio de casi 2,2 millones de euros.
En 2016, Higuerón Real Estate alquiló la parcela a la empresa municipal Emvisesa y, ocho años después, la compró por 1,7 millones para venderla apenas cinco meses más tarde por 3,9 millones. Todo un negocio redondo que levantó las alarmas del Instituto Armado.
Según fuentes del caso, no se descartan nuevas detenciones , ya que los investigadores sospechan de la posible connivencia de un funcionario de Emvisesa con Pineda, su esposa y otros dos socios de la empresa, quienes se desvincularon de la sociedad poco antes de la compra del solar. Uno de ellos, Jaime García-Alegre , empleado del holding de Burger King España, también figura en la investigación: una de las empresas vinculadas al grupo fue precisamente la compradora final del terreno.
En esta causa están personados el propio Pineda, el empleado despedido de Emvisesa y el Partido Popular , que ha pedido personarse como acusación para esclarecer lo que ya muchos en los pasillos judiciales denominan “el negocio perfecto” : una parcela pública que cambió de manos tres veces y multiplicó su valor, bajo la sombra de la influencia política.
