En su informe 2018 que será presentado este jueves en Washington, la ONG de referencia mundial en derechos humanos también señaló violaciones y abusos en México, Bolivia, Cuba, Turquía y Birmania
Si un año atrás Human Rights Watch alertaba sobre la amenaza que representaba a nivel global el auge del populismo autoritario, que ponía en peligro las garantías de derechos básicos y favorecía los abusos por parte de líderes autócratas en todo el mundo, incluida América Latina, en su nueva evaluación anual la organización de derechos humanos vuelve a poner el foco sobre ese mismo riesgo, insiste en la necesidad de resistir su avance, pero celebra el hecho de que el fenómeno parece hoy «menos inevitable».
El Informe Anual 2018 de Human Rights Watch, un trabajo de 148 páginas que este 18 de enero se presenta en Washington DC, resalta en primer término la importancia de la «resistencia popular» al desafío autoritario, impulsada en muchos casos «por líderes políticos que tienen la valentía de defender los derechos humanos».
«Esto ha posibilitado que el futuro de las aspiraciones populistas sea más incierto», afirma en la evaluación Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización, que dedica al régimen «despiadado y autocrático» de Nicolás Maduro en Venezuela un capítulo destacado entre las consideraciones iniciales.
También otros países latinoamericanos reciben observaciones críticas en el relevamiento de HRW, entre ellos Bolivia, Cuba y México.
En el caso de la Argentina, el informe señala «problemas de derechos humanos de larga data», como abusos policiales, condiciones deficientes de detención, violencia endémica contra las mujeres, restricciones al aborto y, entre otras cosas, la «preocupante» impunidad en el caso del atentado contra la AMIA, en 1994, al tiempo que destaca avances en el juzgamiento de abusos cometidos durante la última dictadura.
Además, llama la atención sobre la detención de la dirigente social jujeña Milagro Sala y la muerte del artesano Santiago Maldonado en Chubut.
Fuera del contexto regional, el trabajo releva con particular inquietud «las atrocidades en masa» que proliferaron «con absoluta impunidad» en países como Yemen, Siria, Birmania y Sudán del Sur.
El caso de Venezuela es, entre los países de América latina, el que más atención recibe por la gravedad de la situación. El presidente Nicolás Maduro, sostiene HRW, «siguió destruyendo la democracia y la economía venezolanas con la excusa de estar protegiendo a los indefensos frente a quienes él califica de imperialistas».
«A medida que su gobierno se volvió más despiadado y autocrático, su gestión corrupta e incompetente de la economía se convirtió en una realidad inocultable».
Como resultado de esto, observa el informe, «multitudes salieron a las calles en señal de protesta»:
«Al tiempo que algunos funcionarios desertaron del gobierno y una cantidad sin precedentes de países latinoamericanos vencieron su renuencia histórica a criticar la represión en países vecinos».
Según observa HRW, Maduro «consiguió mantenerse en el poder en gran medida mediante la violenta represión que estuvo dispuesto a desplegar».
Sostiene que el mandatario arremetió «de manera brutal contra opositores» aprovechándose de un Tribunal Supremo de Justicia «servil» y de una Asamblea Nacional Constituyente que él creó «para quitarle y asumir las facultades legislativas de la Asamblea Nacional».
La represión y las detenciones dieron lugar a graves casos de torturas perpetrados por integrantes de las fuerzas de seguridad venezolanas, que según el informe llevaron a cabo golpizas violentas y sometieron a manifestantes a descargas eléctricas, asfixia y abusos sexuales.
Entre abril y noviembre unas 5400 personas fueron detenidas por el régimen autoritario de Maduro, muchos de los cuales enfrentan ahora causas penales con mínimas garantías.
En ese contexto, dice la organización, no resulta claro por cuánto tiempo más el pueblo venezolano permitirá que Maduro permanezca en el poder, y señala que aunque los líderes populistas corren con la ventaja de explotar el poder del Estado:
«La resistencia muestra que al autoritarismo se le contrapone una lucha y que muchas personas no se quedarán de brazos cruzados mientras los autócratas avasallan sus derechos y libertades fundamentales».
El capítulo dedicado a Cuba incluye una larga serie de consideraciones, entre ellas que el régimen castrista mantiene la represión y los castigos al disenso y las críticas.
Y si bien registra un menor número de detenciones arbitrarias de defensores de los derechos humanos y periodistas independientes que en el año previo, la cifra de 2017, afirma, fue «igualmente alta», con más de 3.700 casos entre enero y agosto.
Las detenciones son casi siempre de corta duración y según HRW persiguen el objetivo de intimidar y hostigar a los críticos del régimen.
Además, el informe recoge datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que informó sobre decenas de presos políticos.
«El gobierno no permite que las prisiones del país sean visitadas por organizaciones de derechos humanos independientes, las cuales creen que habría más presos políticos y cuyos casos no pueden documentar».
En Bolivia, según registró durante el último año Human Rights Watch, el gobierno de Evo Morales generó «un clima hostil para los defensores de los derechos humanos» y persisten la impunidad en delitos violentos y la falta de independencia en un Poder Judicial «gravemente afectado por corrupción, demoras e interferencia política».
Y en México el informe resalta que bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto:
«miembros de las fuerzas de seguridad han estado implicados en graves y reiteradas violaciones de derechos humanos -incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura- en el marco de acciones contra el crimen organizado».
Capítulos dedicados a Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras completan el panorama regional de los derechos humanos en 2017.
«La principal enseñanza que dejó el último año es que, a pesar de los considerables obstáculos, la defensa de los derechos humanos puede ser exitosa si median los esfuerzos adecuados», resalta HRW, que hace un firme llamado a la acción contra del populismo y a abandonar las posiciones aislacionistas de las potencias occidentales.
China y Rusia, que según la organización «forjaron sólidas alianzas con gobiernos represivos», han intentado sacar ventaja del vacío que en muchos casos dejaron Estados Unidos y las democracias europeas.
«Esto sólo puede conducir a un mundo más fragmentado, en el que a menudo se permiten atrocidades en masa».
HRW llama la atención sobre los casos de Turquía, «donde el presidente Recep Tayyip Erdogan diezmó impunemente el sistema democrático«; de Egipto, «donde el presidente Abdulfatah al Sisi reprimió el disenso público», y denuncia que el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohamed bin Salman, «presuntamente con la venia de aliados occidentales, encabezó una coalición de Estados árabes en guerra contra rebeldes hutíes y sus aliados en Yemen, que bombardeó y asedió a civiles».
Birmania, según HRW, es un ejemplo del costo que tiene no hacer nada frente a los ataques populistas contra los derechos humanos.
«La corrosiva retórica nacionalista difundida progresivamente por budistas radicales, altos mandos de las fuerzas birmanas y algunos miembros del gobierno civil contribuyó a propiciar una campaña de limpieza étnica contra los musulmanes rohinyá… estos son los mismos delitos que la comunidad internacional se había comprometido a no tolerar jamás».
La acción internacional en el caso de Siria se vio obstaculizada por los vetos y amenazas de vetos de Rusia y en ocasiones también de China en el Consejo de Seguridad de la ONU, según consigna Human Rights Watch.
Las atrocidades masivas cometidas allí han quedado hasta ahora fuera del alcance de la Corte Penal Internacional.
En este caso, la organización hace un llamado concreto:
«Cuando un miembro permanente del Consejo de Seguridad está dispuesto a usar su poder para encubrir las atrocidades de un aliado -en este caso, mientras también proporcionaba apoyo militar- es muy importante que se analicen vías alternativas para defender los derechos fundamentales».
¿Es posible observar 2017 con mirada retrospectiva y albergar alguna cuota de optimismo? Según señala Roth sobre las posibilidades de éxito en la batalla contra el autoritarismo en sus distintas versiones:
«la voluntad de los líderes democráticos de hacer frente a este desafío y defender los derechos humanos no ha sido constante. Hace un año, cuando los populistas parecían tener viento a favor, eran pocos los que se atrevían. Sin embargo, en el último año esto ha empezado a cambiar, y los efectos son tangibles».
