El BOE ha publicado el pasado día 23 de abril la Ley Orgánica 5/2021, de derogación del artículo 315, apartado 3, del Código Penal. Fue el Grupo Socialista quien hizo la proposición de ley. Hasta aquí todo parece acorde, con el funcionamiento de nuestro sistema democrático, si no fuera porque el Gobierno ha aprovechado para introducir en su Preámbulo, párrafos tercero y cuarto, una serie de escandalosos ataques al PP, sin precedentes e impropios de una democracia parlamentaria plena. Así, el párrafo tercero, dice:
“Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquella que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno”.
Vaya por delante que los preámbulos o exposiciones de motivos deben servir para definir el espíritu de la ley y justificar su conveniencia, no para lanzar acusaciones contra un gobierno precedente o sus rivales políticos. A tal respecto, es inaudito que un gobierno democrático pueda utilizar una ley, nada menos que orgánica, para tratar de defenestrar a su adversario político No puede ser tolerable que en un sistema de libertades se utilice el preámbulo de una norma jurídica para realizar valoraciones políticamente sectarias, que tienen un tufo autoritario, que son ignominiosas y que, además, se exteriorizan en plena campaña electoral para tratar de ganar rédito político. Es una manipulación más que repugnante, demonizar al oponente para justificar una reforma legislativa de un precepto del CP, al que luego haré alusión. Es un insulto a la democracia. Un insulto a la convivencia. Una práctica nunca vista en el BOE. Propia de un fanatismo ideológico de una república bolivariana. Es una cacicada propia de regímenes totalitarios. Por cierto, publicada el mismo el Día Del Libro ¡No está mal! Ahora bien, el PP conociendo el polémico texto desde el mes de septiembre, aunque presentó enmiendas a la totalidad, como hizo VOX, no dio la batalla que debe esperarse del primer partido de la oposición, aunque Pablo Casado haya dicho “Es gravísimo. Ya es el colmo que también desde el BOE nos insulten”. Hasta, la Asociación de Fiscales ha denunciado que se utilice el BOE para hacer política partidista
Por un momento, se imaginan si el partido Popular hiciese lo mismo desde el Gobierno de la nación para desacreditar al PSOE. La reacción no se haría esperar y sería estruendosa. Tomarían las calles, rodearían el Congreso y las manifestaciones no cesarían hasta que se suprimiera ese indigno párrafo “legislativo”. Se transformaría en un auténtico escándalo nacional. Pero, lo más denigrante es que esa mayoría parlamentaria conformada por los socialcomunistas e independentistas son los mismos que desde hace más de un año nos han suprimido nuestros derechos más fundamentales y humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y siguen impidiéndonos el ejercicio de nuestra libertad.
Veamos ahora lo que decía el suprimido artículo 315.3 del CP: “Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses”. Su derogación, sin alternativa a decidir libremente no hacer huelga, supone la desprotección de otro derecho fundamental, el derecho al trabajo, artículo 35 CE. Al derogar el delito de coacciones laborales, no se está protegiendo al trabajador que no quiere sumarse a una huelga, se le está dejando indefenso, por mucho que digan desde el Gobierno que el genérico delitos de coacciones ya protege la libertad de no hacer huelga. Los piquetes ilegales ya pueden campear por sus fueros. Tiempo al tiempo.
Por otro lado, no es la primera vez que el PSOE de Sánchez utiliza un arma arrojadiza contra el centro-derecha, con toda la parafernalia de aparente legalidad, para tratar de borrarlo de la escena política, como cuando utilizó una sentencia redactada por el magistrado De Prada que introducía frases lapidarias contra el PP, cuestionando la credibilidad de Rajoy, que fueron la espoleta de la moción de censura capitaneada por Sánchez, lo que le permitió derrocar a un gobierno y conquistar el poder sin pasar por las urnas. Después, dicho magistrado fue reprendido por al AN y TS, que cuestionaron su imparcialidad, al haber dado por acreditados hechos que no eran objeto de enjuiciamiento, pero ya era demasiado tarde, se había obtenido el botín, la defenestración de Rajoy. Ahora de Prada es incluso uno de los candidatos al CGPJ, a propuesta del PSOE, siempre que haya acuerdo entre el PSOE y PP, después del varapalo de la UE al gobierno de Sánchez.
Y, si no fuera suficiente, otro hecho inaudito se cuela en la campaña electoral, con unas sospechosas tres cartas dirigidas a Pablo Iglesias, el Ministro del Interior y la Directora General de la Guardia Civil, que según dicen contienen balas de cetme que pasaron todos los controles de los escáneres de rayos x de Correos, sin que nadie se percatara, aunque después fueran interceptadas, afortunadamente, por la Policía y Guardia Civil en el Ministerio del Interior. Más que extraño. Propio de cloacas del Estado. Pero de eso, hablaré con más datos en mi próximo artículo, aunque “ad cautelam” anticipo, que hay que desenmascarar a sus autores, sobre todo, a los intelectuales, además de sus ejecutores físicos, para que sobre ellos caiga el martillo de la benefactora ley por poner en riesgo la democracia a la que muchos amamos. No les va a salir gratis a estos hijos de la chingada, dirían los mejicanos, no los bolivarianos. Salvar la democracia de su intento de asesinato debe ser nuestro objetivo ¡Caiga quien caiga!
