Llevan tiempo los socialistas dando la matraca con un asunto de acoso en Móstoles que afecta directamente al alcalde, Manuel Bautista, por el presunto acoso a una concejala.
Sin embargo lo que descubre La Razón ahora les dejará perplejos: resulta que hay otra denuncia de acoso sexual en Móstoles, y lleva más de un año en el cajón del ministro Óscar López.
Lo que empezó como una denuncia interna en el Ayuntamiento de Móstoles ha derivado en un complicado laberinto administrativo. Una funcionaria con habilitación nacional presentó un aviso por presunto acoso sexual contra un antiguo empleado del consistorio, lo que activó en octubre de 2024 un procedimiento confidencial en el área de Recursos Humanos. Tras finalizar la fase interna, el Consistorio elevó las conclusiones a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid el 8 de noviembre de 2024. La Consejería, al considerar los hechos como una «falta muy grave», envió el expediente al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, bajo la dirección de Óscar López, en noviembre de 2024.
Desde ese momento, según informan fuentes municipales, no hay constancia de que se haya avanzado en la tramitación del expediente ni que se haya solicitado declaración a los afectados. Quince meses después, el caso sigue atrapado en un limbo administrativo mientras la denunciante recibe asistencia médica y psicológica debido a un cuadro de ansiedad vinculado a los hechos denunciados. En enero de 2025, el Ayuntamiento permitió a la funcionaria trabajar desde casa como medida organizativa adoptada durante el procedimiento.
Los comportamientos denunciados y sus consecuencias
La funcionaria describe actitudes del denunciado que buscaban crear situaciones para quedar a solas con ella en su despacho. Según los documentos del Ayuntamiento, la víctima experimentó «comportamientos impropios» que incluían forzar encuentros a solas, miradas incómodas, preguntas personales y prohibiciones a otros funcionarios para que no estuvieran presentes durante reuniones forzadas. Todo esto generó una situación estresante que requirió asistencia médica y psicológica.
La paralización del expediente en el ministerio contrasta con la urgencia que debería caracterizar cualquier caso de acoso. Los funcionarios con habilitación nacional dependen disciplinariamente del Estado, por lo tanto, corresponde al Ministerio resolver este tipo de casos una vez recibidos. Sin embargo, la falta de avance en los últimos meses ha dejado a la denunciante con una sensación creciente de desprotección y ha suscitado un debate sobre la efectividad de los protocolos establecidos para proteger a las víctimas dentro de la Administración.
El caos político que envuelve el caso
Lo que podría haber sido un procedimiento administrativo rutinario se ha transformado en un auténtico campo de batalla política. La exconcejala del PP en Móstoles que denunció acoso sexual y laboral por parte del alcalde Manuel Bautista ha anunciado su intención de presentar una demanda judicial contra él y altos cargos del partido por haber filtrado sus correos personales. Su abogado, Antonio Suárez-Valdés, experto en delitos relacionados con el acoso, ha indicado que su denuncia incluirá las supuestas maniobras tanto del acoso sexual como del posterior acoso laboral.
La exconcejala se reunió con la vicesecretaria de Organización del PP madrileño, Ana Millán, y el secretario general del PP regional, Alfonso Serrano, en dos ocasiones buscando apoyo. Sin embargo, audios filtrados revelan que Millán presionó a la exedil advirtiéndole que el partido tenía «pruebas» sobre su supuesta colaboración informativa con el PSOE respecto al asunto. El abogado ha señalado que su clienta no había denunciado antes debido a presiones recibidas mediante mensajes como «piensa en tus hijos» o «en tu padre».
Las negaciones y contraataques del PP
Por su parte, el alcalde de Móstoles sostiene firmemente que no hubo ningún tipo de acoso sexual o laboral hacia su exconcejala. Además, ha anunciado su intención de emprender acciones legales contra ella por acusarlo injustamente cuando no existe «ni siquiera una denuncia formal ante los tribunales». Bautista afirma que la investigación interna fue cerrada por falta de pruebas y considera que las acusaciones son producto del intento de ascenso profesional por parte de la exconcejala.
Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño, ha afirmado que la exconcejala actuó «de mala fe» y motivada por una «vendetta» personal. Asegura que incluso llegó a grabar conversaciones sin consentimiento. Ha reiterado que desde que tuvieron conocimiento sobre la denuncia en febrero de 2024 todo parecía indicar una mera «disputa laboral» más que un caso real de acoso sexual. El número dos de Ayuso critica que con esta campaña el PSOE intenta ocultar sus propios fracasos electorales.
La reacción del PSOE y las implicaciones judiciales
El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha manifestado que no descartan llevar este asunto ante los tribunales debido a la «filtración» sufrida por los datos personales dela exedil. López exige también la dimisión del alcalde e interroga sobre quién ordenó filtrar dicha información privada. Califica como ejemplar lo incorrecto hecho por el PP al archivar este caso sin haber citado previamente a la denunciante.
El abogado defensor ha explicado que su denuncia contra Bautista se basará principalmente en un delito relacionado con acoso laboral—no así sobre acoso sexual—ya que este último requiere ser reiterativo según establece jurisprudencia vigente. Suárez-Valdés está considerando incluir también otros delitos como coacciones u omisiones relacionadas con deberes legales por parte políticos como Alfonso Serrano, Ana Millán y Lucía Paniagua, teniente alcalde en Villanueva de la Cañada. Se estima que esta denuncia tardará «unas semanas» en ser preparada antes se presente formalmente ante un juzgado penal.
El dato curioso que cierra el círculo
En medio del creciente tumulto político resulta irónico observar cómo este expediente está bajo control precisamente del ministerio dirigido por Óscar López, quien ahora exige explicaciones acerca de las filtraciones ocurridas y solicita también la dimisión del alcalde. El protocolo sobre protección frente al acoso sexual dentro della Administración General del Estado establece plazos específicos para gestionar estos expedientes; sin embargo, parece evidente que cuando estos casos adquieren relevancia política, los tiempos administrativos se dilatan considerablemente.
