Ademas de caradura, mentiros.
Y bastante inepto, a la luz de su gestión como presidente del Gobierno.
La imagen de Pedro Sánchez defendiendo ante la opinión pública que España es un “país seguro y tolerante” produce dolor de estómago en un contexto donde las cifras de delitos sexuales han roto todos los techos estadísticos.
Datos: Las agresiones sexuales con penetración se han disparado un 276% desde que gobierna el ‘feminista’ marido de Begoña.
Sólo en el primer trimestre de 2025 se han registrado casi tantas violaciones como en todo el año 2017.
Mientras el presidente se afana en destacar los valores positivos del país, los datos oficiales y los informes policiales muestran una realidad mucho más compleja: las violaciones se han triplicado durante sus siete años al frente del Ejecutivo, y el crecimiento de los delitos sexuales parece no tener techo.
En este escenario, la seguridad ciudadana se ha convertido en un eje central del debate político y mediático.
La narrativa gubernamental insiste en el progreso social y la protección de derechos, pero cada vez resulta más difícil sostener ese discurso frente a una sucesión de titulares sobre agresiones sexuales, aumento de la criminalidad y una sensación de inseguridad que cala hondo en la sociedad.
Radiografía estadística: el repunte inédito de las violaciones
Las cifras no dejan lugar a interpretaciones: los delitos sexuales han crecido casi un 4% respecto al año anterior, según los últimos balances publicados. El dato más inquietante lo protagonizan las violaciones con penetración, que se han incrementado un 7% en lo que va de 2025 respecto a 2024. Este fenómeno no es puntual ni coyuntural: desde 2018 —año en que Sánchez llegó a La Moncloa—, el número total de violaciones se ha triplicado.
En el último año, las estadísticas oficiales recogen:
- Subida del 4% en el conjunto de delitos sexuales.
- Aumento del 8% en el número total de violaciones.
- Crecimiento acumulado del 7% en las violaciones con penetración respecto a 2024.
El repunte es generalizado tanto en grandes urbes como en municipios medianos, una tendencia que ha sido objeto de especial seguimiento por parte de asociaciones de víctimas y cuerpos policiales.
El contexto político: promesas y realidades
El discurso triunfalista del Gobierno contrasta con la preocupación expresada por expertos en seguridad, juristas y colectivos feministas. Sánchez ha reiterado en sus intervenciones públicas que España “es uno de los países más seguros de Europa”, apelando a estadísticas generales sobre criminalidad. Sin embargo, la especial incidencia delictiva en materia sexual ha erosionado la confianza ciudadana y abierto grietas en la gestión política del Ejecutivo.
Varias claves explican esta paradoja:
- El aumento de denuncias puede atribuirse parcialmente a una mayor concienciación social y menor estigmatización, pero tanto policías como analistas advierten que el fenómeno trasciende el simple efecto “llamada” o visibilización.
- Las reformas legislativas impulsadas desde 2022 —como la polémica Ley del “solo sí es sí”— han generado efectos indeseados: reducción de condenas para agresores reincidentes e incluso excarcelaciones anticipadas. Esto ha provocado fuertes críticas desde la oposición y sectores judiciales.
- El refuerzo policial anunciado para atajar esta ola delictiva no se ha traducido aún en resultados tangibles, según admiten fuentes sindicales del sector.
Factores sociales e impacto mediático
No se puede analizar este fenómeno sin tener en cuenta factores sociales como:
- Cambios demográficos y nuevas realidades migratorias.
- Brecha generacional respecto al uso de redes sociales y nuevas formas de interacción entre jóvenes.
- Incremento exponencial de casos grupales (“manadas”) frente al perfil tradicional de agresor solitario.
Los medios digitales han contribuido a amplificar la alarma social, con casos mediáticos que han marcado agenda política y judicial. El debate público oscila entre la legítima reivindicación feminista y el temor a caer en discursos alarmistas o xenófobos.
La oposición aprovecha el vacío
La oposición política —especialmente desde partidos conservadores— ha hecho bandera del deterioro percibido en materia de seguridad. Se acusa al Gobierno de minimizar el problema, maquillar estadísticas e incluso dificultar la labor informativa sobre hechos especialmente graves. El asunto ha llegado incluso al Congreso, con sesiones monográficas y propuestas legislativas orientadas a endurecer penas o reformar leyes polémicas.
Mientras tanto, colectivos ciudadanos organizan concentraciones para reclamar más recursos policiales, campañas educativas y apoyo a las víctimas. La presión social crece a medida que nuevos casos salen a la luz casi semanalmente.
Un modelo bajo sospecha
Las políticas públicas impulsadas por el Ejecutivo han sido objeto de revisión interna tras constatarse errores graves tanto en prevención como en respuesta judicial. Varias voces reclaman:
- Mayor coordinación entre fuerzas policiales autonómicas y estatales.
- Dotación urgente de recursos para unidades especializadas.
- Reformulación legislativa para evitar efectos perversos como revisiones masivas de condenas.
- Refuerzo de campañas preventivas dirigidas especialmente a jóvenes y colectivos vulnerables.
En paralelo, algunos expertos apuntan al riesgo reputacional para España como destino turístico seguro si persiste esta tendencia alcista.
Curiosidades y datos singulares
Para terminar este recorrido analítico por la seguridad (o inseguridad) sexual en España bajo mandato socialista, conviene destacar algunos hechos llamativos:
- En 2024, hubo jornadas con hasta diez denuncias diarias por violación solo en Madrid.
- El término “manada” se ha incorporado oficialmente a manuales policiales tras varios casos grupales mediáticos.
- Según encuestas recientes, uno de cada tres jóvenes declara conocer personalmente algún caso cercano de agresión sexual.
- La inversión pública destinada a campañas contra las agresiones sexuales ha aumentado un 35% desde 2019, aunque sin frenar la tendencia ascendente.
- Expertos internacionales alertan ya sobre el “efecto llamada” ante la percepción internacional de impunidad generada por reformas legales poco meditadas.
La paradoja está servida: mientras Sánchez presume ante foros internacionales del carácter tolerante y seguro del país, las estadísticas le recuerdan —sin anestesia— que hay realidades difíciles de maquillar ni siquiera con los mejores discursos parlamentarios.
