Otro más.
Y son ya un ciento.
La política española vive inmersa en una insólita fiebre por los títulos académicos.
Mientras la ciudadanía asiste con resignación —y, por qué no decirlo, cierta dosis de incredulidad— al desfile de currículums inflados, el caso de José Luis Quintana Álvarez, delegado del Gobierno en Extremadura, ha irrumpido en pleno verano para reavivar el eterno debate sobre la honestidad y el mérito real de quienes gestionan los destinos públicos.
Pocos cargos públicos pueden presumir de una carrera tan longeva en la política regional como Quintana.
Su llegada a la Delegación del Gobierno, allá por diciembre de 2023, fue celebrada entre promesas de transparencia y diálogo institucional. Sin embargo, esa imagen pulcra se ha visto empañada por la revelación de que lleva dos décadas presentándose como diplomado universitario sin haber concluido realmente sus estudios.
El episodio recuerda otros escándalos recientes: desde la dimisión fulminante del comisionado gubernamental para la DANA tras descubrirse su titulación ficticia, hasta la reciente tormenta mediática que ha salpicado a dirigentes tanto del PSOE como del PP. Pero lo de Quintana destaca por su perseverancia. Veinte años manteniendo una titulación que nunca llegó a rubricar en papel oficial merece, cuanto menos, una mención honorífica a la constancia… o quizá a la temeridad.
Los antecedentes: una epidemia transversal
El caso Quintana no es ni mucho menos aislado. En las últimas semanas se han destapado irregularidades similares entre socialistas como Manuel Borrego, secretario general del PSOE en Badajoz y alcalde de Valverde de Leganés, quien figuraba en documentos oficiales como “ingeniero químico” pese a no haber completado los créditos necesarios para obtener el título. A Borrego le faltan doce créditos para graduarse y, sin embargo, su hoja de servicios públicos sigue adornada con esa licenciatura inacabada. La situación ha generado un terremoto interno en el partido y ha reabierto heridas sobre la credibilidad y el doble rasero en la exigencia ética.
La lista no termina ahí: Pilar Bernabé (delegada del Gobierno en Valencia), Cristina Narbona (presidenta del PSOE) o Patxi López (expresidente del Congreso) han tenido que matizar —o directamente corregir— sus trayectorias académicas ante las dudas y rectificaciones forzadas por los medios y las redes sociales. Hasta el propio presidente Sánchez arrastra desde hace años polémicas sobre el plagio parcial de su tesis doctoral.
Las consecuencias: descrédito y desafección ciudadana
La reacción pública ante estos episodios oscila entre el hastío y la indignación. El problema no reside solo en el hecho puntual de engordar un currículum, sino en la erosión constante de la confianza ciudadana hacia las instituciones democráticas. No es extraño escuchar comentarios irónicos sobre “diplomados perpetuos” o “licenciaturas imaginarias”, mientras muchos ciudadanos recuerdan —con cierto escepticismo— los sacrificios personales que implica obtener un título universitario legítimo.
- La falta de consecuencias reales para quienes falsean su formación alimenta la sensación de impunidad.
- Las rectificaciones suelen llegar tarde y mal, cuando el daño reputacional ya está hecho.
- La revisión forzada de currículums se ha convertido casi en un género periodístico propio.
A nivel político, el PSOE extremeño intenta deslindar responsabilidades señalando que algunos casos son simples “errores administrativos”, mientras otros —los del adversario— serían “mentiras flagrantes”. Un ejercicio dialéctico que recuerda a los malabares propios del ilusionismo: lo que es falta grave para unos se convierte en simple desliz para otros.
¿Un fenómeno nacional?
España parece haberse abonado a una suerte de “feria nacional del título fantasma”. De norte a sur y de izquierda a derecha, los casos se multiplican:
- Políticos que añaden licenciaturas o másteres inexistentes.
- Cargos públicos que omiten asignaturas pendientes como si fueran detalles sin importancia.
- Biografías oficiales que se resisten a actualizarse pese a las evidencias periodísticas.
En este contexto, resulta difícil no ver cierto humor involuntario en algunas justificaciones ofrecidas por los protagonistas: desde atribuirlo todo a “mecanismos administrativos pendientes” hasta apelar al olvido o al “error informático”. No faltan incluso quienes exigen que no se “desentierren cosas de hace ocho años”, como si el tiempo obrara milagros sobre la verdad académica.
Curiosidades y datos llamativos
- En Extremadura, tanto el delegado gubernamental José Luis Quintana como el líder provincial Manuel Borrego han compartido partido… y afición por los títulos incompletos.
- El fenómeno no distingue siglas: populares y socialistas han sido cazados embelleciendo sus hojas de vida.
- El escándalo ha llevado a algunas instituciones a revisar urgentemente los perfiles públicos: más vale tarde que nunca.
- La ministra Diana Morant, encargada paradójicamente de velar por la calidad educativa, ha salido a justificar públicamente a compañeros señalados por falsificar titulaciones.
- La ironía popular ya circula en redes sociales: “En España hay más títulos fantasma que castillos medievales”.
