La tarde del 7 de mayo en Madrid fue todo menos ordinaria para el fiscal Ignacio Stampa. En el despacho de Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, tuvo lugar una reunión que se extendió por más de tres horas y que ha sacudido las bases de la relación entre el Gobierno y la Justicia. Allí se dieron cita Leire Díez, exmilitante socialista que ha sido señalada como la supuesta ‘fontanera’ del PSOE, junto al empresario Javier Pérez Dolset. Aunque el fiscal esperaba a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del partido, fue Díez quien le comunicó que era “la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto”.
La reunión no fue casual. En ese momento, había estallado el escándalo relacionado con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y sobrevolaba la sospecha de una orden directa para “limpiar sin límite”, tal como relataron Pérez Dolset y Díez al fiscal. El encuentro fue incluido en el sumario judicial y en él, Stampa afirma que ambos insinuaron que Pedro Sánchez había dado instrucciones precisas para revertir la situación judicial, “caiga quien caiga”.
Durante ese encuentro, tanto Díez como Pérez Dolset mostraron un interés notable por obtener información sobre posibles irregularidades en los informes policiales y en la Fiscalía Anticorrupción, especialmente en lo que respecta a Alejandro Luzón, el jefe de la Fiscalía y figura central en el caso Koldo, así como en otras investigaciones delicadas para el Ejecutivo. Según Stampa, le formularon repetidamente preguntas veladas pero insistentes sobre datos comprometedores relacionados con Luzón, el fiscal José Grinda y el magistrado Manuel García Castellón. Aunque las preguntas no fueron directas, la presión fue palpable y culminó en una denuncia formal por presunto tráfico de influencias y cohecho.
El encuentro parecía sacado de una película política: Díez se presentó como emisaria del PSOE, subrayando su intención de informar a Cerdán sobre los resultados de esa conversación. A pesar de que tanto ella como Pérez Dolset han negado haber actuado en nombre del partido, las grabaciones y testimonios presentados por Stampa y Grinda sugieren un panorama diferente. La Fiscalía considera que la “tarjeta de visita” de Díez, apelando a “altas instancias del Estado”, resultó crucial para intentar obtener información contra los fiscales y la UCO, unidad policial encargada de investigar los casos más sensibles.
Imputaciones, audios y la guerra política
El juez Arturo Zamarriego, encargado del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, ha iniciado diligencias contra Díez y Pérez Dolset, citándolos a declarar como imputados el próximo 11 de noviembre. El caso se ha complicado aún más tras la aparición de audios donde Díez ofrecía favores a cambio de información sobre funcionarios y miembros de la Guardia Civil; esta situación ha llevado a nuevas denuncias por parte de la asociación Hazte Oír.
La trama incluye una promesa por parte de interceder a favor de Stampa ante la Fiscalía e incluso restituirle en su antiguo puesto como encargado del ‘caso Villarejo’, siempre que colaborara en conseguir datos. Según su relato, el fiscal no cedió ante las peticiones y comunicó a sus superiores lo ocurrido. Así, el juez investiga si realmente existió un plan coordinado para mejorar la imagen de Sánchez y neutralizar las pesquisas que afectan al Gobierno y su entorno.
El papel de Alejandro Luzón y las tensiones en Anticorrupción
Las maniobras para obtener información sobre Alejandro Luzón han evidenciado las tensiones internas dentro de la Fiscalía Anticorrupción. Luzón está al frente de investigaciones que han salpicado a exministros y altos cargos del PSOE, entre ellos al propio José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. En los últimos meses, la presión sobre los altos mandos fiscales ha ido creciendo, especialmente tras aprobarse la ley de amnistía y intensificarse la confrontación entre Gobierno y lo que algunos dirigentes socialistas denominan “la derecha judicial”, sectores críticos con el poder judicial.
El caso Leire Díez ha puesto en evidencia un clima cargado de sospechas así como las estrategias utilizadas para presionar sobre grandes sumarios relacionados con corrupción o tráfico de influencias. La Fiscalía ha resaltado cómo Díez logró credibilidad en su papel como ‘fontanera’, gracias a su aparente respaldo por figuras políticas relevantes.
