Por la boca muere el pez.
En este caso una ‘sardina’.
En pleno verano político, Torre Pacheco se ha visto catapultado al centro de la tormenta mediática y judicial.
El detonante: las declaraciones de Ione Belarra, líder de Podemos, que arremetió duramente contra las fuerzas de seguridad en este municipio murciano, acusando a los agentes de “compadrear con los neonazis” en vez de proteger a los vecinos.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, no tardó en reaccionar.
Este 16 de julio de 2025, sus representantes han presentado una querella ante el Tribunal Supremo por presuntos delitos de odio e injurias graves contra la exministra, argumentando que sus palabras atacan el principio de autoridad y suponen un riesgo para la integridad y el prestigio de los agentes.
Del discurso a los tribunales: ¿dónde está el límite?
No es la primera vez que un cruce dialéctico entre políticos y fuerzas del orden acaba judicializado, pero pocas veces con tanta repercusión. Según sostiene el SUP, las manifestaciones de Belarra van mucho más allá del debate político: se trata, dicen, de una acusación “falaz y gravemente ofensiva”, al insinuar vínculos ideológicos entre funcionarios públicos y grupos radicales neonazis. El sindicato sostiene que este tipo de imputaciones “transmiten la idea al conjunto de la sociedad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están contaminadas por valores totalitarios”, lo que deriva —según ellos— en descrédito institucional y hostilidad social hacia los agentes.
El escrito presentado ante el Supremo apela tanto al artículo 504.2 del Código Penal (injurias graves contra instituciones del Estado) como al 510 (delitos de odio), argumentando que la diputada ha incitado indirectamente al desprecio hacia todo un colectivo profesional. No han faltado voces —en tertulias y redes sociales— que consideran estas palabras como una crítica política legítima dentro del contexto democrático. Pero el SUP insiste: “No se puede normalizar que se desacredite así a miles de funcionarios públicos”.
Torre Pacheco: inseguridad real y batalla política
La polémica no surge en el vacío. Torre Pacheco vive desde hace meses una escalada delictiva difícilmente contestable con datos oficiales en mano. El pleno municipal aprobó por unanimidad el pasado febrero una moción —con votos incluso del PSOE local— exigiendo al Gobierno central una comisaría de Policía Nacional y refuerzo para la Guardia Civil, ante el alarmante aumento de la criminalidad. En apenas un año, los delitos han subido un 12,9%, situando a esta localidad como la segunda con mayor crecimiento criminal en toda la Región. Especialmente preocupante ha sido el repunte del 40% en los delitos contra la libertad sexual.
El edil socialista Juan Salvador Sánchez Saura lo resumió con claridad: “La seguridad es un tema candente… son muchas las peticiones que se han hecho desde este Ayuntamiento a la Comunidad Autónoma para mejorarla”. El PSOE local incluso reconocía las dificultades para instalar una comisaría pero proponía una estrategia gradual: comenzar con una oficina de documentación para ir sentando bases futuras.
Sin embargo, mientras los partidos locales aparcan diferencias ideológicas ante la urgencia vecinal, desde algunos sectores nacionales se insiste en denunciar racismo o xenofobia cada vez que se habla del impacto migratorio sobre la seguridad. Una paradoja no exenta de ironía: quienes hoy claman contra el racismo avalaron hace meses pedir más policía ante la oleada delictiva.
El choque institucional: ¿nueva normalidad política?
La querella del SUP no es un episodio aislado. Refleja cómo la crispación política nacional —especialmente entre partidos a izquierda y derecha— se traslada cada vez más al terreno judicial. La denuncia policial pone sobre la mesa varios debates incómodos:
- ¿Hasta dónde puede llegar la crítica política sin traspasar el umbral penal?
- ¿Está justificado hablar abiertamente de infiltraciones fascistas o racistas en cuerpos policiales sin pruebas concretas?
- ¿Se está utilizando el delito de odio como arma arrojadiza tanto desde un lado como desde otro?
Desde Podemos mantienen que sus palabras denuncian hechos concretos ligados a agresiones xenófobas recientes en Torre Pacheco; desde las fuerzas del orden consideran inadmisible cualquier generalización lesiva sobre su profesionalidad.
Consecuencias políticas y sociales
Este choque tiene ramificaciones inmediatas:
- Judicialización creciente: El Supremo tendrá que pronunciarse sobre si las palabras de Belarra constituyen delito o están amparadas por la libertad de expresión parlamentaria.
- Reputación policial: El SUP teme que este tipo de discursos erosione el respeto social hacia los agentes.
- Polarización: Las posiciones extremas refuerzan bloques ideológicos cerrados, dificultando consensos mínimos sobre seguridad ciudadana.
- Instrumentalización electoral: A nadie se le escapa que Torre Pacheco es hoy territorio codiciado para todos los partidos con vistas a futuras contiendas electorales.
Curiosidades y datos nada menores
- Torre Pacheco tiene cerca del 50% de su población repartida entre once pedanías, lo que complica aún más cualquier despliegue policial eficaz.
- Según datos oficiales, solo durante 2024 se solicitaron más refuerzos policiales para esta localidad que para municipios murcianos con mayor población.
- La expresión “compadrear con los neonazis” ya ha sido utilizada por otros portavoces políticos europeos —con demandas judiciales igualmente sonadas— pero rara vez había llegado tan lejos en España.
- Entre tanto debate político, algunos vecinos reconocen cierto hastío: “Aquí lo que queremos es poder dormir tranquilos, sean fascistas, comunistas o marcianos los que nos protejan”, bromeaba esta semana un hostelero local.
El caso sigue abierto. Y aunque muchos esperan ver cómo resuelve el Supremo esta bronca mediática-e-institucional digna del mejor guion político español, otros simplemente piden menos titulares incendiarios… y más patrullas por sus calles.
