Los rumores en los pasillos de la política madrileña suelen volar más rápido que los ascensores.
Sin embargo, lo que se está cocinando ahora no es un simple chisme: Judit González, quien hasta ahora había mantenido un perfil bajo como secretaria general de Presidencia, se ha convertido en el nuevo foco de atención en el caso Begoña Gómez.
El juez Juan Carlos Peinado la ha citado como investigada por malversación de fondos públicos, una acusación que la coloca al mismo nivel que su predecesor, Francisco Martín, y la sitúa en el núcleo de una trama que ha comenzado a tambalear los cimientos del Gobierno.
El auto judicial, fechado el 5 de noviembre, no solo desestima archivar la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sino que también amplía el grupo de investigados y apunta directamente al corazón del aparato gubernamental.
En tan solo 44 páginas, Peinado ha dado un giro inesperado al procedimiento y ha solicitado una serie de diligencias que incluyen una revisión exhaustiva de las agendas, viajes y comunicaciones tanto de Gómez como de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.
Y en el Gobierno Sánchez pasan de «tranquilos» a «muy preocupados» por la imputación de la secretaria general del departamento en el que trabaja la empleada que envió correos en nombre de Begoña y que la acompañaba a reuniones con la UCM.
¿Quién es Judit González y por qué está en el punto de mira?
Poco conocida fuera del círculo del poder, Judit González había alcanzado el tercer puesto más relevante dentro de Moncloa gracias a la confianza depositada en ella por figuras como Óscar López.
Su ascenso fue acompañado de elogios por su gestión y su perfil técnico; no obstante, su nombre ahora figura en una investigación que abarca desde malversación hasta sospechas sobre el uso indebido de recursos públicos para fines privados, específicamente para promocionar actividades relacionadas con la cátedra universitaria de Begoña Gómez.
El juez argumenta que González, al ocupar el mismo cargo que sus antecesores y supervisar los servicios para altos cargos, debe rendir cuentas sobre las acciones de la asesora Cristina Álvarez, quien supuestamente realizó gestiones privadas para la esposa del presidente mientras estaba a sueldo del Estado.
La instrucción investiga posibles desvíos de fondos y el uso indebido de recursos oficiales —incluyendo viajes y dietas— para actividades ajenas a sus funciones públicas.
Una trama con más protagonistas de los previstos
La investigación comenzó enfocándose en la relación entre Begoña Gómez y ciertos empresarios vinculados a la Universidad Complutense de Madrid, pero rápidamente se ha expandido para incluir a varios altos cargos. No solo están bajo sospecha González y Francisco Martín; también están implicados el delegado del Gobierno en Madrid y Cristina Álvarez. A pesar de las presiones y los intentos defensivos por cerrar el caso, el magistrado ha decidido no archivar la causa.
Entre las diligencias solicitadas se encuentran peticiones para revisar agendas, órdenes de servicio, justificantes de pagos y desplazamientos, así como correos electrónicos intercambiados entre los implicados. Se prestará especial atención a los viajes financiados con fondos públicos. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil será responsable del análisis para determinar si esos movimientos estaban relacionados con intereses personales o profesionales de la esposa del presidente o si se trataban realmente de actividades oficiales legítimas.
El papel de la asesora y los viajes de promoción
Uno de los puntos más delicados dentro del caso es el papel desempeñado por Cristina Álvarez, asesora cercana a Gómez en Moncloa. Ella acompañó a la esposa del presidente en múltiples desplazamientos destinados a promover negocios vinculados con la Universidad Complutense. Se investiga si estos viajes fueron pagados con dinero público y si realmente beneficiaron intereses particulares más que tareas oficiales.
La Guardia Civil examinará:
- Autorizaciones para desplazamientos.
- Facturas y liquidaciones correspondientes.
- Justificantes relacionados con dietas y representación.
- Uso indebido de vehículos oficiales.
El propósito es esclarecer si se ha producido una “desviación” en el uso de recursos públicos hacia beneficios privados, lo cual podría agravar las imputaciones tanto para Cristina Álvarez como para Judit González, quien tiene bajo su responsabilidad la supervisión sobre estos recursos.
Un premio con polémica y el debate sobre los méritos
El ascenso hacia secretaria general de Presidencia fue presentado inicialmente como un reconocimiento a su “impecable trayectoria” y méritos en gestión dentro del entorno gubernamental. Sin embargo, ahora las sombras sobre su imputación han opacado esta narrativa oficial.
Dentro del ámbito político han surgido voces críticas que interpretan este “premio” como una estrategia para resguardar a un perfil clave dentro del Gobierno justo cuando las investigaciones judiciales parecen intensificarse. Algunos analistas sugieren que mantener a González en un puesto tan destacado pese a las sospechas responde a una necesidad urgente: proteger a la cúpula gubernamental ante posibles responsabilidades tanto políticas como penales.
El precedente de Francisco Martín y el efecto dominó
El caso relacionado con Francisco Martín, también imputado por malversación dentro del mismo proceso judicial, demuestra que desde hace meses se están revisando minuciosamente los asuntos relacionados con los recursos en Presidencia. La investigación busca no solo esclarecer irregularidades actuales sino también examinar cómo actuaron quienes ocuparon ese cargo anteriormente. Todo ello con el objetivo final de determinar si existía una práctica sistemática relacionada con desvíos financieros.
Consecuencias políticas y jurídicas: incertidumbre en el horizonte
La citación programada para González el próximo 12 de noviembre se siente como otro capítulo más dentro del largo camino lleno sobresaltos que vive Moncloa. A corto plazo, es evidente que habrá repercusiones políticas: la oposición ha intensificado sus críticas respecto al manejo dado a los recursos públicos y exige explicaciones al presidente sobre esta deriva judicial.
En términos judiciales, Peinado ha decidido mantener este caso bajo jurisdicción del tribunal jurado mientras prorroga las investigaciones hasta abril de 2026. Esto anticipa un proceso prolongado con nuevas comparecencias e incluso posibles nuevas imputaciones. Las sombras relacionadas con malversación, tráfico de influencias o corrupción siguen planeando sobre lo más alto del Ejecutivo mientras avanza esta investigación sin prisa pero sin pausa.
Curiosidades y datos para no perderse en la maraña judicial
- La Universidad Complutense estima al menos 100.000 euros como perjuicio causado por supuesta apropiación indebida vinculada a la cátedra dirigida por Begoña Gómez.
- El juez Peinado ha solicitado hasta nueve testimonios clave para las próximas semanas; entre ellos figuran responsables universitarios y empresarios involucrados.
- La investigación requiere revisar decenas tanto correos electrónicos como desplazamientos; algunos tan triviales como visitas para promocionar software e incluso otros más comprometedores donde se involucra a asesores realizando gestiones privadas durante horas laborales.
- No es inédito ver al entorno presidencial envuelto en investigaciones judiciales; sin embargo, esta es la primera vez que un círculo tan cercano al presidente incluye tanto a su esposa como a una figura tan relevante dentro del gabinete.
En los corrillos políticos ya comienza a especularse si este caso será recordado por sus consecuencias legales o por anécdotas relacionadas con viajes financiados por contribuyentes. Lo único cierto es que este otoño promete ser mucho más ardiente dentro Moncloa de lo esperado.
