Tragedia en Cataluña.
En la noche del lunes 16 de febrero de 2026, un devastador incendio se cobró la vida de cinco adolescentes en la localidad barcelonesa de Manlleu, en la comarca de Osona.
El fuego se originó en un trastero situado en la azotea de un edificio de cinco plantas ubicado en la calle Montseny, un espacio que había sido ilegalmente habilitado como vivienda o lugar de reunión.
Los Bomberos de la Generalitat recibieron el primer aviso alrededor de las 21:10 horas a través de varias llamadas al 112, en las que los vecinos alertaban de humo en la escalera y llamas en la parte superior del inmueble. Rápidamente se activaron 13 dotaciones que, al llegar, encontraron el edificio ya desalojado por los residentes. El incendio quedó extinguido en aproximadamente media hora (hacia las 21:41), pero las labores de rescate revelaron una tragedia de dimensiones devastadoras.
Dentro del trastero se localizaron los cuerpos sin vida de las cinco víctimas, jóvenes cuya identificación plena aún estaba en curso durante la madrugada del 17 de febrero debido al estado de los cadáveres, algunos de ellos calcinados.
Las primeras informaciones de los Bomberos y fuentes cercanas a la investigación apuntan a que todos eran adolescentes, algunos posiblemente menores de edad, aunque las edades exactas se confirmarían tras las autopsias y pruebas de ADN.
Cuatro personas más resultaron heridas leves, principalmente por inhalación de humo, pero ninguna requirió ingreso hospitalario.
Las causas del fuego aún se desconocen y están siendo investigadas por los Mossos d’Esquadra. Tampoco se ha aclarado el motivo por el que los jóvenes se encontraban en ese momento en el trastero de la azotea: podría tratarse de una reunión, un lugar de paso temporal o incluso un espacio utilizado de forma habitual por el grupo.
El Ayuntamiento de Manlleu decretó tres días de luto oficial en señal de duelo por la pérdida de estas jóvenes vidas.
Este suceso ha conmocionado a la comarca y pone de nuevo sobre la mesa el grave problema de los trasteros y locales reconvertidos ilegalmente en viviendas o espacios habitables, especialmente en contextos de precariedad habitacional o entre población joven.
Las autoridades han recordado que estas prácticas suponen un riesgo extremo en caso de incendio, ya que suelen carecer de salidas de emergencia adecuadas, detectores de humo, ventilación y materiales ignífugos.
