A cuatro patas.
Asñi ahora el marido de Begoña ante el go9lpista catalán.
En un ejercicio de humillación política que carece de comparación en la historia reciente del Gobierno español, Pedro Sánchez se ha presentado este martes ante los medios catalanes como un presidente acorralado.
Dispuesto a aceptar culpas que no le corresponden del todo, ha condicionado la gobernanza de una comunidad autónoma a los caprichos de un político que se encuentra fugado de la justicia.
Las dos entrevistas ofrecidas en apenas una hora —en RAC1 y en el programa «Cafè d’idees» del canal catalán de TVE— han sido una orquestación meticulosamente planificada para enviar un mensaje claro: el Gobierno está dispuesto a someterse a Junts per Catalunya y su líder Carles Puigdemont con tal de mantener viva una legislatura que se encuentra al borde del colapso.
Lo más sorprendente de esta comparecencia ha sido el drástico giro en el discurso del presidente socialista. Hace solo unas semanas, el Ejecutivo afirmaba con firmeza que cumplía con sus compromisos adquiridos en el acuerdo de investidura de Bruselas en noviembre de 2023.
Sin embargo, ahora Sánchez asume sin reservas los «incumplimientos y retrasos» que la formación independentista ha denunciado abiertamente.
«Asumo los incumplimientos, asumo los retrasos que efectivamente ha criticado Junts per Catalunya», ha repetido el presidente en múltiples ocasiones, como si fuera un mantra destinado a calmar a los independentistas.
Este cambio no responde a una transformación ideológica, sino a la clara realidad: sin los siete votos de Junts en el Congreso, el Gobierno carece de capacidad para hacer avanzar sus iniciativas legislativas, incluyendo los Presupuestos Generales del Estado para 2026.
El amo del Parlamento llama, el Gobierno responde
La ruptura entre el PSOE y Junts hace solo unas semanas había dejado la legislatura sumida en una parálisis casi total. Los independentistas catalanes, cansados de lo que consideraban promesas incumplidas, decidieron aliarse con PP y Vox para tumbar la senda de estabilidad presupuestaria; un desafío abierto al Ejecutivo socialista.
Desde ese momento, la administración Sánchez ha estado buscando desesperadamente cómo reconducir una situación que amenazaba con desembocar en elecciones anticipadas, algo que el presidente quiere evitar a toda costa. Las medidas anunciadas este martes por el Consejo de Ministros son precisamente eso: un intento de comprar voluntades mediante concesiones económicas y políticas que evidencian quién tiene realmente el poder en esta legislatura.
El paquete aprobado incluye medidas diversas como la flexibilización de inversiones financieramente sostenibles para municipios y diputaciones, la ampliación de plazos para digitalizar procesos de facturación en empresas —una demanda del empresariado catalán—, y la entrega a la Generalitat del control sobre secretarios e interventores municipales.
Además, el Gobierno se ha comprometido a publicar las balanzas fiscales de Cataluña, una solicitud histórica de los independentistas que permite visibilizar la relación económica entre la región y el Estado central. Otras iniciativas como la ley contra multirreincidentes o la protección a propietarios frente a impagos se materializarán en próximos consejos ministeriales. En definitiva, es un catálogo de concesiones que el Ejecutivo esperaba negociar con más orden pero que ahora debe desplegar apresuradamente ante el riesgo inminente de colapso legislativo.
Lo realmente revelador es que estas medidas ya habían sido acordadas previamente entre PSOE y Junts, algunas incluso hace diez meses.
Sin embargo, el Gobierno no había logrado implementarlas con la rapidez y contundencia exigidas por los independentistas. Esta falta de eficacia ejecutiva —ya sea por falta real de voluntad política o por complicaciones administrativas en áreas ajenas al control directo del Ejecutivo central— ha ido erosionando progresivamente las relaciones entre ambos partidos. Sánchez ha intentado justificar estos retrasos argumentando que ciertos asuntos escapan a su control directo, pero tales explicaciones han caído en saco roto ante unos independentistas que consideran al Gobierno poco fiable.
La vuelta del prófugo como condición para gobernar
Quizás lo más sorprendente entre las declaraciones presidenciales sea su afirmación sobre la ausencia total de «normalidad» en Cataluña hasta que Carles Puigdemont pueda regresar a España y ejercer plenamente sus derechos políticos. Sánchez incluso ha asegurado que esa fotografía junto al expresidente catalán «se producirá», aunque reconoció que hasta ahora «no se ha dado la oportunidad» para reunirse.
El presidente ha negado haber mantenido contacto telefónico con Puigdemont durante los últimos años, atribuyendo esta falta de comunicación a que «no ha habido oportunidad», una explicación bastante ingenua viniendo del jefe del Ejecutivo español.
Lo cierto es que lo que Sánchez está haciendo —aunque lo disimule bajo un lenguaje sobre normalización política y resolución pacífica— es condicionar la capacidad gubernamental del Estado a las circunstancias personales de un político fugado enfrentándose a la justicia. Esto sienta un precedente peligrosísimo que socava las bases mismas del Estado de Derecho. Un presidente que declara públicamente que la normalidad política depende del regreso legalmente cuestionable de alguien está admitiendo implícitamente que su Gobierno está bajo tutela externa.
La amnistía como pasaporte político
El presidente ha reiterado que «estamos en la fase final» para aplicar completamente la Ley de Amnistía, permitiendo así el regreso sin consecuencias legales para Puigdemont. Ha mencionado específicamente cómo esta ley debe ser validada por el Tribunal Constitucional y por el Abogado General del Tribunal Europeo como pasos necesarios para facilitar ese retorno. No obstante, hay que señalar que los procesos judiciales aún están activos y aunque dicha amnistía fue aprobada, enfrenta interpretaciones complejas complicando su aplicación al caso específico de Puigdemont.
En esencia, lo que está haciendo Sánchez es convertir esta amnistía en una herramienta política dentro del juego parlamentario. Una ley presentada como instrumento para lograr reconciliación nacional se transforma ahora en medio político: «Si se aplica completamente la amnistía, Puigdemont regresa; si vuelve él, habrá normalidad; si hay normalidad, entonces Junts seguirá apoyando al Gobierno». Es una lógica circular donde el Ejecutivo acaba siendo rehén tanto de sus propias leyes como también del tiempo judicial.
La supervivencia como único horizonte
Es fundamental entender detrás todos estos guiños políticos no hay una estrategia sólida ni bien pensada; simplemente refleja la desesperación palpable dentro del Gobierno ante una legislatura cada vez más agotada sin haber logrado aprobar sus Presupuestos Generales del Estado. Sánchez insiste en presentar esos presupuestos y asegura no renunciará a intentar conseguir su aprobación; sin embargo, sin contar con apoyo tanto de Junts como posiblemente también desde Esquerra Republicana, esa tarea parece casi imposible. El presidente reconoce abiertamente que su diálogo con Junts está «totalmente roto», pero espera estas medidas actúen como puente para «reiniciar ese diálogo» pronto.
Lo cierto es lo siguiente: el Gobierno busca ganar tiempo hasta las vacaciones navideñas y luego hasta enero cuando el Congreso entra en receso legislativo. La esperanza es que durante ese paréntesis las aguas se calmen lo suficiente como para retomar negociaciones desde un lugar menos deteriorado hacia febrero. Sin embargo, esta estrategia pasiva revela debilidad inherente; un presidente necesita esperar hasta agotar plazos antes recuperar cierta iniciativa política no puede alegar estar gobernando desde una posición fuerte.
Paralelamente, guiños hacia ERC
Mientras tanto, mientras Sánchez se doblega ante Junts, también mantiene abierta otra vía negociadora con Esquerra Republicana, quien controla actualmente la Generalitat. El presidente reafirma su compromiso respecto a financiar singularmente Cataluña; este acuerdo alcanzado hace meses permitiría retener casi todo IRPF recaudado localmente por parte autonómica. No obstante admite también esta medida tomará tiempo implementarla lo cual indica tampoco aquí existen soluciones inmediatas disponibles. Así intenta mantener vivas todas sus opciones sabiendo plenamente cada voto cuenta enormemente dentro actual Congreso fragmentado donde carece mayoría propia.
Resulta irónico ver cómo aprovechó estas entrevistas para desmentir categóricamente las acusaciones lanzadas por el exsecretario general del PSOE , José Luis Ábalos, actualmente bajo prisión preventiva por corrupción . Aunque rechaza cualquier insinuación sobre chantajes o amenazas , mientras intenta limpiar imagen ante catalanes , sombra escándalos corrupción acecha constantemente sus pasos . Comparar cómo trata independentistas catalanes frente problemas internos partido propio muestra cierta incoherencia prioritaria .
El precio por sobrevivir legislativamente
Lo acontecido actualmente dentro panorama político español ejemplifica perfectamente funcionamiento Parlamento fragmentado carente mayorías claras . Un presidente sin respaldo suficiente debe negociar cada iniciativa individualmente ; esto equivale pérdida gradual capacidad ejecutiva . Para llegar aquí , prácticamente cualquier medida requiere aprobación terceros ; caso particular Cataluña involucra principalmente actores como Junts o ERC quienes poseen agendas propias muchas veces opuestas intereses centrales .
El dilema clásico enfrentando actualmente reside entre gobernar débilmente hasta final mandato o convocar elecciones anticipadas esperando resultado favorable . Indicadores sugieren elección hecha consiste opción primera aunque implique erosión continua autoridad política . Medidas anunciadas este martes representan esfuerzo comprar tiempo mediante concesiones costosas políticamente pero menos gravosas incertidumbre elecciones anticipadas .
Datos curiosos sobre negociación
Un detalle llamativo radica acuerdo alcanzado durante investidura celebrada en Bruselas noviembre 2023 presentado inicialmente como hito histórico negociación política . Dos años después mismo acuerdo sirve justificación explicando incumplimientos gubernamentales . Ironía reside hecho dicho pacto no solo fue investidura sino también descrito “gran oportunidad resolver conflicto largo plazo” según palabras propias Sánchez . Realidad indica conflicto no solo persiste sino profundiza ; ahora presidentes deben reconocer incapacidad cumplir compromisos asumidos durante ese mismo pacto .
Otro dato revelador implica sugerencia hecha por Sánchez afirmando si PP junto Junts lograran entendimiento futuro demostraría éxito normalización política Cataluña . Afirmación cínica porque implicaría éxito gestión medido marginación propia poder . Un mandatario esperando rivales políticos lleguen acuerdos demuestra haber perdido esperanza recuperar iniciativa .
