El despacho de Álvaro García Ortiz se ha convertido en el epicentro de la mayor crisis institucional vivida en la Fiscalía General del Estado. El Tribunal Supremo ha confirmado su procesamiento y lo aboca, sin remedio, a sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de revelación de secretos.
La decisión, lejos de ser una anécdota más en la agitada vida política española, sienta un precedente demoledor tanto para la imagen de la Fiscalía como para la estabilidad del Gobierno que lo sostiene.
El asunto central es tan sencillo como explosivo: el borrado masivo e intencionado de mensajes y correos electrónicos por parte del fiscal general justo cuando fue imputado por revelar datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso.
El Supremo lo califica, sin rodeos, como “un potente contraindicio” que puede fundamentar su condena.
Y añade, con ironía jurídica nada disimulada, que “no puede quejarse quien la hizo que ahora tiene limitada su defensa”.
La secuencia es digna de un guion policial:
- El día que el Supremo abre causa contra García Ortiz, este borra sus mensajes de WhatsApp y correos electrónicos, resetea su teléfono y elimina información clave.
- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil documenta estos movimientos y los pone negro sobre blanco en su informe.
- El fiscal general sostiene que esa eliminación se produjo siguiendo protocolos habituales por seguridad y no por el procedimiento judicial.
- Los magistrados no se tragan la versión: recalcan que “de común experiencia un borrado de datos se hace de elementos que puedan resultar desfavorables” y que “la desaparición intencionada de pruebas es un potente contraindicio” para cualquier tribunal.
Lejos de tratarse de una maniobra inocente o rutinaria, el Supremo subraya que la finalidad evidente era ocultar información ante una posible investigación. No es menor el hecho de que García Ortiz ni siquiera renunció a su cargo durante la instrucción, lo que ha sumido a la Fiscalía en una situación inédita y absolutamente incómoda para el Gobierno.
La doctrina europea y constitucional: destruir pruebas te condena
Los jueces han sido especialmente pedagógicos —y algo sarcásticos— al explicar por qué este comportamiento es tan relevante:
Recuerdan la doctrina Murray del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: destruir pruebas puede emplearse como indicio suficiente para fundamentar una condena.
Traen a colación sentencias del propio Tribunal Constitucional español: negarse a colaborar no puede ser interpretado como culpabilidad, pero destruir u ocultar pruebas sí puede considerarse prueba en contra si hay otros elementos incriminatorios.
Por si fuera poco, exoneran a la fiscal provincial implicada porque ella sí demostró no tener nada que ver con el borrado. Mientras tanto, García Ortiz insiste en argumentaciones que los magistrados tachan directamente de “llamativas” por poco creíbles.
La nota sobre el novio de Ayuso: ¿prueba suficiente?
Pero no solo se trata del misterioso borrado digital. El Supremo apunta a otro hecho con igual peso: la nota de prensa emitida por la Fiscalía en 2024 sobre las negociaciones con el novio de Díaz Ayuso podría bastar por sí sola para apreciar el delito de revelación de secretos. Los hechos reconstruidos muestran una cadena temporal milimétrica: tras recibir copia del correo entre el abogado del investigado y el fiscal del caso, pocos minutos después se produce la filtración mediática.
El tribunal subraya que era “inconveniente” hacer públicos esos correos dada su naturaleza reservada; que las justificaciones ofrecidas (“imposición legal”, “información ultrasensible”) no convencen ni al más ingenuo y que los hechos permiten sostener racionalmente una acusación firme por revelación ilícita y manejo indebido de información confidencial.
Consecuencias políticas e institucionales
Nunca antes un fiscal general había sido procesado por destruir pruebas siendo aún titular del cargo.
Las ramificaciones no son menores:
Principalmente, la Fiscalía queda gravemente tocada nunca antes su máximo responsable había llegado tan lejos en un proceso penal sin dimitir ni ser cesado. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aparece atado a una figura cada vez más insostenible, reavivando las críticas sobre politización y falta de transparencia. La oposición exige explicaciones urgentes mientras los principales diarios nacionales coinciden en calificar el episodio como un punto negro para Pedro Sánchez y su gabinete.
La nota informativa destinada a defenderse públicamente podría acabar siendo la prueba reina en su contra. Y todo ello bajo el telón político más convulso desde hace años.
Lo que queda por delante
El calendario judicial avanza inexorablemente. El instructor Ángel Hurtado dictará apertura formal del juicio oral tras el verano. Después, la Sala Segunda del Supremo celebrará previsiblemente la primera vista en septiembre o octubre.
Se esperan comparecencias públicas —y probablemente privadas— para decidir si García Ortiz sigue aferrado al cargo hasta ese momento o finalmente cede ante la presión política.
Para los aficionados a las paradojas jurídicas, este caso ofrece material inagotable:
