Lo tenía mal y se le ha puesto fatal.
Las encuestas ya venían anunciando desde hace meses un desplome muy serio para María Jesús Montero en Andalucía, con todos los sondeos reflejando una tendencia irreversible a la baja que ponía en jaque su liderazgo y el del PSOE andaluz.
El desgaste bajo el efecto combinado de corrupción, puterío y escadalos sexuales, la desconexión con el sentir mayoritario de la región y la percepción de que priorizaba la agenda madrileña sobre los intereses andaluces ya habían erosionado gravemente su imagen.
La puntilla definitiva ha llegado con su financiación sanchista descarada a favor de los separatistas catalanes —cediendo recursos millonarios y privilegios fiscales a Cataluña— mientras Andalucía seguía recibiendo migajas y siendo tratada como región de segunda. Ese agravio comparativo, que muchos andaluces viven como una traición explícita, ha terminado de romper el último hilo de credibilidad que le quedaba a Montero en su propia tierra.
María Jesús Montero, conocida como Chiqui en los pasillos políticos, anhelaba salir victoriosa de dos frentes: como mano derecha de Pedro Sánchez en Hacienda y como candidata del PSOE a liderar la Junta de Andalucía.
Sin embargo, el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 14 de enero de 2026 la ha devuelto a la realidad.
Su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, presentada con gran pompa, ha sido desechada por casi todas las comunidades, salvo Cataluña. Ni siquiera Asturias, bajo gobierno socialista, se ha alineado con ella. Montero se encuentra sola con un plan que parece haber sido diseñado en complicidad con Esquerra Republicana, lo que socava la narrativa oficial de un sistema «para todos».
El encuentro celebrado en Madrid, bajo la presidencia de Montero, pretendía detallar una reforma que promete 20.975 millones adicionales para 2027, alcanzando un total de 224.507 millones para las autonomías del régimen común. La mayor parte, alrededor de 16.000 millones, provendría del aumento en la cesión del IRPF (del 50% al 55%) y del IVA (al 56,5%), además de cuatro nuevos impuestos que incluirían el del patrimonio y depósitos bancarios.
El resto sería aportado por el Estado a través de nivelación vertical, con 19.000 millones destinados a equilibrar a las regiones menos favorecidas frente a Madrid, que es la mejor parada en términos relativos. También se contempla un fondo climático de 1.000 millones, con dos tercios destinados al litoral mediterráneo, y garantías para que nadie pierda recursos iniciales, favoreciendo especialmente a Cantabria y Extremadura, que recibirían 400 millones adicionales del Gobierno central.
Sin embargo, la propaganda ministerial se derrumbó ante los consejeros autonómicos. Montero defendió un modelo «voluntario», tal como ya permitía la ley de 2009: las comunidades pueden optar por permanecer en el sistema anterior y renunciar al aumento propuesto. Anunció reuniones bilaterales inminentes para «escuchar y negociar», pero el rechazo fue contundente. Comunidades gobernadas por el PP como Madrid, Andalucía o Castilla y León lo calificaron de «chantaje» y «traje a medida para Cataluña«, que recibiría 4.700 millones adicionales, solo superada por Andalucía (con aproximadamente 5.000 millones). Pero incluso socialistas como los gobiernos de Asturias y Valencia (con pacto PSOE-Compromís) criticaron su propuesta. «Decepción total; no ha satisfecho a nadie excepto a Cataluña«, resumió un consejero.
El principio de ordinalidad, el talón de Aquiles del pacto Sánchez-Junqueras
Aquí entra en juego el meollo del asunto: el principio de ordinalidad, exigido por ERC en su acuerdo con Sánchez para su investidura en 2023. Este criterio, que no estaba presente en el modelo anterior de 2009, obliga a financiar las autonomías según su necesidad: primero va Cataluña, luego le siguen Valencia, Andalucía, Aragón, Galicia, hasta llegar a Madrid al final. En el CPFF, Montero lo negó: «No está recogido como tal», insistió, alegando que el nuevo sistema reduce la brecha per cápita desde los 1.500 hasta los 477 euros antes del statu quo. Sin embargo, expertos como Ángel de la Fuente de Fedea consideran evidente que los mecanismos adicionales —como el fondo climático o el IVA para pymes— reintroducen arbitrariedad y benefician desproporcionadamente a Cataluña, que junto con Andalucía acumula casi la mitad de los 21.000 millones extra.
Para ilustrar cómo se distribuyen los grandes bloques según lo propuesto por Hacienda:
| Bloque de financiación | Recursos extra (millones € en 2027) | Principales beneficiadas |
|---|---|---|
| Población ajustada (despoblación, envejecimiento) | ~5.000 | Regiones rurales como Aragón, Castilla-La Mancha |
| Capacidad tributaria (más cesión IRPF/IVA) | 16.000 | Todas, pero más beneficiadas son Cataluña y Andalucía |
| Nivelación vertical (acercar a Madrid) | 19.000 | Peores financiadas: Valencia, Murcia, Extremadura |
| Fondo climático | 1.000 (2/3 mediterráneo) | Beneficiadas son: Cataluña, Valencia, y las Baleares |
| Statu quo y FCI | 3.700 | Especialmente para: Cantabria, Extremadura, regiones bajo statu quo |
Datos extraídos directamente de la presentación realizada por Montero.
El fiasco tiene dos caras para esta figura política conocida como «Chiqui Montero«. En su papel como ministra, su credibilidad se desploma: desde el PP exigen vincularlo a vivienda pública tal como propuso Feijóo; mientras tanto las autonomías socialistas optan por dejarla sola ante este desafío. «Todas menos Cataluña rechazan este modelo», titulan algunos medios tras la reunión celebrada recientemente. Peor aún es su situación como candidata andaluza: este nuevo sistema podría perjudicar a la región a largo plazo según analistas; prioriza un pacto con Junqueras sobre las necesidades locales reales. Aunque Andalucía recibe un incremento absoluto (cerca de cinco mil millones), pierde en términos efectivos frente a Madrid; allí se aporta más pero se recibe menos proporcionalmente hablando. En medio del inminente proceso electoral andaluz, Montero parece haberse inmolado ante una pira construida por ella misma: prometió mejorar todas las regiones pero tanto Cantabria como Extremadura no verán ni un euro adicional sin ese statu quo; además Madrid solo obtendrá unos míseros dos mil quinientos millones pese a su peso demográfico.
Propaganda desmontada y soledad socialista
La reunión del CPFF ha dejado claro que la narrativa oficial es insostenible. Aunque Montero presumió sobre «solidaridad interterritorial» y «suficiencia financiera», más del setenta por ciento del dinero extra (15 mil millones) iría destinado a comunidades gobernadas por el PP. Los números muestran ganadoras claras: tanto Cataluña como Andalucía acaparan casi la mitad del pastel mientras Madrid queda relegada al final. Asturias ha decidido no respaldar este plan debido al temor sobre la pérdida relativa; otras comunidades como Galicia o Castilla y León consideran este enfoque un «disparo en el pie» justo antes del periodo electoral venidero. Aunque el modelo incluye novedades atractivas —como una caja común para agilizar pagos o una mayor cesión del IVA para pymes— sus críticos lo tildan ya abiertamente como una «trampa fiscal» diseñada desde Moncloa para calmar a los independentistas sin contar con un cupo vasco específico.
Imaginemos una escena irónica: Chiqui llega al CPFF luciendo su mejor sonrisa; promete oro y diamantes pero sale únicamente recibiendo aplausos desde Cataluña. ¿Humor negro? Casi lo parece; cada palabra pronunciada genera risas nerviosas entre las autonomías presentes: «Más recursos para todos pero primero Cataluña», parecen leer entre líneas sus palabras cargadas de intención política. El proceso continúa: habrá reuniones técnicas antes de llevarlo al Congreso donde el PSOE necesitará apoyos diversos; sin embargo este rechazo inicial complica enormemente cualquier avance real.
En Andalucía, su bastión electoral tradicionalmente consolidado parece volverse contra ella; aunque gana absoluto también es verdad que ese principio ordinal le condena al segundo puesto tras Cataluña lo cual irrita profundamente a votantes socialistas locales allí presentes.
