No se trata de un fenómeno inevitable, sino del resultado de años de políticas que han vaciado el medio rural, destruido el sector primario y abandonado la gestión forestal.
Mientras los titulares hablan de «emergencia climática», el verdadero incendio que devora a España tiene nombre y apellidos: desidia e incompetencia política.
Este verano ha convertido a la Península Ibérica en un polvorín, con más de 350.000 hectáreas calcinadas y miles de personas evacuadas, una tragedia que, lejos de resolverse con discursos grandilocuentes, pone en evidencia el mipe sectarismo ecologista de la Agenda 2030 y la incapacidad de quienes gestionan el país.
Las llamas avanzan sin piedad por Galicia, Castilla y León, Extremadura o Zamora, pero lo más abrasador no es el fuego sino la lentitud institucional y el abandono sistemático del medio rural.
Cuando las llamas bajen y vuelva el silencio mediático, muchos seguirán preguntando si realmente hay una emergencia climática… o si lo urgente es acabar con la emergencia política que deja arder a España cada verano.
💥 ÚLTIMA HORA 💥
Detenidos 27 cambios climáticos y otros 92 investigados por provocar incendios en España.
Aquí un cambio climático en plena acción 👇🏻 pic.twitter.com/K8573d6Tif— 𝗗𝗘𝗦𝗖𝗢𝗡𝗢𝗖𝗜𝗗𝗢 (@J_V_Madrid) August 17, 2025
La emergencia climática, ¿realidad o excusa?
El Gobierno presidido por Pedro Sánchez insiste en colocar la «emergencia climática» en el centro del debate político. Ha anunciado un gran pacto nacional y prometido recursos para la reconstrucción de zonas afectadas. Sin embargo, entre los fuegos cruzados de las administraciones, lo que arde es la credibilidad del Ejecutivo. El propio Sánchez ha admitido la necesidad de dejar fuera la lucha partidista y actuar en base a evidencia científica, pero hasta septiembre no se esperan las bases concretas de ese pacto. La pregunta que muchos se hacen es si esta llamada a la unidad no es más que un gesto político para tapar años de inacción y falta de prevención.
Lo cierto es que todas las administraciones tienen su cuota de responsabilidad, pero al frente de ellas está el Gobierno central. Las comunidades autónomas, principales competentes en materia forestal, llevan tres años esperando directrices comunes para los planes contra incendios, mientras el Ministerio del Interior se ha demorado en coordinar medios estatales y europeos. El resultado: un círculo vicioso de menos prevención, más incendios, gasto desorbitado en extinción y una deuda pública creciente que deja menos recursos para prevenir futuras catástrofes.
El medio rural: víctima del abandono
La hecatombe forestal no es únicamente culpa del clima. La asfixia del medio rural por políticas sectarias —que ignoran su papel clave en la prevención— agrava el problema. El abandono de labores tradicionales como el pastoreo o la limpieza forestal deja los montes convertidos en polvorines listos para encenderse al menor descuido. Las subvenciones prometidas nunca llegan a tiempo y los habitantes rurales ven cómo sus necesidades quedan relegadas a un segundo plano tras cada rueda de prensa ministerial.
- Los incendios se multiplican donde antes había actividad agrícola o ganadera.
- La despoblación rural impide mantener cortafuegos naturales.
- Las ayudas estatales llegan tarde o se pierden entre trámites burocráticos.
En este contexto, los fuegos no son solo cuestión de calor o sequía: son resultado directo del abandono administrativo y de una gestión cortoplacista que prioriza titulares sobre soluciones reales.
Reproches cruzados y responsabilidad compartida
La gestión de la crisis ha generado una auténtica guerra política. Mientras el PP acusa al Gobierno central de tardanza e inacción, desde Moncloa insisten en que han movilizado todos los recursos posibles desde el primer momento: más de 1.400 efectivos militares, 5.000 agentes de Guardia Civil y decenas de medios aéreos. Sin embargo, los reproches sobre la falta de planificación preventiva y los retrasos en solicitar apoyos internacionales han sido constantes.
Por si fuera poco, partidos como VOX denuncian el «bipartidismo pirómano» que aprueba leyes permisivas con la destrucción del territorio nacional. Según sus portavoces, tanto PP como PSOE han creado las condiciones para que España arda año tras año, enfrascados en disputas sobre competencias mientras los ciudadanos sufren las consecuencias.
¿Qué dicen los expertos?
Organizaciones como WWF o científicos del CSIC exigen blindar las políticas climáticas frente a vaivenes políticos y dotarlas de financiación estable. Reclaman una visión estratégica basada en prevención y consenso social real, no solo promesas vacías tras cada desastre. Sin embargo, advierten que cualquier pacto debe incluir compromisos vinculantes y rendición de cuentas efectiva para evitar que se convierta en otro documento olvidado en algún cajón del Congreso.
Un círculo vicioso difícil de romper
La dinámica es clara:
- Falta de prevención por abandono rural y falta de directrices estatales.
- Incendios devastadores cada verano.
- Gasto público disparado en extinción.
- Menos recursos disponibles para prevenir al año siguiente.
- Deuda pública creciente.
Este modelo condena a España a repetir cada temporada el mismo drama sin atacar las raíces del problema: políticas erráticas, gestión fragmentada e incapacidad para coordinar esfuerzos entre Estado y comunidades autónomas.
Curiosidades sobre el caso
- En algunos municipios gallegos se han utilizado drones para vigilar zonas incendiadas… pero sin personal suficiente para interpretar los datos recogidos.
- El documento político sobre emergencia climática firmado por once partidos (excepto VOX) lleva meses olvidado pese a ser presentado como gran avance institucional.
- La Unidad Militar de Emergencias (UME) dispone desde 2025 de sensores inteligentes desarrollados por el CSIC… aunque solo funcionan correctamente en un tercio del territorio por falta de cobertura.
- En Zamora se han reportado más solicitudes burocráticas para ayudas post-incendio que solicitudes previas para trabajos preventivos durante todo 2024.
- Cada hectárea calcinada supone unas pérdidas estimadas entre 35.000 y 50.000 euros según datos recientes del sector asegurador agrícola.
