La escena es simple y reveladora.
Rabat quiere conectar Tarfaya y la franja sur del Sáhara con las Islas Canarias mediante un nuevo cable submarino.
Y Pedro Sánchez, que encima está de ocio en La Mareta (Lanzarote), mirando para otro lado.
No es solo fibra. Es soberanía, influencia regional y un mensaje a Bruselas y a Madrid sobre quién fija el tempo al sur del Estrecho.
Autoridades canarias y la operadora pública-privada Canalink llevan meses trabajando en la ruta, con apoyo europeo, mientras Marruecos acelera obras estratégicas en el Atlántico.
El tablero es compartido: infraestructura, derecho del mar y seguridad digital.
Qué está pasando ahora mismo
- El Cabildo de Tenerife ha situado el inicio de obras del cable Tenerife–Tarfaya en 2025, tras la concesión de 7,5 millones de euros de fondos europeos a Canalink para impulsar el proyecto.
- La propia Canalink y su matriz sectorial han enmarcado la interconexión en una inversión total de unos 49 millones de euros, con cronograma de 42 meses y financiación adicional del BEI (20 millones de préstamo en 2023), articulada en el Mecanismo Conectar Europa.
- La red canaria ya cuenta con cables activos con la Península (sistemas PENCAN) y ramales con Marruecos; además, Canarias está anclada a consorcios como ACE, WACS y 2Africa, lo que refuerza su papel de hub digital atlántico.
- En paralelo, Rabat impulsa el Puerto Atlántico de Dajla, llamado a competir con Las Palmas y Santa Cruz, con ambición de 35 millones de toneladas anuales y operación plena en torno a 2028. Es logística y también política: consolidar su control sobre el territorio.
La novedad de estas 24–48 horas está en el cruce de agendas: calendario de obra en Tenerife y narrativa marroquí de integración digital del sur en los “flujos principales” entre Europa y África, con visitas técnicas recientes a Tarfaya para fijar puntos de amarre.
Por qué importa: tecnología, derecho y poder
- Un cable submarino no es un simple “tubo de datos”. Define dependencia, resiliencia y jurisdicción ante fallos o sabotajes. Un Tarfaya–Tenerife abre rutas alternativas de baja latencia entre África y Europa, y posiciona a Canarias como nodo transcontinental.
- El trazado roza sensibilidades jurídicas: el Sáhara Occidental sigue siendo territorio no autónomo para la ONU. Marruecos lo administra de facto, pero el espacio aéreo del Sáhara se gestiona desde Canarias bajo OACI/ICAO y España mantiene funciones operativas en la FIR canaria.
- Rabat amplió en 2020 su ZEE de forma unilateral para incluir el Sáhara y solaparse con derechos españoles, un frente aún abierto que se superpone con nuevas infraestructuras submarinas.
El resultado: cada kilómetro de fibra se interpreta como acto de administración efectiva. Para Madrid y Bruselas, el equilibrio es delicado: apoyar la conectividad transfronteriza y la seguridad de redes sin convalidar implícitamente pretensiones soberanas no resueltas.
Antecedentes que explican el momento
- Canarias lleva una década reforzando su conectividad con la Península (familia PENCAN) y diversificando rutas internacionales; una de las derivaciones existentes ya toca Marruecos.
- En 2023–2025 se aceleran fondos europeos para “islas y regiones ultraperiféricas”, con proyectos digitales en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y planes de ampliación de supercomputación en ITER Tenerife. El objetivo: resiliencia y capacidad de tránsito.
- En el frente marítimo-portuario, Marruecos concentra inversiones al sur (Tarfaya, Dajla), con visión de reordenar flujos del Atlántico y disputar tráficos al arco canario, integrando carreteras y futura red ferroviaria.
- En el plano legal, la disputa por ZEE y montes submarinos frente a Canarias se actualizó tras las leyes marroquíes de 2020; el solapamiento con el Sáhara y las sentencias del TJUE sobre acuerdos con Marruecos mantienen la tensión de fondo.
Los detalles técnicos que marcan la diferencia
- Presupuesto y plazos: alrededor de 49 millones de euros y unos 42 meses para la nueva ruta, con BEI y CEF como pilares financieros.
- Arquitectura de red: repetidores cada 50–100 km en planta húmeda, amarre en Tarfaya y Tenerife, y posibilidad de integrarse con sistemas existentes para redundancia y desvío de tráfico.
- Papel de Canarias: punto de concentración con múltiples sistemas internacionales (ACE, WACS, 2Africa), más un refuerzo peninsular PENCAN-X anunciado en 2025 para reemplazar capacidad anterior.
Estos elementos, combinados, dotan a Canarias de un rol de “hub de resiliencia” europeo en el Atlántico, pero también aumentan su exposición a dinámicas marroquíes.
Lo que se juega España y la UE
- Seguridad y autonomía estratégica: la UE busca rutas diversas y seguras para el tráfico de datos. Conectar vía Tarfaya reduce riesgos de interrupción y eleva la redundancia, pero implica diálogo fino con Rabat y vigilancia de estándares y acceso.
- Señales políticas: cada hito técnico puede leerse como acercamiento a la narrativa marroquí de “integración del sur” y control efectivo del Sáhara Occidental. España debe calibrar mensajes para no erosionar posiciones jurídicas ni romper la cooperación práctica.
- Competencia portuaria y logística: el empuje de Dajla puede restar cuota a los puertos canarios si capta transbordo y valor añadido. La respuesta pasa por servicios, fiscalidad y conectividad superior, incluida la digital.
¿Hacia dónde evoluciona?
- Escenario 1: “Cooperación vigilada”. Obra del cable en 2025 con marcos UE de ciberseguridad, acuerdos operativos transparentes y gobernanza de mantenimiento conjunta. Canarias consolida su hub y Marruecos obtiene integración digital sin reconocimiento legal implícito.
- Escenario 2: “Fricción jurídica”. Retrasos por objeciones sobre trazado en aguas próximas al Sáhara y solapamientos de ZEE. El proyecto avanza, pero con cláusulas estrictas sobre jurisdicción y auditoría de equipos.
- Escenario 3: “Competencia dura en el Atlántico”. El puerto de Dajla entra en fase avanzada y capta tráficos; Rabat empuja nuevos cables hacia África Occidental. Canarias acelera PENCAN-X y atrae más consorcios para mantener centralidad.
Claves prácticas para entender la próxima ventana temporal:
- 2025: hitos de financiación y contrataciones de obra para la ruta Tenerife–Tarfaya.
- 2026–2028: convivencia de puesta en servicio del cable con fases críticas del puerto de Dajla.
- Revisión regulatoria continua: interacción con normativa UE sobre infraestructuras críticas y posibles dictámenes respecto al Sáhara Occidental.
Qué debería vigilar el lector informado
- Términos de interconexión y propiedad del segmento húmedo y seco. Quién manda dónde y con qué SLA.
- Auditorías de seguridad y proveedores de la cadena de suministro. Transparencia y compatibilidad con normas europeas.
- Mapas de ruta y amarre: si el trazado evita zonas litigiosas o se apoya en definiciones unilaterales de ZEE.
- Sincronía con la FIR canaria y gestiones OACI, por el precedente de control del espacio aéreo sobre el Sáhara.
En suma, el cable no es un gesto simbólico. Es infraestructura crítica con lectura geopolítica. Marruecos mueve ficha para integrar su sur y ganar influencia en el Atlántico. España y la UE tienen margen para convertir ese movimiento en resiliencia compartida sin ceder terreno jurídico. La diferencia estará en el detalle de los contratos, los mapas y la gobernanza. Y eso, en cables submarinos, lo es todo.
