La crisis institucional que afecta a la Policía Nacional se intensifica.
A la denuncia por violación interpuesta por una inspectora contra José Ángel González, exdirector adjunto operativo (DAO), se suma ahora una nueva acusación de otra agente, quien ha contactado con el abogado Jorge Piedrafita para confesar que también fue víctima de intimidación y coerción por parte del antiguo líder del Cuerpo.
«Hola, yo también soy una víctima del DAO», así comenzó la conversación la policía con Piedrafita el pasado lunes.
Aunque los detalles precisos de esta presunta nueva agresión permanecen en secreto, las fuentes consultadas aseguran que no se trata de un caso de agresión sexual ni de una relación sentimental entre ambos, a diferencia del caso ya en manos del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 8 de Madrid.
Lo evidente es que esta segunda denuncia revela un patrón: el uso de la intimidación y el abuso de poder como métodos para controlar a sus subordinadas.
El letrado de la inspectora ha solicitado mantener «plena reserva y salvaguarda» sobre todas las pruebas aportadas, incluidas grabaciones y registros telefónicos, para proteger la identidad de las víctimas ante posibles filtraciones. Piedrafita ha expresado su confianza en que estas pruebas serán clave para avanzar en la investigación, no solo contra González, sino también contra cualquier otra persona involucrada «por acción o por omisión», incluyendo a quienes intentaron encubrirlo. Su compromiso es firme: «Se actuará contra todos, caiga quien caiga».
Un perfil conocido dentro del Cuerpo
De esta segunda acusación surge un dato inquietante: el comportamiento de González era un secreto a voces en la Policía Nacional. Fuentes internas aseguran que el ex DAO era ampliamente señalado por sus «conductas inapropiadas», las cuales se agravaron durante los siete años en que ocupó su puesto como máximo responsable uniformado. Su habilidad para establecer relaciones desiguales con sus subordinadas quedó reflejada en una frase que circulaba entre los mandos: «A Jota le costaba subirse la bragueta». Según estas mismas fuentes, González mantuvo diversas relaciones dentro del Cuerpo a lo largo de su carrera.
Este patrón contrasta notablemente con la imagen pública que cultivó durante años. González fue el rostro visible de la Policía Nacional en las conferencias diarias durante el confinamiento por la pandemia, informando directamente al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. Su cercanía con los altos mandos políticos le permitió afianzarse en un cargo del que estaba próximo a jubilarse: el ministro incluyó una disposición adicional en el real decreto que aprobaba ayudas para los afectados por la Dana para garantizar su permanencia en el puesto.
La investigación se expande
La nueva acusación abre interrogantes sobre si existen más víctimas silenciadas y si alguien en la cúpula policial o ministerial era consciente de estos comportamientos. El magistrado David Maman Benchimol, encargado del caso principal, deberá determinar si esta nueva denuncia está relacionada con la querella ya admitida o si constituye un delito distinto. González deberá comparecer ante el juez el próximo 17 de marzo como imputado por los cargos de agresión sexual, coacciones y abuso de autoridad derivados de la denuncia presentada por la inspectora.
Mientras tanto, la comisaria Gemma Barroso, subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, asume interinamente las funciones del DAO. Su gestión será crucial para recuperar la confianza en una institución que lleva años intentando sanar las heridas abiertas por escándalos anteriores, como aquellos vinculados a la etapa del comisario Eugenio Pino y la conocida como «policía patriótica». La aparición de una segunda víctima sugiere que el proceso de limpieza institucional apenas comienza.
