En pleno verano político, el Gobierno de Pedro Sánchez ha encendido la mecha de una de las controversias más sonoras del año con su última jugada legislativa: facilitar a los colectivos animalistas el acceso a los nombres y domicilios de los cazadores españoles. Esta decisión, que algunos han calificado sin rodeos como “animalada jurídica”, no solo ha provocado un terremoto en la comunidad cinegética, sino que también ha reavivado el eterno debate sobre la protección de datos personales y el papel que juega la caza en la España actual.
A fecha de 27 de junio de 2025, el Ejecutivo ultima una normativa que, bajo la bandera de la transparencia y el control ciudadano, permitirá a asociaciones animalistas solicitar —y obtener— información sensible sobre los cazadores registrados. El objetivo declarado es fiscalizar posibles infracciones y garantizar el cumplimiento normativo; sin embargo, para muchos, se trata de una maniobra que expone a miles de personas a posibles campañas de acoso o escraches. El asunto ha saltado a la arena mediática con fuerza inusitada, dejando claro que aquí no solo se juega una batalla legal, sino también cultural y generacional.
¿Cuántos cazadores hay en España? Una especie en extinción
La medida llega en un momento especialmente delicado para el colectivo cinegético. España cuenta actualmente con unos 577.742 cazadores, según los últimos datos publicados por la Fundación Artemisan en mayo de 2025. Esta cifra, aunque todavía elevada, representa una caída estrepitosa si se compara con los más de un millón de licencias expedidas hace cinco décadas. El descenso es tal que algunos expertos ya hablan abiertamente del “colapso demográfico” del sector.
El retrato robot del cazador español
- La edad media supera ampliamente los 50 años.
- El 41% tiene más de 60 años; solo un exiguo 5% pertenece al grupo de 21 a 30 años.
- La presencia de jóvenes es testimonial: apenas el 0,92% son menores de 20 años.
- La mayoría reside en grandes ciudades (69%), aunque la afición se transmite sobre todo en pequeños pueblos, donde hasta el 8% de los vecinos practica la caza.
El declive es tan pronunciado que las proyecciones más pesimistas auguran que para 2050 quedarán apenas unos 176.000 cazadores activos en España —y casi dos tercios serán mayores de 60 años—. La caza, lejos de rejuvenecerse, envejece al ritmo vertiginoso del éxodo rural y la transformación sociocultural del país.
Radiografía autonómica: ¿dónde están los cazadores?
El reparto regional revela algunas sorpresas:
- Andalucía lidera con 151.387 licencias activas (26,2% del total nacional).
- Le sigue Castilla y León (76.170 licencias) y después Cataluña (54.218).
- Regiones como Canarias, Baleares o La Rioja apenas suman entre 4.000 y 13.000 licencias debido a su menor superficie y población.
Castilla-La Mancha destaca como destino predilecto para cazadores foráneos: hasta el 84% de los gallegos aficionados viajan allí alguna vez para cazar, lo mismo ocurre con asturianos (65%) y baleares (66%). La movilidad entre autonomías es notable gracias a las licencias interautonómicas —más de 17.600 expedidas en 2023— que permiten practicar la actividad cinegética en varias regiones sin trámites adicionales.
¿Qué se caza en España?
La diversidad geográfica convierte a España en un paraíso cinegético europeo. Entre las especies más perseguidas por los cazadores destacan:
- Conejo
- Perdiz roja
- Jabalí
- Codorniz (con especial seguimiento científico por su valor ecológico)
- Paloma torcaz
- Ciervo
Por regiones, Andalucía y Castilla-La Mancha sobresalen por su volumen y variedad: desde monterías hasta pequeñas partidas familiares. En el norte peninsular predomina la caza menor (aves migratorias como codornices y palomas), mientras que en las grandes fincas manchegas o andaluzas proliferan las especies mayores.
La “animalada jurídica”: ¿transparencia o linchamiento?
El epicentro del conflicto actual radica en la decisión gubernamental de permitir a organizaciones animalistas acceder a información personal —nombres y domicilios— de quienes practican legalmente la caza. Defensores argumentan que se trata simplemente de aplicar criterios similares a los registros públicos ya existentes para titulares cinegéticos o actividades medioambientales.
Sin embargo, desde asociaciones cinegéticas hasta expertos jurídicos alertan sobre las consecuencias:
- Riesgo real de acoso: temen campañas orquestadas contra particulares o familias identificadas públicamente como cazadores.
- Vulneración del derecho fundamental a la protección de datos: se discute si esta apertura cumple con la normativa europea.
- Fomento del conflicto social: lejos de tender puentes entre posturas antagónicas, puede radicalizar aún más el debate rural/urbano.
Algunos juristas han calificado esta medida como “animalada jurídica”, por considerar que convierte al Estado en facilitador involuntario del señalamiento público y erosiona derechos individuales básicos bajo un barniz ideológico.
Un sector tocado pero no hundido
El drama demográfico —y ahora legislativo— no impide que la caza siga siendo un motor económico relevante en áreas despobladas; genera empleo directo e indirecto en sectores tan dispares como hostelería rural, gestión medioambiental o turismo cinegético.
Curiosamente:
- A pesar del retroceso generalizado, Andalucía mantiene viva una red densa de sociedades locales y campeonatos.
- Las capturas científicas muestran picos sorprendentes: por ejemplo, se han registrado más codornices vistas en ciertas provincias norteñas durante las últimas temporadas pese al descenso global.
- Algunas autonomías han implantado innovaciones tecnológicas para censar especies —desde drones hasta apps móviles— buscando compatibilizar tradición e innovación.
Y mientras tanto, en Madrid o Barcelona aún hay quien presume cada otoño —chaleco verde mediante— del mejor conejo cobrado tras horas pateando rastrojos.
Datos curiosos para amantes (y detractores) del campo
- En municipios españoles con menos de cien habitantes, uno de cada doce vecinos sigue saliendo al monte escopeta al hombro.
- El relevo generacional es tan bajo que hoy hay menos cazadores menores de 20 años que nunca antes; hace medio siglo eran siete veces más.
- La movilidad entre regiones está disparada: más del 50% de los cazadores castellanoleoneses caza fuera de su provincia habitual cada temporada.
Entre polémicas legales y paseos entre jaras y encinas, lo cierto es que la caza sigue marcando territorio —aunque cada vez más arrinconada— en el ADN rural español. Y ahora también en los tribunales… porque si algo está claro es que esta “animalada jurídica” aún tiene mucho campo por recorrer.
