Hoy, 10 de mayo de 2025, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha emitido un contundente informe donde denuncia las acciones totalitarias que ejecuta el presidente Daniel Ortega para perpetuar su régimen dictatorial en Nicaragua. El documento, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), revela un meticuloso plan político diseñado para eliminar cualquier forma de oposición y clausurar todos los espacios sociales que exigen el fin del gobierno sandinista.
«La CIDH observó la persistencia de la represión y la instrumentalización de todo el aparato estatal con la finalidad de suprimir a largo plazo cualquier espacio de pluralismo, expresión, expresión de fe, disenso y participación democrática», señala el informe anual presentado desde Washington. Esta estrategia, según el organismo internacional, incluye la aprobación de nuevas leyes contrarias al derecho internacional y la criminalización sistemática de la población.
Un régimen que se consolida en la represión
La situación en Nicaragua se ha deteriorado significativamente desde abril de 2018, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles para protestar contra unas controvertidas reformas a la seguridad social. Aquellas manifestaciones, que derivaron en exigencias de renuncia del presidente Ortega, fueron duramente reprimidas dejando al menos 355 personas muertas según datos de la CIDH, aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684.
Siete años después de aquellos sucesos, que Ortega calificó como un «intento de golpe de Estado», la CIDH advierte que «la situación de derechos humanos en Nicaragua sigue siendo una de las más críticas de la región y continúa deteriorándose». El informe documenta graves violaciones como detenciones arbitrarias, denuncias de desapariciones forzadas, violaciones al debido proceso y tratos crueles e inhumanos contra personas privadas de libertad.
Particularmente alarmantes son las condiciones de detención que enfrentan los presos políticos. La CIDH ha recibido numerosos testimonios sobre «condiciones deplorables» que incluyen insalubridad en las celdas, falta de acceso a agua potable, alimentación insuficiente y de mala calidad, negligente atención médica y falta de acceso a medicamentos. Esta situación ha llevado al organismo a otorgar medidas cautelares para la protección de más de 40 personas detenidas en situación de mayor riesgo.
Estrategia para perpetuarse en el poder
El informe de la OEA inicia con una serie de evidencias que desnudan la operación política montada por Ortega para controlar y manipular los resultados de los comicios presidenciales convocados para 2027. Esta estrategia se complementa con la imposibilidad de ejercer el derecho a la protesta, reforzada por detenciones ilegales ejecutadas por las fuerzas de seguridad que responden al mandatario.
Las recientes reformas constitucionales, aprobadas entre noviembre de 2024 y enero de 2025, han consolidado lo que analistas describen como «una nueva dictadura familiar» en Latinoamérica. Según el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), estas modificaciones «demuelen cualquier vestigio del régimen democrático que prevalecía en la Constitución, suprimen derechos y libertades, y aseguran la continuidad en el poder de la familia Ortega-Murillo».
Entre los cambios más preocupantes destacan la centralización del control absoluto del poder político en la Presidencia, encabezada por un copresidente y una copresidenta, cargos ocupados actualmente por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Estas reformas, según la CIDH, «consolidan, bajo una apariencia de legalidad, el desmantelamiento de la institucionalidad democrática».
Respuesta internacional y desacato
La comunidad internacional ha mostrado su preocupación ante la deriva autoritaria del régimen nicaragüense. El pasado 23 de abril, el Consejo Permanente de la OEA abordó el persistente desacato del gobierno de Ortega y Murillo a las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Esta sesión, solicitada por las misiones permanentes de Chile y Canadá, buscaba analizar la «situación de desacato permanente y desprotección» de los beneficiarios de las medidas provisionales dictadas por la Corte IDH, así como reafirmar el respaldo a las víctimas de la represión estatal.
El Cetcam advierte en su análisis que la instalación de este régimen autoritario es un «viejo proyecto» de Ortega que se remonta a la década de 1980, durante su primer gobierno (1979-1990), «cuando, amparado en el contexto de conflicto armado interno, gobernó con un estilo autoritario». Dicho proyecto fue interrumpido tras la caída de la Unión Soviética y su derrota electoral en 1990, pero ha sido retomado con fuerza desde su regreso al poder en 2007.
Un clima de miedo y persecución
El informe de la CIDH destaca cómo el régimen nicaragüense ha creado «un clima de miedo» en la población mediante detenciones arbitrarias y el empleo de la privación de libertad como herramienta de control social. Todo esto ocurre en un contexto de falta de independencia del sistema judicial, que actúa como brazo ejecutor de las políticas represivas del gobierno.
La persecución se extiende también al ámbito religioso y a cualquier espacio cívico, tanto físico como digital. Las restricciones a la libertad de movimiento, la privación de nacionalidad y el destierro son otras de las tácticas empleadas por el régimen para silenciar voces críticas.
La situación actual de Nicaragua representa uno de los casos más graves de deterioro democrático en la región latinoamericana. Como señala el informe de la OEA, el régimen de Ortega ha logrado instrumentalizar todo el aparato estatal con la finalidad de suprimir cualquier forma de pluralismo y participación democrática, consolidando un sistema de «concentración total del poder» que amenaza con perpetuarse en el tiempo.
Mientras la comunidad internacional continúa denunciando estos abusos, el pueblo nicaragüense sigue enfrentando una realidad marcada por la represión sistemática y la violación de sus derechos fundamentales, sin que se vislumbren a corto plazo cambios significativos en la deriva autoritaria del régimen de Ortega y Murillo.
